El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aumentará la exigencia de los exámenes que realiza sobre los países, lo que genera preocupación en el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, por el impacto que podría tener una evaluación negativa.
“Si bien la evaluación de Uruguay comenzará en el mes de febrero del año 2030, en el último pleno de la comisión coordinadora de Gafilat (GAFI de Latinoamérica), el secretario ejecutivo, Esteban Fullin, comunicó las directivas del GAFI y, básicamente, casi todas son ajustando las perillas a más. El vicesecretario después que terminó la exposición nos miró a los coordinadores nacionales y nos dijo: ‘Los dejé tristes’. Yo le dije: ‘No, mire, nos dejó muy preocupados’”, relató Chediak el 6 de junio en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado.
Chediak explicó a los legisladores el motivo de su preocupación. “Los exámenes, a los cuales todos vamos a estar sometidos en la quinta ronda, van a ser mucho más exigentes que los de la cuarta ronda. Se han elevado estándares en varios ejes, se tornó el examen más extenso y nos dijo: ‘Bueno, miren que las evaluaciones de la quinta ronda van a durar 18 meses’. O sea, nos van a estar evaluando a partir de febrero de 2030 durante un año y medio con estándares más elevados y con requerimientos más elevados de los que nos plantearon en el examen que salvamos en 2019”.
GAFI hará “hincapié” en “la eficacia y el cumplimiento” de la normativa antilavado, eje en el que “rengueamos casi todas las jurisdicciones de Gafilat y una gran parte de las jurisdicciones de la red global”, destacó Chediak, quien recordó que Uruguay tuvo en cambio una buena evaluación en el eje normativo en 2019.
Rumbo
Gafilat planteó en 2019 a Uruguay que aumente la eficacia en la persecución de los lavadores de dinero, tras lo cual el gobierno encargó a un consultor externo, Alejandro Montesdeoca, la elaboración de una Evaluación Nacional de Riesgos de lavado, aprobada en 2023, en base a la que se diseñó la Estrategia Nacional para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, que traza las acciones específicas que debe realizar el país a corto plazo (entre junio de 2024 y febrero de 2025), mediano plazo (de marzo de 2025 a marzo de 2026) y largo plazo (entre abril de 2026 y abril de 2027).
Chediak dijo a El País que mantuvo reuniones bilaterales este martes con el Banco Central del Uruguay y el Ministerio del Interior para ajustar el texto final a las observaciones técnicas que realizaron estos organismos sobre el último borrador de la Estrategia Nacional. Hoy se reunirá bilateralmente con el Ministerio de Defensa y la Auditoría Interna de la Nación con idéntico propósito.
Estas y otras instituciones -como la Junta de Transparencia y Ética Pública– integran la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que preside la prosecretaria de Presidencia, Mariana Cabrera. “Reúnanse bilateralmente todos con la Senaclaft lo más rápido posible; solucionen, obtengan un texto final y lo aprobamos”, pidió Cabrera el 5 de junio en la última reunión de la comisión, contó Chediak a los legisladores.
