Argentina se encuentra en una situación crítica ante la posibilidad de ser incluida nuevamente en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según expertos, las fallas en el sistema judicial y la lentitud en la resolución de casos de corrupción son los principales factores que ponen al país al borde de esta clasificación.
El GAFI, organismo internacional encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ha detectado deficiencias en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales por parte de Argentina. A pesar de los avances en la reforma del Código Penal, que incluye la incorporación de nuevos sujetos obligados y el aumento de sanciones, el país aún presenta debilidades en la aplicación efectiva de las medidas contra el lavado de dinero.
«Claramente, hay amplias probabilidades de que nuestro país regrese a la lista gris del GAFI», afirma Daniel Perrotta, consultor en Decisio y experto en la materia. «Las reuniones del organismo con las autoridades argentinas revelaron datos positivos, pero también detectaron fallas significativas en el sistema judicial, especialmente en la resolución de casos de corrupción como el de Skanska».
La inclusión de Argentina en la lista gris tendría consecuencias negativas para la economía y la imagen del país a nivel internacional. Las empresas tendrían mayores dificultades para realizar transacciones financieras internacionales, se reduciría la inversión extranjera directa y se incrementaría el riesgo país. Además, la reputación de Argentina como un país que combate el crimen organizado se vería seriamente afectada.
«Sería una absoluta injusticia castigar a Argentina, dado que el GAFI debería evaluar el contexto y reconocer los esfuerzos de las nuevas autoridades», sostiene Hugo Mosin, abogado especializado en mercado de capitales. Sin embargo, la realidad es que el incumplimiento de las normas internacionales tiene consecuencias concretas y el país debe tomar medidas urgentes para evitar ser incluido en la lista gris.
En octubre de este año se conocerá la decisión final del GAFI. El gobierno argentino deberá intensificar sus esfuerzos para fortalecer el sistema judicial, agilizar la investigación y el juzgamiento de casos de corrupción, y demostrar al organismo internacional que está comprometido con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
