El Equipo Especial Lava Jato solicitó a la Segunda Sala de Apelaciones Especializada en Delitos de Crimen Organizado que se convoque a una nueva audiencia para evaluar pedido y la nulidad de la que se realizó, en la que no participaron.
Antilavadodedinero / RPP
El Equipo Especial Lava Jato solicitó a la Segunda Sala de Apelaciones Especializada en Delitos de Crimen Organizado anular la audiencia de este jueves en la que se dejó al voto la apelación a la prisión preventiva de Keiko Fujimori, la cual se realizó sin la participación de la Fiscalía.
El pedido busca que este tribunal, compuesto por los jueces Rómulo Carcausto, Sonia Torre y Édgar Medina, convoque a “una nueva audiencia donde deberán asegurar nuestra intervención en condiciones de igualdad procesal”.
Según un documento al que tuvo acceso RPP Noticias, el fiscal Hernán Mendoza, adjunto del fiscal superior Rafael Vela, apunta que la sala vulneró el principio de igualdad, debido a que no pudieron participar por no contar con la información necesaria para defender su posición.
La Fiscalía no concurrió a la sesión argumentando que para esto tenían que romper el aislamiento social obligatorio para revisar los documentos del caso y presentarlos ante los jueces, lo cual no estaba permitido para ellos, y porque se ponía en riesgo su salud.
«Igualdad de armas»
Previa a la realización de la sesión del viernes, la sala rechazó un pedido hecho por el fiscal Rafael Vela para que la audiencia sea postergada hasta después de la cuarentena por estos motivos. Al revisar los motivos de esta decisión, el Equipo Especial Lava Jato encontró que no se respetó el “principio de igualdad de armas o igualdad procesal con la otra parte, por no contar con la información mínima necesaria para absolver los agravios, pues obtenerla implicaba riesgo de contraer la COVID-19”
A raíz de esto, la Fiscalía solicitó “la nulidad absoluta” de la resolución que rechazó su pedido para postergar la audiencia y de la audiencia misma.
Esta declaratoria de nulidad, en caso de ser acogida por la sala, “conlleva la regresión del proceso al estado anterior de programar una audiencia que asegure nuestro derecho a la defensa en condiciones de igualdad procesal, sin poner en riesgo la salud del personal fiscal y administrativo”, argumenta el Equipo Especial Lava Jato.
