El Gobierno de Brasil, representado por la Abogacía General de la Unión (AGU), presentó este miércoles un recurso ante la Corte Suprema para impedir que el presidente Jair Bolsonaro declare de forma oral la próxima semana por supuestas injerencias ilegales y políticas en la Policía Federal.
AntilavadoDeDinero / EFE
Los abogados del Estado buscan revertir la decisión del juez del Supremo Celso de Mello, quien el pasado viernes dictaminó que el mandatario debe ser interrogado en persona, y no por escrito, dentro del caso en el que está siendo investigado junto con el exministro Sergio Moro.
La Policía Federal dio a Bolsonaro la opción de elegir prestar declaración de manera presencial entre los días 21, 22 o 23 de septiembre a las 14.00 hora local (17.00 GMT) y le recordaron su derecho de permanecer en silencio o no acudir a la citación.
La investigación tramita desde abril en el Supremo y fue abierta tras la renuncia como ministro de Justicia de Moro, conocido por haber liderado la operación anticorrupción Lava Jato en su etapa como juez de primera instancia en la ciudad de Curitiba.
En su despedida, Moro acusó públicamente al líder ultraderechista de «interferir políticamente», y de forma ilegal, en la Policía Federal, órgano autónomo que adelanta investigaciones contra algunos de los hijos del mandatario.
A partir de ahí, el Supremo autorizó a la Fiscalía General de Brasil investigar las explosivas declaraciones del exjuez para demostrar su veracidad.
Moro prestó declaración ante las autoridades en mayo pasado y la Policía Federal quiere ahora interrogar al jefe de Estado, pero de forma presencial, y no por escrito como había solicitado la Fiscalía, para terminar sus pesquisas.
El juez Celso de Mello falló a favor de la Policía bajo el argumento de que sólo pueden prestar declaración por escrito aquellas personas que son víctimas o testigos, supuestos que no se dan en el caso de Bolsonaro, pues es investigado.
Sin embargo, la AGU alegó en su recurso que esa prerrogativa de responder a las preguntas de las autoridades por escrito ya le fue concedida en dos ocasiones al entonces presidente Michel Temer (2016-2018).
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En este sentido, pidió al alto tribunal que aplique su propia jurisprudencia con el actual jefe de Estado y que el fallo de Celso Mello sea suspendido, y por ende la citación de la Policía, hasta que los once magistrados del Supremo analicen el recurso presentado este miércoles.
Si hubiera indicios suficientes contra Bolsonaro, que niega todas las acusaciones, la Fiscalía podría presentar una denuncia en su contra ante el Supremo, que sólo abriría un juicio si así lo aprueba una mayoría de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados (342 de un total de 513).
Sólo si esa mayoría fuera alcanzada, Bolsonaro sería suspendido de su cargo durante 180 días, periodo en el cual el Supremo tendría que realizar el juicio, y en caso de ser declarado culpable sería destituido y le sucedería en el poder el vicepresidente, el general de la reserva del Ejército Hamilton Mourao.
