Tamara Agnic, socia y presidenta en Eticolabora – Directora Ejecutiva Promociona Mujer Chile – Directora en Consejo Directivo BancoEstado, se refiere a cómo, cuando la colaboración se implementa correctamente, tiene un impacto positivo inmediato. Pero el verdadero desafío es no perder esa senda, para que casos como el que comentamos acá no sean excepcionales, sino una práctica sostenida.
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La Política Nacional contra el Crimen Organizado, que lanzó la semana pasada el Presidente Gabriel Boric, es sin duda un avance en este campo, pero considero que, para afianzar sus objetivos, aún resta asignarle un rol más activo y protagónico al sector privado en lo relativo a la contención y prevención de los delitos que caen en el amplio catálogo de aquellos asociados a la criminalidad organizada.
Hace pocos días y en el marco del Pleno de Representantes de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), Chile fue reconocido por la investigación que lideró el Ministerio Público en el denominado caso “Verde Austral”, conocido como el Megafraude de Carabineros por más de 28 mil millones de pesos.
Efectivamente, nuestro país fue distinguido por la mejor investigación de éxito de lavado de dinero en América Latina. Este es un ejemplo paradigmático, puesto que el sistema operó en toda su cadena, desde el levantamiento de las alertas por parte de un “Sujeto Obligado” (banco), lo que significó el envío de un reporte de operación sospechosa de lavado de activos a la Unidad de Análisis Financiero.
Esto dio pie para que, el organismo encargado de prevenir el lavado de activos en Chile, UAF, pudiese estructurar un informe de inteligencia financiera, especificando allí una hipótesis de esquema y las operaciones sospechosas.
Asimismo, y solo por nombrar a algunos organismos, tuvieron un rol destacado en el proceso de investigación la Fiscalía de Magallanes y la Fiscalía Nacional, el OS7 de Carabineros, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado. El trabajo multidisciplinario, coordinado y colaborativo entre distintas entidades públicas y privadas demostró concretamente sus frutos.
El resultado de esta tarea no solo es un éxito desde el punto de vista penal, con 116 condenas por lavado de dinero y malversación, sino que también lo es para el sistema anticorrupción en su totalidad, justo en momentos en que el Gobierno ha dado a conocer su estrategia para combatir al crimen organizado.
Y es que tanto el GAFI como casi todos los foros internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el crimen transnacional y los más graves delitos contra las personas, coinciden en que esta lucha no se puede llevar a cabo sin una adecuada complementación entre el mundo público y el mundo privado.
Cuando la colaboración se implementa correctamente, esta tiene un impacto positivo inmediato. Pero el verdadero desafío es no perder esa senda, para que casos como el que comentamos acá no sean excepcionales, sino una práctica sostenida. La Política Nacional contra el Crimen Organizado, que lanzó la semana pasada el Presidente Gabriel Boric, es sin duda un avance en este campo, pero considero que, para afianzar sus objetivos, aún resta asignarle un rol más activo y protagónico al sector privado en lo relativo a la contención y prevención de los delitos que caen en el amplio catálogo de aquellos asociados a la criminalidad organizada.
Se pueden precisar todavía más los mecanismos mediante los cuales los sujetos obligados, sectores regulados, actores económicos, la banca en específico, puedan hacer un aporte decisivo al combate del lavado de activos que es, precisamente, el campo en el que podemos atacar el acceso a los fondos ilícitos de las bandas que actúan en el mercado delictivo de mayor escala, más aún cuando uno de los objetivos centrales de la política, anunciada por el Gobierno, es cortar los circuitos de la economía de estos grupos.
Usemos casos exitosos como el de Verde Austral para replicar esas buenas prácticas y llevarlas a normas generales, de modo de ir generando estándares a los que puedan recurrir bancos, notarías, automotoras u otros sectores expuestos, para detectar a tiempo a quienes utilizan al sistema financiero para fines deshonestos.
Necesitamos pasar de mecanismos que hoy son cuasivoluntarios a unos que sean cada vez más mandatorios y protocolizados, cerrando espacios a la voluntad o eventuales políticas comerciales con enfoques errados de los agentes económicos. Esa, sí sería una señal clara y contundente al crimen organizado de que iremos tras su dinero, tarde o temprano.
