Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los países escandinavos. Estos últimos generalmente se asocian con un gran respeto por la ley y buen gobierno corporativo.
Por Portafolio/AL
En el caso del banco privado de Dinamarca (Danske)
no fue así, haciéndose merecedor del premio del mayor “Actor Corrupto del Año”
que otorga el “Proyecto de los Reporteros sobre Crimen Organizado y
Corrupción”. También hay dos bancos más: el banco más antiguo de Suecia (Swede)
y Nordea de Finlandia también, participaron en este negocio ilícito.
En el caso de Danske las cifras son alarmantes, ya que a través de una pequeña
sucursal en Tallinn, la capital de Estonia en los Bálticos, se “lavaron” US$220
billones a través de 10,000 cuentas de clientes, sin que los bancos, los
reguladores y las Unidades de Inteligencia Financiera hicieran nada, a pesar de
haber sido alertados por el Banco Central de Rusia, ya que parte de las
actividades ilegales incluyen evasión de impuestos y tarifas aduaneras por
ciudadanos rusos.
El gobierno corporativo de Danske ya que sus gestores y el Directorio y sus
comités especializados ignoraron o escondieron el problema, sus auditorías
internas y externas, el manejo de riesgos, complicidad de las unidades de
negocio, las unidades de cumplimiento y las Unidades de Inteligencia Financiera
(UIF). Las deficiencias fueron tan evidentes y tan graves que la Comisión
Europea se vio obligada a reportarle al Parlamento y a su Consejo sobre estos
hechos y proponer reformas.
Los resultados de la investigación de la Comisión encuentran enormes deficiencias en los bancos y en las autoridades supervisoras. Entre los primeros están las fallas en el gobierno corporativo, complicidad de los empleados, incapacidad de controlar y supervisar a sus sucursales, ignorar los principios de control al lavado de dinero (AML/FT) y falta de reportar transacciones sospechosas a las UIFs.
En cuanto a los supervisores, la Comisión estableció
la falta de poderes para ejercer una vigilancia más estrecha en términos de
lavado e imponer sanciones más drásticas, falta de experiencia, inspecciones
prudenciales deficientes, confiar demasiado en los banqueros, débil cooperación
transfronteriza, confusa estructura de la supervisión nacional (AML/FT) y
regional (ECB) y por supuesto deficiente gobierno corporativo.
