El Gobierno andaluz de PP y Cs ha impulsado este martes la aprobación de la ley que permitirá crear una Oficina contra el Fraude y la Corrupción, que tendrá como objetivo «prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas y los abusos de poder y casos de corrupción en la comunidad».
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que ha comparecido este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha anunciado esta iniciativa y ha recordado que el dinero público andaluz investigado en causas judiciales podría alcanzar casi los 5.000 millones.
La Oficina contra la Corrupción, que forma parte de la veintena de iniciativas pactadas entre PP y Cs para los cien primeros días de gobierno, estará adscrita a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Marín ha explicado que el Gobierno anterior ya elaboró un decreto, en el que el Consejo Consultivo detectó «determinadas incompetencias» entre lo que se planteaba y el trabajo de los funcionarios públicos, recomendando una ley que permitiera que esos empleados pudieran asumir determinadas responsabilidades.
Por ello, a la oficina se le atribuirán por ley, entre otras funciones, la posibilidad de sancionar a las personas que desempeñen altos cargos que incumplan la normativa sobre incompatibilidades o la del control de la legalidad de todas las subvenciones.
El decreto que elaboró el anterior Ejecutivo socialista servirá «de base» para el nuevo proyecto de ley, ha informado Marín, quien sin embargo ha criticado que a partir del borrador que se envió en marzo de 2018 el Ejecutivo de Susana Díaz había perdido «cualquier voluntad» de ponerlo en marcha.
«Nadie dice que se haya hecho un trabajo inservible», ha dicho Marín, quien ha defendido que hagan caso al Consejo Consultivo, a pesar de que PP y Cs quieren eliminarlo, porque «a día de hoy no se ha suprimido absolutamente nada».
Sobre la cuantía investigada por la justicia, ha recordado que hay una serie de casos como los ERE, Invercaria, «las facturas falsas, Delphi o la Faffe que suman casi 5.000 millones y habrá que ver «cómo termina».
ALD/EFE
