La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que un contrato vinculado a la familia de del funcionario mexicano, Manuel Bartlett fue uno de los más caros.
Antilavadodedinero / elpais.com
Un ventilador respiratorio comprado por un millón y medio de pesos, unos 63.000 dólares. Y 20 por 31 millones, algo más de un millón de dólares. Estas fueron las condiciones del contrato firmado el 17 de abril entre la delegación en el Estado de Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del funcionario mexicano, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad y uno de los más polémicos funcionarios de la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Ese mismo día, el IMSS compró a otra compañía, Conduit Life, un ventilador similar proveniente de Europa por 880.000 pesos (35.700 dólares), una cantidad menor. El Gobierno Federal ha pagado por ventiladores para hacer frente a la crisis del coronavirus hasta un 85% menos que los proporcionados por la empresa de Bartlett, ha revelado este viernes una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Cyber Robotic Solutions fue creada en 2010 por un socio de León Manuel Bartlett. La empresa se dedica a la distribución de equipo médico de alta tecnología, construcción y equipamiento de centros oncológicos y hospitales. La compañía, según la investigación de MCCI, tiene una empresa espejo en Panamá, que fue creada el 11 de marzo de 2019 y que también cuenta con Bartlett y su socio entre los apoderados. La sociedad panameña ha sido señalada por su utilización de prestanombres, pues cuenta con dos accionistas que son empleadas por un despacho especializado en crear empresas fantasma existentes solo sobre el papel, pero carentes de instalaciones. Un reportaje de la periodista Arelí Quintero, reveló en 2019 que la empresa de Bartlett ganó unos 800 millones de pesos (32.5 millones de dólares) en contratos por la venta de equipo médico al Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Issste), una red de salud pública federal para la atención de funcionarios, y a hospitales de la Secretaría de Salud. Su primer contrato fue asignado por la Administración de López Obrador para el mantenimiento de un robot utilizado para cirugías. Según el acta constitutiva citada por MCCI, se da poder “para que el funcionario mexicano, León Manuel Bartlett Álvarez y su socio asuman la personería de la empresa siempre que lo consideren necesario, pues el poder que para ello se requiere se confiere ampliamente y sin restricción alguna”, reza el texto.
León Manuel Barlett ha negado este viernes desde su cuenta de Twitter las acusaciones sobre la venta a sobreprecio del equipo de ventiladores. “Niego rotundamente la afirmación de @MXvsCORRUPCION en la que mencionan que vendimos equipos arriba de su precio de mercado. El proceso de compra se realizó de forma transparente y a precios razonables”, ha dicho. También ha criticado la “mala fe” de la organización y ha añadido que lleva diez años de experiencia en la venta de equipo y materiales médicos para todos los sectores y que es “ajeno” a las actividades de su padre como servidor público. El IMSS de Hidalgo también se ha pronunciado mediante un comunicado oficial en la tarde de este viernes. El Instituto afirma, entre otros puntos, que su prioridad ante la emergencia sanitaria es salvar vidas y que “los ventiladores cumplen con este principio”. También asegura que la compra del material se basa en criterios de mercado, “donde la disponibilidad se vuelve lo más importante”, y que los productos se encontraban al coste promedio.
México llega al momento más crítico de la pandemia rondando los 20.000 casos y los 1.859 muertos, entre problemas por la falta de materiales y el amenazante colapso de los hospitales de diversos Estados. La revelación de la transacción toca de nuevo al Gobierno de López Obrador, que abandera una ambiciosa lucha contra la corrupción en los sectores públicos y privados. El 27 de marzo, el presidente firmó un decreto para que el Gobierno pudiera adquirir de manera directa y sin licitaciones equipo médico para la emergencia. Desde entonces se han realizado unas 30 asignaciones para la compra de ventiladores originarios de China, España, Alemania y Estados Unidos, todos a un precio menor de 40.000 dólares por pieza, muy lejos de los más de 60.000 dólares pagados a Cyber Robotic Solutions, quien a su vez, los compró a la empresa mexicana Imágenes y Medicina S.A, que ha evitado dar información al respecto del proceso.
La investigación periodística ha salpicado una vez más a Manuel Bartlett, veterano político mexicano y secretario de Gobernación en el Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988). Su papel al frente del ministerio de Interior fue especialmente criticado en el último año de Gobierno, cuando se decantó por el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, en unas presidenciales donde el candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, era gran favorito y se acusó fraude. A pesar de ser considerado una prominente figura del viejo priismo, López Obrador lo cobijó en su Administración por las afinidades ideológicas sobre la soberanía energética. Su llegada al Gobierno de Morena, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Otra investigación periodística reveló en septiembre de 2019 que Bartlett había dejado fuera de su declaración patrimonial 12 empresas vinculadas a su familia y diversas propiedades. La filial panameña de Cyber Robotics tiene como domicilio una de esas casas del funcionario mexicano, Manuel Barteltt. La residencia pertenece a una empresa de la que es accionista el director de la CFE.
Esta no es la primera vez que surge una polémica por la asignación de compras de ventiladores por el Gobierno. El 30 de marzo, el IMSS firmó un contrato con la empresa Levanting Global Servicios SA para comprar 2.500 ventiladores por 93 millones de dólares. El propietario de la empresa era Baldemar Pérez Ríos, un empresario mexicano residente en Estados Unidos. Según otra investigación de MCCI, Pérez Ríos sirvió de testaferro en un fraude millonario de una compañía fantasma que engañó a inversionistas estadunidenses, caso por el que fue inhabilitado para desempeñarse como funcionario o director de cualquier empresa emisora de valores en julio de 2017.
