El Gobierno y la oposición de Venezuela han discutido la posibilidad de permitir que compañías privadas que participan en empresas mixtas con la PDVSA asuman el control de los campos pese a no ser socios mayoritarios.
Antilavadodedinero / Reuters
PDVSA buscó tomar una medida similar el año pasado al permitir que firmas pequeñas y poco conocidas operaran algunas áreas de su propiedad exclusiva.
Pero ahora, según las fuentes consultadas, el cambio se discute con socios en empresas mixtas como Chevron, la rusa Rosneft y la estatal china CNPC, que pasarían a controlar los mayores campos de Venezuela.
Las conversaciones sugieren que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro busca mitigar el impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre la producción de petróleo, tras aumentar las exportaciones de crudo a Asia en los últimos meses, socavando los esfuerzos de Washington para aislar al país.
Al menos una de las compañías socia de PDVSA confirmó que sopesa la idea. Oswaldo Cisneros, un empresario venezolano que tiene un 40% de participación en la empresa mixta Petrodelta, dijo que evalúa firmar con la estatal “un contrato donde nos entregan la producción a nosotros (…) nos subcontratan la operación del campo”.
Cisneros agregó que la compañía consiguió un financiamiento de unos 800 millones de dólares en una institución financiera de Dubái, que no identificó, para el proyecto. Su objetivo es aumentar la producción en Petrodelta a unos 100.000 barriles por día (bpd) en los próximos tres años, la meta que se fijó cuando entró a la empresa mixta en 2016 y aún no logran cumplir.
“Ellos nos autorizan a hacerlo nosotros directamente con el financiamiento que estamos trayendo”, dijo el empresario también dueño de una compañía de telecomunicaciones al margen de una conferencia que ofreció en Caracas esta semana.
Las petroleras privadas se han quejado por años del férreo control de PDVSA sobre la operación de los campos, lo que implica trabas para adquirir equipos, contratar empresas y tomar decisiones de perforación, creando cuellos de botella que limitan el bombeo de crudo, que se mantiene este año en el más bajo en siete décadas.
Las conversaciones se producen cuando el gobierno socialista de Maduro ha reducido las regulaciones en otras áreas de la economía, al flexibilizar los controles de precios y de cambio, una vez que se vio forzado a reducir su participación en las compras en el extranjero por lo complicado que les resulta mover recursos en la banca global bajo las sanciones.
La opción de delegar la operación de los campos fue debatida en encuentros del Grupo de Boston, donde se reúnen funcionarios cercanos a Maduro, opositores y economistas críticos al gobierno para debatir sobre economía y política. Dos personas presentes hablaron de un amplio consenso entre las partes sobre ese punto.
Las conversaciones se centran en modificar los términos y condiciones de los contratos de las empresas mixtas para eliminar una cláusula que impide directamente “transferir su función como operador” de las áreas petroleras. Una propuesta similar se presentó en la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
Ni PDVSA ni el Ministerio de Petróleo respondieron a pedidos de comentarios. Pedro Díaz, abogado y exlegislador que coordina el Grupo Boston, dijo que no puede revelar el contenido de las reuniones y que lo que allí se debate no es vinculante.
