La República de Panamá fue incluida en la lista del Grupo de Acción Financiero (GAFI) en el año junio de 2019, y desde entonces todavía no ha podido zafarse. El GAFI ratificó al país en su lista de «jurisdicciones con deficiencias estratégicas» y «bajo mayor supervisión», tras finalizar la plenaria el pasado 25 de junio de 2021.
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En una nota, el GAFI reconoció que “Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen de normas internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; y adoptado medidas para identificar remitentes de dinero y el uso de productos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para iniciar o ampliar investigaciones sobre lavado de dinero (LD)”, pero “debe tomar medidas urgentes para abordar plenamente las medidas restantes en su plan de acción, ya que todos los plazos ya han expirado”.
El GAFI expresó que tomó nota del progreso continuo de Panamá en su plan de acción; sin embargo, “todos los plazos han expirado y aún queda mucho trabajo por hacer”. Por lo tanto, instó “encarecidamente” a Panamá a completar rápidamente su plan de acción completo y abordar las deficiencias estratégicas mencionadas anteriormente.
“Panamá debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas” y desglosó los lineamientos que el país debe seguir para “zafarse de estas listas”, enfatizó la organización.
En paralelo a estos resultados, el GAFI también anunció una consulta pública abierta hasta el 21 de agosto, pidiendo la opinión de la comunidad internacional en torno a una potencial modificación de sus recomendaciones
Avances
En ese contexto, el abogado de la dirección de Estrategia Financiera y Fiscal internacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Jorge Castillero, dijo este martes que Panamá cuenta con quince puntos por recomendaciones del GAFI, de los cuales algunos están parcialmente cumplidos y otros están ampliamente cumplidos.
Durante el foro “¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica?: Panamá necesita avanzar, unidos podemos”, Castillero recalcó que de los quince puntos, hasta este momento, hay cinco que están ampliamente cumplidos y solo diez han sido parcialmente cumplidos o atendidos por Panamá.
“Lo importante de esto es aclarar que, en su momento, cuando fuimos incluidos dentro de esta lista, algunos temas no se habían atendido ni un poco, por lo tanto, hemos ido trabajando con acciones concretas a través de la coordinación de todas las instituciones y de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal llegando a cumplir en gran medida ciertos puntos de nuestro plan de acción”, señaló Castillero.
Informó que todavía se deben revisar temas muy puntuales, como la supervisión de los sujetos obligados no financieros, aumentar esa cantidad de investigaciones criminales relacionadas con el blanqueo de capitales y que si existe dentro de esta investigación una posibilidad de llevar esas investigaciones a enjuiciamiento y, posteriormente, si lo permite el derecho, a sanciones que sean disuasivas proporcionales y efectivas; al igual que la imposición de sanciones por cualquier incumplimiento a las políticas de debida diligencia que los sujetos obligados no financieros deben hacer a sus clientes.
Castillero añadió que otro tema fundamental que tienen dentro del plan de acción es mejorar la cooperación entre instituciones y la cooperación internacional respecto al intercambio de información relacionado al beneficiario final de las entidades jurídicas, a los registros contables de las entidades jurídicas y también el intercambio de información o la cooperación internacional relacionada con los delitos de blanqueo de capitales.
Consecuencias
El socio de impuestos de FACTA y CRS de KPMG, José Andrés Romero, advirtió, por su parte, sobre las consecuencias de figurar en estas listas del GAFI, más en estos tiempos difíciles para la economía.
Romero destacó que el golpe directo es a la reputación de la jurisdicción, a la reputación del país que queda en entredicho, y esa reputación en entredicho se traduce en un disuasor para nuevos inversionistas interesados en Panamá, potencial huida de actuales inversionistas, pérdida de empleos y encarecimiento de capital y costos de oportunidad en todos los sectores financieros y no financieros.
“Panamá necesita proteger y mejorar su competitividad porque es un país ideal para invertir y emprender. Se dificulta fortalecer nuestra competitividad si llevamos a cuestas una reputación en entredicho. Esa marca país tiene alma y puede estar enturbiada por situaciones que no le convienen a esa reputación que podríamos tener en entredicho en este momento. La reputación puede ser o un gran activo o un gran pasivo”, apuntó Romero.
