El magnate ruso, y mayor inversor ruso en España, Mikhail Fridman, ha salido del consejo de Letterone, el fondo de inversión luxemburgués que controla la cadena de supermercados Dia. Esta salida llega después de que el multimillonario ruso, que reside en Londres, anunciara esta mañana que impugnará las sanciones impuestas por la UE.
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A lo largo de la jornada, Fridman ha ido saliendo de los consejos de administración de las compañías que controla, como son Alfa Bank, el banco más grande de Rusia, y la empresa de telecomunicaciones con sede en los países Bajos Veon.
También abandona los consejos el otro magnate con el que se ha quejado de las sanciones de Bruselas, Petr Aven. Esta mañana, ambos inversores han emitido un comunicado donde han manifestado que impugnarán las sanciones impuestas por la Unión Europea como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia al considerarlas «injustas» y basadas en «falsedades malintencionadas y deliberadas», al tiempo que afirman estar «profundamente decepcionados» con la decisión de Bruselas y rechazan vínculos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Ambos inversores han sido incluidos en la lista negra elaborada por la Comisión Europea para imponer sanciones y embargos a inversores y activos rusos.
Fridman, que según Forbes cuenta con una fortuna de 15.700 millones de euros, no entiende por qué no puede continuar con sus inversiones en occidente por el mero hecho de ser ruso. Así lo ha manifestado esta mañana en una rueda de prensa. Además, añadió que los activos de Dia no corren peligro en España. «En España no tenemos ningún tipo de problema político, solo hacemos negocios con normalidad», explicó a la vez que añadió que «tenemos la gran aspiración de construir una gran empresa en España».
El fondo Letterone se hizo con el control de Dia en 2019, tras realizar una opa voluntaria. La cadena de supermercados cambió así de dueño después de que en octubre de 2018 se sumiera en una crisis que la llevó a la quiebra técnica que tuvo que ser resuelta a través de ampliaciones de capital.
En el comunicado realizado esta misma mañana, Fridman y Aven han manifestado su repulsa a las sanciones de Bruselas. Así, expresaron que «impugnarán la base espuria e infundada para la imposición de estas sanciones para revertir el daño injustificado e innecesario al medio de vida y a la prosperidad de sus muchos empleados, clientes, socios y partes interesadas y a las empresas que ellos y sus socios han construido en los últimos 25 años».
Ambos se describen como «inversores a largo plazo, comprometidos con empresas europeas que emplean a decenas de miles de personas en Reino Unido y Europea» y que «siempre han sido totalmente transparentes con sus negocios y riquezas».
En opinión de Fridman y Aven, las sanciones basadas en «cotilleos maliciosos y sin pruebas» no tendrán impacto en las acciones de Rusia en Ucrania, porque ambos aseguran que «no tienen ninguna relación financiera o política con el presidente Putin o el Kremlin».
De hecho, en el caso de Fridman, el magnate propietario de supermercados Dia asegura que es falso que haya cultivado «fuertes lazos» con la administración del presidente ruso, que se le haya calificado de «alto financiero ruso y facilitador del círculo íntimo de Putin» y que «logró adquirir activos estatales a través de conexiones gubernamentales».
Asimismo, Fridman niega que la hija mayor de Putin dirigiera un proyecto de caridad que fue financiado por Alfa Bank y que el presidente ruso recompensó la lealtad de Alfa Group a las autoridades rusas proporcionando ayuda política a los planes de inversión en el extranjero de la sociedad.
Además, afirma que es falso que tanto él como Aven hayan participado en los esfuerzos del Kremlin para levantar las sanciones occidentales emitidas con el fin de contrarrestar la política agresiva rusa contra Ucrania y que fueron emisarios no oficiales del gobierno ruso.
También niega que apoyara «material o financieramente» y que se beneficiara «de los responsables rusos de la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania, y/o que apoyó acciones o políticas que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania».
