Después de que en un primer momento se perfilaba que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) daría carpetazo al caso de Pío López Obrador, ese órgano reculó y afirma que continuará con la investigación y la carpeta respectiva seguirá abierta.
El viernes por la mañana había circulado la noticia de que el proyecto de Héctor Sánchez Zaldívar, agente del Ministerio Público de la Federación, sobre el caso del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador iba en el sentido de prácticamente cerrar el caso con la argucia de falta de elementos para ejercer la acción penal.
Tal información generó un amplio repudio en las redes sociales, en las que mucho acusaron que se buscaba garantizar la impunidad de Pío López Obrador. Sin embargo, apenas horas más tarde se supo que la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales ha revocado el proyecto de Sánchez Zaldívar y que las investigaciones continuarán con nuevos elementos que han aparecido.
Esto ocurre en el contexto de la orden de un juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México para que la Fiscalía definiera, en 24 horas, si judicializará la carpeta de investigación respectiva por delitos electorales.
El asunto de Pío López Obrador data de hace dos años, cuando en una emisión de Latinus fue exhibido recibiendo dinero de manos de León Romero para patrocinar las actividades políticas de su hermano Andrés Manuel (quien, según se escucha en las grabaciones, estaba enterado de esas transacciones) y de su partido, Morena.
Entonces el presidente López Obrador no negó los hechos y dijo que sólo se trataba de “aportaciones”. Por su parte, el PAN y el PRD levantaron denuncias al respecto. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prácticamente exoneró a Pío, mientras que la FEDE no ha dado mayor información de los avances de su investigación sino hasta ahora y por orden de un juez.
Pero la FEDE no sólo no parece tener mayor adelanto ni prisa en las indagatorias, sino que ha bloqueado la investigación del Instituto Nacional Electoral al respecto al no proporcionarle la información que posee, pese a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al respecto.
Para evitar dar los elementos que posee, incluso ha recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la ministra Yasmín Esquivel le dio la razón.
