Según el Gobierno nacional, entre el 2007 y 2019 el monto total por corrupción en el país se estimaría en los $ 67.729,4 millones. La aclaración se hizo frente a los reclamos de los dirigentes y asambleístas del ahora movimiento político Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa, de que no es real la cifra de $ 70.000 millones en hechos de corrupción que han afectado al país y que mencionó el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 13 de septiembre, durante la firma del memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la conformación de la Comisión Interinstitucional Anticorrupción.
Antilavado de dinero / El Universo.
El consejero presidencial para los asuntos anticorrupción, Luis Verdesoto, les remitió este 23 de septiembre un documento en el que les explica que la cifra se obtuvo de un análisis realizado por equipos técnicos del régimen, con base en los montos de inversión para la obra pública y compras públicas realizadas entre el 2007 y 2019.
Se hace referencia a once áreas de proyectos de inversión como las hidroeléctricas, refinerías, poliductos, edificios, aeropuertos, planta de licuefacción de gas, terminal marítimo, vías y carreteras, unidades educativas y hospitales, de lo que se concluyó que un monto aproximado de sobreprecio fue del 34 %.
Ese 34 % para la inversión pública significaría en corrupción, ajustado por la inflación, $ 36.126,1 millones en el periodo de análisis.
En tanto, entre el 2009 y 2019 dicho porcentaje en compras públicas asciende tentativamente a los $ 31.603,3 millones en corrupción.
Es así como “para el periodo 2007-2019 el monto total de corrupción se aproxima a los $ 67.729,4 millones”, cita el documento suscrito por Verdesoto, y que fue remitido a la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES), así como a las autoridades de distintas funciones del Estado.
En el documento, Verdesoto les aclaró que la corrupción se configura “cuando en el ejercicio de una autoridad, sin sentido del bien común, hace uso de sus atribuciones de contratación de obras y funcionarios procurando beneficios particulares”.
Anticipó que pronto se informará “cómo se efectúan gastos públicos en subsidios del gas y gasolinas que no llegan a los sectores sociales pobres; y las transferencias que llegan a los no pobres dentro y fuera del país, que son gastos que deben ser clasificados como corrupción”.
El pasado 13 de septiembre, Lasso manifestó que a Ecuador le habría costado la corrupción $ 70.000 millones en los últimos catorce años, lo que equivaldría al 100 % de la deuda pública.
Ello generó desazón en el correísmo, que impulsó una campaña en las redes sociales, en la que mencionaban que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no reporta un informe que señale un perjuicio al Estado por $ 70.000 millones durante el gobierno pasado entre el 2007 y 2017.