Las recomendaciones del GAFI
Dentro de las recomendaciones que le hizo el GAFI a Panamá, se incluye:
- El fortalecimiento de su comprensión del riesgo del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de las personas jurídicas.
- Aplicar un enfoque basado en el riesgo para la supervisión del sector de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y asegurar sanciones efectivas.
- Asegurar la verificación adecuada de la información actualizada sobre el beneficiario final por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, estableciendo mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, evaluando los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas y arreglos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominados.
- Demostrar su capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que involucre delitos tributarios extranjeros y continuar brindando cooperación internacional constructiva y oportuna para tales delitos, y continuar enfocándose en las investigaciones en relación con áreas de alto riesgo.
El GAFI identifica jurisdicciones adicionales, de manera continua, que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Algunas jurisdicciones aún no han sido revisadas por el GAFI o sus FSRB, pero lo harán a su debido tiempo.
En octubre de 2020, el GAFI decidió reanudar el trabajo, detenido debido a la pandemia de covid-19, e identificar nuevos países con deficiencias estratégicas Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo, y “priorizar la revisión de los países incluidos en la lista con fechas límite vencidas o vencidas de los elementos del plan de acción”.
En la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas del GAFI, además de Panamá, también están: Haití, Jamaica, Malta, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Islas, Caimán, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Uganda, Yemen, Zimbabue.
Antecedentes de Panamá
Las listas son resultado de evaluaciones y calificaciones enfocadas en el cumplimiento o no cumplimiento de los sistemas del marco regulatorio y su eficacia en su manejo para combatir el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
Durante el foro, el economista y consultor financiero especialista en bancos Francisco Conto hizo un recuento de las veces que Panamá ha sido incluida en las listas del GAFI, destacando que la primera vez que Panamá estuvo en una lista fue en el 2000, durante el gobierno de Mireya Moscoso, pero logró salir muy rápido.
El país volvió a ser incluido en las listas grises entre el 2014 y el 2016, y como resultado de esa situación la banca panameña perdió 70 corresponsalías bancarias. En ese momento, cuando se hizo la evaluación del país, Panamá cumplía con el 10%, pero fue incluido y lo mantuvieron en la lista gris hasta el 2016, cuando salió. Pero en 2019 volvió a caer.
En 2019, antes de que el presidente Laurentino Cortizo asumiera el poder, Panamá había cumplido con el 87% de los requerimientos. En ese momento, los temas exigidos por el GAFI eran el riesgo de lavado en el sector no financiero, el beneficiario final y el uso efectivo de la UAF. En la revisión de junio de 2021, que se realizó hace ocho días, Panamá reingresó a una lista del GAFI.
Esta vez, los temas son: supervisión de sujetos no obligados, asegurar sanciones efectivas y disuasivas que no se dieron, el beneficiario final, y la capacidad para investigar el lavado vinculado a delitos fiscales.
Moody’s advierte que para Panamá debe ser prioritario “salir de las listas grises” tanto para su crecimiento económico como para no afectar las corresponsalías bancarias; mientras que el Fondo Monetario Internacional dice lo mismo. De hecho, “Panamá tiene negocios estructurados con el Fondo Monetario Internacional libres de créditos importantes”, recordó Conto.
El Gobierno estadounidense ha invertido tres millones de dólares y tiene comprometido otros cinco millones para ayudarle a Panamá a salir de este problema.
El Conep y el Gobierno llegaron a unos acuerdos en su mesa, estableciendo primero que el tema de las salidas de las listas es un tema de “estrategia país” no solamente de un sector. Además, acordaron una comunicación efectiva, activa y permanente entre los sectores público y privado, de lo contrario no se podrán concebir los objetivos. Como un tercer punto, ambas partes pactaron reactivar la comisión de alto nivel para supervisar que la alineación de los temas mantengan su ruta, afirmó Conto.
