La entidad impuso medidas cautelares sobre 39 bienes de Raimundo Duarte, que están avaluados en más de 56.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación (FGN) impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 39 bienes de Raimundo Duarte Díaz, exconcejal de Piedecuesta (Santander), investigado por presuntamente haber participado en una red que lavaba activos para el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ente acusador, en conjunto con la Dijín de la Policía Nacional de Piedecuesta, ocuparon las siguientes propiedades: 12 inmuebles rurales, 14 urbanos, 12 vehículos y una retroexcavadora. Estos bienes, que integrarían una sociedad de transporte de carga y de pasajeros, están avaluados en más de 56.000 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, la compra de los bienes por parte de Duarte Díaz, que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2016, tenía como objetivo evitar que diversas sumas de dinero de un exintegrante del ELN fueran detectadas. Se trata de Yamit Picón, alias La Concha, uno de los cabecillas del Frente de Guerra Nororiental del ELN que hace presencia en Norte de Santander, Santander, Cesar y otros departamentos de la Costa Atlántica.
Picón fue capturado en Piedecuesta en septiembre de 2020 y fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2021. Sin embargo, en mayo de 2023 El Tiempo informó que el exguerrillero fue devuelto a Colombia por decisión de la justicia norteamericana, pues esta habría desestimado la participación total de alias La Concha en actividades de narcotráfico; su hermano también estaría implicado. En consecuencia, fue enviado a una inspección de policía de la localidad de Los Mártires en Bogotá.
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Yamit Picón Rodríguez, señalado cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, fue extraditado a Estados Unidos en 2021, pero volvió a Colombia en mayo de 2023. REUTERS/Luisa González
Así las cosas, de acuerdo con el ente acusador, el exconcejal Duarte Díaz habría tratado de ocultar dineros de Yamit Picón, pero no habría actuado solo. Los hermanos Laura Bibiana y Víctor Daniel Claro Bonilla también estarían involucrados en la red de lavado de activos.
“La investigación adelantada por el ente investigador permitió establecer que, mediante la referida sociedad familiar, el dirigente político habría lavado cerca de 1.705 millones de pesos provenientes de actividades narcotraficantes. Estas acciones habrían incrementado injustificadamente el patrimonio de Duarte Díaz en más de 5.741 millones de pesos, entre 2019 y 2020″, explicó la Fiscalía.
Ahora, los bienes ocupados están a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que se encargará de administrarlos.
La situación jurídica de Raimundo Duarte Díaz
La FGN capturó en septiembre de 2022 al exconcejal de Piedecuesta y a los hermanos Claro Bonilla. Durante esta diligencia, fueron incautados más de 187 millones de pesos en efectivo y una camioneta de gama alta.
Luego, ante un juez de control de garantías, Duarte Díaz fue imputado con cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Los otros dos presuntos integrantes fueron imputados con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además, a los tres se les ordenó permanecer en un centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones en su contra.
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Laura Bibiana y Víctor Daniel Claro Bonilla están en un centro carcelario cumpliendo una medida de aseguramiento. Foto: Fiscalía General de la Nación.
Sin embargo, el exconcejal quedó en libertad en diciembre de 2022 por decisión de un juez de control de garantías. Esto, según Semana, porque la defensa del exfuncionario habría aportado pruebas que demostraban que su patrimonio era legal.
“Pudimos comprobar durante el proceso judicial contra el concejal Duarte quela Fiscalía no tenía ninguna prueba contundente contra él. Demostramos que el concejal y su familia habían obtenido los recursos de forma legal”, explicó la defensa del concejal, según el medio citado.
A pesar de que se encuentra en libertad, el exconcejal sigue vinculado al proceso penal que se adelanta en su contra. Mientras tanto, los hermanos Claro Bonilla permanecen un centro carcelario esperando a que su situación jurídica sea resuelta.
