El ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que la Casa de Nariño volverá a pedirle a la Fiscalía que se levanten las órdenes de captura de integrantes de las AGC y de la organización Sierra Nevada.
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El Gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía de Francisco Barbosa tienen otro “choque de trenes” en el marco de la paz total que quiere aplicar el Ejecutivo, esta vez por la suspensión de órdenes de captura de ciertos capos del narcotráfico.
Desde el viernes la oficina de Barbosa rechazó la solicitud de la Presidencia para que se aplique esa medida con algunos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de la organización de la Sierra Nevada y para este mismo lunes llegaría el segundo intento del Ejecutivo para darle un tiquete de libre movilidad a esos narcos.
El mismo ministro del Interior y portavoz de la Casa de Nariño, Alfonso Prada, había confirmado que era cuestión de horas o días para que se solicitara otra vez ese requerimiento judicial.
El Palacio presidencial considera que hubo una interpretación de la norma que se basó en legislación desactualizada y no en el articulado que promovió el Gobierno en el Congreso en 2022 para reformar las facultades del Estado para negociar con guerrillas y grupos del narcotráfico.
“El Gobierno respeta, como siempre lo hace, las decisiones de la rama judicial del poder público. Dicho eso, queremos avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía General de la Nación”, puntualizó Prada.
La versión del ministro indica que el ente acusador se fundamentó en dos decretos viejos –de 2012 y 2015– que reglamentaron la Ley 418, la misma que modificó el Ejecutivo en el Congreso en lo que fue una de sus primeras agendas legislativas del cuatrienio.
Hasta antes de noviembre de 2022 no se podía levantar las órdenes de captura de narcotraficantes, pero desde ese mes se abrió esa posibilidad con la aprobación de la Ley 2272 del 2022 –también conocida como Ley de Orden Público para la paz total– que facultó al Ejecutivo para solicitar esas suspensiones.
Sin embargo, para la Fiscalía “no es procedente” dar esos beneficios porque estos están dirigidos a “única y exclusivamente a los procesos de negociación y diálogo con grupos armados organizados al margen de la ley a los que se les reconoce estatus político”.
