El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) determinó durante su sesión plenaria que solo el 45% de los 128 países bajo su supervisión están aplicando las normas estandarizadas sobre activos virtuales y proveedores de servicios de bitcoin y otras criptomonedas.
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La revisión anual de su gestión, publicada en un informe, señala que «la falta regulación efectiva dificulta que las autoridades competentes sigan el rastro de las transacciones [de criptomonedas], lo cual está dejando margen para que los delincuentes muevan las piezas a su favor».
En su documento el organismo detalla que, hasta ahora, solo 52 países tienen una completa supervisión sobre los proveedores de criptomonedas que operan en sus territorios, pero la cifra llega a 58 si se incluyen los 6 que han prohibido a los criptoactivos.
La cifra demuestra que el avance es prácticamente nulo con respecto a las manejadas hace un año, cuando se reportó que 54 de los países miembros del GAFI aplicaban regulaciones de criptomonedas. Significa que en un año el organismo no ha podido incrementar la aplicación de su normativa contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios de activos digitales o criptomonedas
El GAFi normalmente ha implementado su guía regulatoria sobre los instrumentos financieros tradicionales, pero en los últimos 2 años se ha centrado en fiscalizar a los exchanges de criptomonedas y otros servicios de la industria. Sin embargo, hasta ahora, no ha podido demostrar que su normativa se adapta a un ecosistema que se basa en la privacidad de los usuarios.
El grupo dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo a escala global espera que la mayoría de sus países miembros puedan implementar las regulaciones que buscan rastrear transacciones con criptomonedas.
Entre sus lineamientos, el GAFI recomienda cumplir con la denominada regla de viaje, una normativa que deben adoptar los exchanges para intercambiar información sobre aquellos usuarios que realicen operaciones que superen los USD 1.000.
El objetivo del organismo es que los proveedores de servicio del sector de las criptomonedas sepan, en todo momento, de dónde provienen y hacia dónde van las transacciones que se realizan.
Los usuarios quieren privacidad, pero el GAFI recomienda vigilancia sobre Bitcoin
En ese mismo orden, el organismo intergubernamental pide a los países que garanticen que los proveedores de servicios de activos virtuales radicados en su territorio obtengan y mantengan la información requerida de cada usuario que opera en sus plataformas.
El regulador financiero global también deja claro en su informe que ha observado que está aumentando el uso continuo de lo que llama «tácticas de anonimato aplicadas a la industria de las criptomonedas y transacciones relacionadas». Además, agrega que desde que el mundo vive en confinamiento para protegerse del covid-19 se ha disparado el uso de bitcoin y otras criptomonedas. Ante ello, los investigadores del GAFI creen que las jurisdicciones reguladoras deben comprender mejor la situación, en lugar de centrarse en la «adopción masiva».
Así que, en definitiva, el GAFI espera que las jurisdicciones implementen la guía regulatoria sobre los proveedores de servicios de criptomonedas con la idea de poder sancionar a los que no cumplan.
Como reportó este medio el GAFI además durante su sesión plenaria tomó la decisión de postergar su nueva regulación sobre Bitcoin, DeFi y servicios.
Muchos de los cambios que el organismo estuvo considerante desde abril del año pasado «son problemáticos para la innovación porque vulneran la privacidad de los usuarios de Bitcoin», como lo señaló Peter Van Valkenburgh, director de Investigación de Coin Center, organización que aboga por los derechos de los usuarios sobre las redes blockchain abiertas.