La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que imponga una fianza de medio millón de euros para el que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA Antonio Béjar González para eludir la prisión, después de que haya vuelto a declarar como investigado en el conocido caso Villarejo, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le ha citado a declarar este viernes, a las 10:00 horas, para continuar avanzando en la supuesta contratación durante una década que hizo la entidad financiera al excomisario Villarejo, en prisión provisional.
Parte de la declaración ha estado centrada en la supuesta orden que dio Distrito Castellana Norte, empresa que ahora preside Béjar, el pasado mes de junio para destruir documentación relacionada con los contratos entre Villarejo y el banco.
Las mismas fuentes consultadas han apuntado que Béjar ha asegurado que quiere colaborar con la instrucción, por lo que ha trasladado al juez García Castellón su intención de seguir declarando la semana que viene para aclarar toda su implicación en este asunto.
Aún así, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al término de la declaración que se fijen medidas cautelares contra el exdirectivo, como la libertad provisional bajo fianza de medio millón de euros, según han informado las fuentes consultadas.
Su declaración
Béjar ya declaró como investigado el pasado 4 de julio, cuando reconoció que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora en este departamento entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos. No obstante, incidió en que desconocía que la sociedad fuese propiedad del comisario jubilado, según fuentes conocedoras de esa declaración que fueron consultadas por Europa Press.
Sólo respondió a preguntas de su abogado y aseguró que no conocía personalmente a Villarejo y nunca habló con él mientras trabajó en el BBVA. Asimismo, recalcó que durante este tiempo que trabajó para la entidad financiera siempre actuó conforme a las normas legales y a los códigos internos del banco, que a su vez se ajustaban a una estricta legalidad.
El juez de la Audiencia Nacional investiga dentro del caso Tándem los servicios de espionaje encargados al grupo empresarial de Villarejo a partir de 2004 por parte del banco, grupo empresarial del comisario con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr, para frenar el desembarco de la constructora en el Consejo de Administración de BBVA. Según la investigación el excomisario habría percibido durante 13 años una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.
Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor que impute como persona jurídica al BBVA por los presuntos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares, decisión que aún está pendiente de conocerse.
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