Esta semana, Guatemala dio algunos pasos serios en la dirección equivocada cuando se trata de combatir la corrupción y proteger a quienes salvaguardan los intereses vitales del país. El lunes, las autoridades emitieron órdenes de arresto y anunciaron acciones legales contra personas que habían sido fundamentales en la lucha contra la corrupción en el caso de soborno de Odebrecht.
antilavadodedinero / Transparencyinternational
Si sigue la corrupción en América Latina, probablemente esta no sea la primera vez que escuche hablar de Odebrecht. En 2015, salieron a la luz acusaciones de que el gigante de la construcción con sede en Brasil había pagado más de US$780 millones en sobornos para ganar contratos y beneficios en América Latina.
Los países de América Latina manejaron el caso de manera diferente, pero Guatemala fue un punto brillante. A través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -organismo internacional independiente encargado de investigar y juzgar crímenes de gran escala en Guatemala- y el trabajo de investigadores honestos y capaces, el país encarceló a los responsables , incluido el excandidato presidencial Manuel Baldizón y el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Alejandro Sinibaldi.
Pero durante su mandato el anterior presidente Jimmy Morales comenzó a desmantelar tales avances. En 2019 Morales rescindió el acuerdo con Naciones Unidas que creó la CICIG, creando condiciones para que el Estado sea cooptado por las élites económicas y políticas , ciertos sectores del empresariado y el crimen organizado.
Desafortunadamente, el actual presidente Alejandro Giammatei ha seguido el ejemplo de Morales, permitiendo el desmantelamiento continuo de los esfuerzos anticorrupción. Durante esta presidencia, actores corruptos se han apoderado del sistema judicial y han obligado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por combatir la corrupción y desencadenaron las detenciones injustificadas de los periodistas, como José Rubén Zamora , quien lleva 6 meses en la cárcel. Ayer mismo, las autoridades guatemaltecas emitieron una orden de captura contra los abogados de Zamora por “obstaculizar” la investigación.
Tal obstrucción continuó la semana pasada cuando a Baldizón se le permitió salir de prisión luego de pagar una fianza de US$229.640. Hay sospechas de que Sinibaldi también puede ser liberado pronto. La liberación estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, Rafael Curruchiche, quien el año pasado fue incluido en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos por entorpecer las investigaciones.
Continuando por este peligroso camino, el lunes Curruchiche emitió órdenes de arresto para varios de los que ayudaron a que se rindieran cuentas por el caso Odebrecht, incluido David Gaitán, miembro de Transparencia Internacional Guatemala y ex investigador de la CICIG. La oficina también anunció acciones legales contra Iván Velázquez, el actual Ministro de Defensa de Colombia, quien dirigió la CICIG durante muchos años. Este fue un día sombrío para un país, y una región, que ya luchan contra la corrupción.
América Latina obtuvo 43 de 100 por tercer año consecutivo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021 . Guatemala obtuvo solo 25 de 100 y ha disminuido significativamente su puntaje durante la última década.¿Se pregunta cómo le fue a Guatemala en el IPC 2022 que sale este mes? Vuelva a consultar el martes 31 de enero para ver cómo le va.
