El tribunal supremo de Guatemala ha bloqueado una investigación a los magistrados que se pronunciaron en contra del presidente Jimmy Morales, en el último enfrentamiento entre el gobierno y el poder judicial.
La batalla se centra en el intento de Morales de expulsar a un organismo de investigación respaldado por la ONU conocido como CICIG, el cual lo ha estado investigando por una supuesta financiación ilegal a su campaña.
La expulsión de los investigadores es «negativa para el crédito» del país, ya que debilita el estado de derecho, según un informe publicado este mes por Moody’s. La calificación de Moody’s para el país está un nivel por debajo del grado de inversión, a pesar de que sus niveles de deuda pública se encuentran entre los más bajos del mundo.
«El estado de derecho está ciertamente bajo una seria amenaza», asegura Gavin Strong, analista para Control Risks en México. «La salida de la CICIG tendría implicaciones adversas para los inversionistas y repercusiones para la economía. La capacidad del estado para combatir la corrupción y la impunidad se verá gravemente afectada sin la CICIG».
Fenómenos regionales
Se está librando batallas anticorrupción similares en Centroamérica, las cuales se han convertido en uno de los principales campos de batalla de las elecciones.
El 9 de enero, la Corte Constitucional de Guatemala prohibió un intento de Morales de expulsar a la CICIG. Horas más tarde, un tribunal inferior se movió para investigar a tres de los magistrados responsables del fallo por exceder su mandato. El Congreso también formó un comité que recomendaría si despojar a los magistrados de su inmunidad de enjuiciamiento.
En un fallo de esta semana, la Corte de Constitucionalidad ordenó efectivamente que esta investigación debe terminar.
Los casos de la comisión llevaron al encarcelamiento en 2015 de un expresidente, vicepresidente y jefe del banco central, y la comisión ha tratado de quitarle la inmunidad de enjuiciamiento al presidente Morales. Su comisionado, el colombiano Iván Velásquez, ha estado trabajando desde Nueva York, después de que el gobierno le prohibiera ingresar al país en septiembre.
El mandato de la CICIG, que comenzó en 2007, expirará en septiembre, y el gobierno anunció el año pasado que no lo renovaría. Morales dijo durante una entrevista en octubre que la CICIG debía comenzar a transferir capacidades al estado y que los tribunales de la nación tienen un atraso de 1,6 millones de casos, que a menudo están quietos durante años antes de ir a juicio.
En Honduras, el jefe de una misión de la Organización de los Estados Americanos contra la impunidad y la corrupción, Juan Jiménez, renunció el año pasado por la hostilidad del gobierno.
En diciembre, el congreso de El Salvador negó un segundo mandato al fiscal general Douglas Meléndez. El equipo de Meléndez procesó al expresidente Antonio Saca por malversación y lavado de dinero y buscó la extradición del expresidente Mauricio Funes desde Nicaragua para enfrentar cargos de corrupción.
Guatemala celebrará una primera ronda de elecciones presidenciales en junio y algunos candidatos podrían comprometerse a restablecer el mandato de la CICIG.
ALD/Finance
