A partir de 2015, conforme el MP y la CICIG comenzaron a presentar diversos casos de corrupción se fueron aplicando por muchos de los delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción aprobada en 2012. Muchos de estos delitos tienen penas de cinco años de prisión sin posibilidad de sustituirla por una multa.
Antilavadodedinero / Elperiodico
La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional esa inconmutabilidad de las penas de prisión para los delitos cometidos contra la administración pública y de justicia, lo que abre la puerta para que los jueces autoricen que las penas de prisión menores de cinco años se sustituyan pagando multas en dinero.
La conmuta va de un mínimo Q5 quetzales a un máximo de Q100 quetzales por cada día de prisión, que el juez fija, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas de la persona sentenciada, de acuerdo con el Código Penal.
Así, la cárcel ya no será obligatoria para los sancionados por actos de corrupción, sino quedará a criterio de los tribunales si otorgan o no la conmuta. Estos son algunos de los casos de corrupción en los que los sindicados podrían ser beneficiados con la sentencia de la CC.
Delia Bac, por ejemplo, es señalada por concusión, que sanciona a los funcionarios que se interesen en algún acto de la administración pública y que ejercen influencia para obtener alguna resolución que favorezca dicho acto. Según la Fiscalía contra la Corrupción, Bac se interesó en la construcción de la carretera hacia una comunidad inexistente, donde lo único que funciona es un Spa de su familia, como lo evidenció una investigación de elPeriódico. La obra tuvo un costo de Q1.9 millones.
Si un tribunal encuentra culpable a Bac, puede otorgarle el beneficio de la conmuta. Bac fue citada a primera declaración en diciembre del año pasado pero la audiencia se ha postergado debido a amparos interpuestos por la defensa de Bac, quien no se muestra preocupada por el señalamiento.
En el caso del Libramiento de Chimaltenango, también a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, son nueve los procesados por fraude, entre ellos el exdirector de Caminos Hanser Pérez y Luis Benito. La pena para el delito de fraude es prisión de cinco a 10 años e inhabilitación especial. Si llegado el momento de una sentencia, un juez decide aplicar la mínima, de cinco años, ambos funcionarios podrían pagar para no ir a prisión.
Una investigación de la FECI vincula a Benito con el hallazgo de los Q122 millones ocultos en maletas en una residencia de La Antigua Guatemala. El juez también podría aplicar la parte específica del delito de fraude, cuando se trata de fines asistenciales o programas de apoyo social, la penal se aumentará en dos terceras partes.
Suaviza penas
En el caso Comisiones Paralelas 2020, a los señalados por el presunto amaño en la nominación de candidatos a integrar las Cortes de justicia se les procesa por asociación ilícita, tráfico de influencias y violaciones a la constitución. Si en estos dos delitos se sancionara con penas menores a cinco años, ambos aplicarían para la conmuta.
La FECI documentó visitas de Gustavo Alejos por parte de comisionados, aspirantes y otros actores de influencia en el proceso de postulación para integrar las Cortes de justicia. El caso alcanza a magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, protegidos por el derecho de antejuicio.
Muchos de los casos de la FECI sustentan acusaciones por asociación ilícita y lavado de dinero.
Más de cinco años, prisión
El ponente de la inconstitucionalidad, Julio García-Merlos divulgó un comunicado en el que expone que “cualquier condena que supere los cinco años en estos delitos seguirá siendo inconmutable, como en los casos de los delitos que tradicionalmente se asocian con la corrupción: cohecho, peculado, malversación, fraude y tráfico de influencias.
Este último tiene una pena máxima de seis años, por lo que serán los jueces los que controlen los márgenes de la conmuta que la CC ha despejado.
