La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales que entiende que cometió junto al resto de su familia, «al menos desde el año 1991», fruto del «favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana», en el caso al que da nombre.
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No obstante, la mayor pena solicitada por el ministerio público es para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para el que solicita un total de 29 años de cárcel por esos delitos más los de falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. A la que la fiscalía no menciona es a la esposa del expresidente catalán, Marta Ferrusola, que este mismo viernes quedó fuera del procedimiento por demencia sobrevenida. Es lógico que sea el hijo que debe enfrentarse a una mayor pena porque fue el designado por la familia para gestionar los fondos de Andorra y que se ocupara de distribuirlos entre el resto de la familia.
Según Anticorrupción, Jordi Pujol Soley acordó con su cónyuge que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus hijos, los también acusados Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank.
El acusado Jordi Pujol Soley aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC.
El patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años. Unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusol, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación.
Entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra, tal y como se relata detalladamente en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
