Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) indican que los paraísos fiscales provocan un «agujero» en las arcas públicas del 14% de los ingresos anuales que se obtienen por el Impuesto sobre Sociedades, por lo que estiman que durante la última década se han dejado de percibir 45.000 millones de euros en España.
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Ante estas cifras los técnicos ven «decepcionante» la actualización que acaba de hacer la UE de su ‘lista negra’, ya que se han excluido a los países que permiten las prácticas elusivas de muchas multinacionales.
Frente a ello, proponen aprovechar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley contra el fraude fiscal para liderar en Europa la lucha contra los paraísos o guaridas fiscales.
Los técnicos lamentan que no se haya incorporado el criterio de la baja tributación, pese a que el Parlamento Europeo aprobara recientemente con el 90% del voto favorable de los eurodiputados una resolución en la que se pedía a la Comisión y al Consejo que propongan un nivel mínimo efectivo de imposición que constituya un criterio independiente para la inclusión en la lista de la UE.
En este sentido, Gestha pide al Gobierno que lo aplique y se adelante al resto de sus socios comunitarios, concretando en el proyecto de Ley antifraude el límite de lo que se consideraría una «baja tributación» de un país o territorio.
Para acotarlo, reitera su propuesta de que se considere «nivel impositivo efectivo considerablemente inferior» a cualquier gravamen por debajo de los dos tercios del tipo efectivo en España.
En este marco, los técnicos critican que el director de la AEAT, Jesús Gascón, haya defendido este martes en la Comisión de Hacienda del Congreso posponer la decisión del límite de la baja tributación a un acuerdo en la OCDE.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, en la nueva lista de paraísos fiscales para la UE «son todos los que están, pero no están todos los que son», por lo que defiende que España «puede completarla y tomar la delantera en esta batalla» si especifica el criterio de la baja tributación durante la tramitación de la ley antifraude.
«Adelantarse y concretar la baja tributación de un paraíso fiscal no hará que las multinacionales se vayan de España, porque en realidad ya están fuera, aunque sigan vendiendo en nuestro país», sostiene Mollinedo, quien remarca que el objetivo es que tributen en España por las ganancias que obtienen de sus ventas a los consumidores españoles.
