El ex director de Fiscalización de Quintana Roo, Pablo Amezcua Dorador, uno de los funcionarios estatales presuntamente involucrados en la red de protección a la mafia rumana que opera en la entidad, se encuentra detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspirar para traficar heroína y lavar dinero junto al empresario quintanarroense Guillermo Barrera Lara.
AntilavadoDeDinero / milenio.com
En junio de 2019, una fuente confidencial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) contactó a Amezcua, quien se presentaba como alguien que podía lavar dinero procedente del narco, a través de inversiones en bienes raíces en Cancún.
Amezcua se reunió dos veces con esta fuente de la DEA. Primero en junio, en Panamá, y luego en julio, en Guatemala. Después se reunieron otras dos veces en Miami, Florida. Ahí fue que Amezcua le presentó a Barrera Lara al informante.
Este último le explicó a ambos que necesitaba lavar 17 millones de dólares provenientes del narco que estaban en Estados Unidos, a lo que Amezcua y Barrera respondieron que podían lavar ese dinero en México. Incluso acordaron introducir más droga a la Unión Americana con el uso de aviones privados y yates.
Entonces se acordó un envío de heroína falsa a Florida en un yate el 20 de agosto. Dos días después, un agente encubierto de la DEA les dio dinero falso, que correspondía a los 300 mil dólares en ganancias que Amezcua y Barrera obtendrían por introducir la heroína a Estados Unidos. Fue entonces cuando detuvieron a ambos.
En un memorándum de la defensa de Barrera Lara, se aseguró que un reporte de la DEA que forma parte de esa investigación demostró que en la reunión en Guatemala, Amezcua dijo que un cliente incluso le ofrecía heroína para venderla en el mercado europeo.
Incluso presumió el conocer a un narcotraficante del cártel de Sinaloa. El empresario intentaba deslindarse del tema, asegurando que nunca antes había cometido un delito similar y que había “cometido un error de una sola vez.”
Por otro lado, la defensa de Amezcua aseguró que se involucró en el lavado de dinero, debido a que enfrentaba problemas económicos en 2019. Por eso, finalmente fue condenado a 130 meses de prisión.
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