La fiscalía de Guatemala anunció el viernes que hizo dos solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo para investigarlo por lavado de dinero y falsificación de documentos de los estatutos de su partido: Movimiento Semilla.
Según la fiscalía, Arévalo tenía conocimiento de las falsificaciones de firmas cuando se creó la fuerza política que lo llevó a ganar la presidencia. También busca investigarlo por presuntamente no registrar los ingresos al partido.
La fiscalía también solicitó dos acciones para retirar la inmunidad del diputado Samuel Pérez, jefe de la bancada del partido, bajo las mismas acusaciones.
Con estas dos acciones suman tres las solicitudes de retiro de la inmunidad de Arévalo. La primera fue por la publicación de mensajes en la red social X, antes Twitter, en los que apoyaba la toma de una universidad por parte de estudiantes que protestaban por la elección del rector.
La fiscalía mantiene una arremetida contra el proceso electoral, Arévalo y el Movimiento Semilla, así como contra unos 150 mil ciudadanos que recibieron, contaron y resguardaron los votos de las elecciones generales.
A su vez, la fiscalía indicó que algunas actas que registraron los resultados de la primera vuelta electoral son nulas porque se han encontrado irregularidades, como formatos no aprobados por el Tribunal Supremo Electoral.
En la última acción de la fiscalía contra el proceso electoral, la fiscal Leonor Eugenia Morales dijo el viernes en conferencia de prensa que algunas actas que registraron los votos para presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados y diputados al Parlamento Centroamericano no tienen validez.
Rafael Curruchiche, jefe de la fiscalía especial contra la impunidad, dijo que el Tribunal Supremo Electoral es el que debe resolver la situación. “Acá fueron afectados todos los partidos políticos y todos los candidatos de todas las elecciones. Será entonces el Tribunal Supremo Electoral el que tomará la decisión al respecto”, explicó Curruchiche.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó en un comunicado “el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Púbico de Guatemala”.
“Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos de la población”, agregó.
