El gobierno de Alberto Fernández trabaja en una reforma integral del Poder Judicial. No escatimó críticas durante su discurso ante la Asamblea Legislativa cuando asumió como Presidente y esos planteos no cayeron del todo bien en Comodoro
Por El Clarín/AL
Aquellos dichos sobre una justicia vinculada a los servicios de inteligencia y las extorsiones, que dicta prisiones preventivas arbitrarias y arma causas con fines políticos tenía como destinatarios a los poderosos jueces de Comodoro.
En los tribunales de Retiro dan como un hecho una modificación del sistema que podría licuar el poder de los once jueces federales actuales (son 12 juzgados pero uno se encuentra vacante) que implicaría la unificación de los fueros penal económico y el federal para incrementar la cantidad de juzgados.
Nada está confirmado aún oficialmente, pero lo que sí está claro es que algunos magistrados son los señalados con mayor énfasis por su proceder contra ex funcionarios kirchneristas y la propia actual vicepresidenta, en causas de corrupción.
El Gobierno mantiene mayor diálogo con algunos jueces y con otros una sostiene fuego abierto y cruzado. Con esos datos, es posible hacer una radiografía para mostrar quienes son los jueces sometidos a la reforma.
Nombrada en 1990 por el gobierno de Carlos Menem, ese mismo año tuvo a su cargo la causa en la que se investigó a Amira Yoma, cuñada del entonces presidente, por lavar dinero del narcotráfico. Es la jueza con competencia electoral y la que fijó el día y horario en el que concluía en 2015 el gobierno de Cristina Kirchner y cuándo iniciaba el de Mauricio Macri. Es la jueza de mayor edad y hasta el año pasado, la única mujer a cargo de un juzgado en Comodoro Py. Debería estar jubilada, ya que el límite es de 75 años, pero tiene un amparo que le permite seguir en funciones.
Recientemente, fue la responsable de sobreseer a Máximo Kirchner y a otros dirigentes de La Cámpora investigados en una expediente derivado de los Cuadernos de las Coimas, por la aplicación de fondos presuntamente provenientes de sobornos para la campaña política. Servini quedó también subrogando el juzgado 12, que se mantiene vacante.
