El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluó a El Salvador en el periodo 2019-2023, después de 14 años que no se sometía a este tipo de evaluaciones. La última evaluación fue en 2010.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluó los avances o retrocesos de El Salvador en su lucha por el antilavado de activos y contra el financiamiento del terorrismo considerando que hay un “riesgo medio-alto”, por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En su más reciente informe de evaluación mutua, el Gafilat identificó como las principales amenazas, ”la extorsión agravada, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de personas, seguido por los delitos de corrupción, contrabando, evasión de impuestos, trata de personas y tráfico ilícito de armas”.
En ese documento se evalúan las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la efectividad del sistema salvadoreño en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, nuevas tecnologías, Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), Unidad de Inteligencia Financiera(UIF), entre otros. Representantes del Gafilat y países miembros vinieron en enero a verificar si se cumple con estas recomendaciones.
Hallazgos en el informe
El Gafilat manifestó que, aunque el país tiene un “marco normativo que cubre en buena medida”, las conductas del financiamiento del terrorismo, facultades investigativas y mecanismos de intercambio entre autoridades, “no se advierte que se lleven a cabo esfuerzos suficientemente proporcionales y que se cuente con criterios y factores específicos de priorización para investigar urgente y efectivamente los potenciales casos de FT (financiamiento del terrorismo)”.
Y aunque el país ha realizado reformas legales, su implementación es muy reciente, no hay resultados concretos o “se encuentran en proceso de implementación”. Recomiendan que haya más recursos para potenciar la aplicación del enfoque basado en el riesgo.
“El número de investigaciones financieras paralelas es aún limitado y, a pesar de que se han registrado casos de éxito de LA (lavado de activos), los resultados alcanzados a la fecha de evaluación no eran totalmente consistentes con el perfil de riesgo del país -particularmente en relación con algunas modalidades de corrupción pública y delitos ambientales, entre otras amenazas-”, detalla el informe.
Sobre los casos de FT, identificaron que no se llevan de “manera efectiva o que haga un uso extensivo de las herramientas de investigación financiera para casos de terrorismo”. De los casos que evaluaron los países visitantes, notaron que varios casos sin especificar la cantidad, se encontraban sobreseídos, y otros aún sin acusarlos.
“No se verifica que exista una priorización con criterios o factores especialmente apuntados a la identificación, prevención o investigación de casos de terrorismo o FT”, asegura el Gafilat.
De acuerdo a la opinión de dos expertos en materia de lavado de activos y que ya analizaron el informe, El Salvador “tiene mucho por hacer” ya que hay un “riesgo medio-alto de propensión hacia el lavado de activos”.
Para Martín Martínez, abogado y consultor regional en materia de lavado de activos, estas evaluaciones consisten en estudios y análisis acerca de cómo un país incorpora a nivel material y jurídico las cuarenta recomendaciones, que buscan identificar aquellos puntos en que se debe mejorar en los sistemas de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva.
“El informe enfatiza como amenazas claramente identificadas tanto la extorsión, el tráfico ilícito de drogas y el tráfico de migrantes. Pero también, la corrupción pública y la trata de personas. Además, señala la necesidad de que existan investigaciones patrimoniales a la par de las investigaciones penales. Se insta a un mayor uso de la inteligencia financiera y que aumenten las investigaciones cuando existan como delitos determinantes la corrupción pública, delitos medioambientales y amenazas emergentes como las estafas”, indicó el experto.
Aclaró además, que se debe trabajar en avances para evitar que dinero ilícito entre al sistema económico del país. “Hay mucho por hacer. El informe de GAFILAT debe verse como una radiografía, como una selección de puntos donde el Estado y Sociedad deben colaborar en aras de evitar que el dinero proveniente de actividades delictivas pueda introducirse en el sistema económico, y sobre todo, en el sistema político” enfatizó.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el pasado 30 de agosto, la publicación del informe del Gafilat, y aseguraba que este había sido aprobado en la reunión del Pleno de Representantes de dicho organismo, “en donde todas las delegaciones felicitaron a El Salvador por el excelente trabajo desarrollado”.
