Se trata de uno de los casos más importantes de Haití tras el brutal asesinato del presidente Jovenel Moïse este verano, y ahora han desaparecido archivos clave de la investigación de un homicidio.
Antilavado de Dinero / El Nuevo Herald.
En algún momento de finales de octubre, desconocidos irrumpieron en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe y se llevaron una pesada caja fuerte de la cámara de secretarios, donde estaban guardados, entre otras cosas, documentos de evidencia reunidos en el asesinato del jefe del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval.
Dorval, que vivía en el mismo barrio de Pèlerin 5 que el presidente, recibió múltiples disparos a corta distancia en la entrada de su casa el 28 de agosto de 2020. El impactante asesinato ocurrió un año antes que el de Moïse y apenas unas horas después que Dorval concediera una explosiva entrevista de radio en la que criticaba la falta de gobernabilidad del país y los polémicos esfuerzos de reforma constitucional del presidente.
Ahora la desaparición de los archivos de la investigación de Dorval hace que algunos se pregunten si el abogado y respetado experto en Derecho constitucional encontrará justicia alguna vez, y también se preguntan qué dice sobre el posible destino de la investigación de Moïse, que se ha visto obstaculizada por interferencias políticas, errores de procedimiento y, ahora, por la muerte por COVID-19 de uno de los sospechosos encarcelados.
“Cada vez que hay un caso de gran envergadura que llega al Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, ya sea por el uso de armas o por grandes sumas de dinero, los expedientes siempre desaparecen”, dijo Ainé Martin, que dirige la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales de Haití. “Los que formamos parte de la Asociación Nacional de Secretarios de Haití consideramos que esto es una vergüenza nacional porque sigue ocurriendo”.
Bernard Saint-Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, confirmó el robo y dijo que la policía está investigando.
También confirmó que el despacho del juez de instrucción Garry Orélien, que dirige la investigación secreta sobre el asesinato de Moïse, también fue allanado. A pesar que la puerta de Orélien fue forzada, Saint-Vil dijo que no se había robado ningún documento porque había tomado las medidas de precaución de guardar los archivos fuera de su oficina en un lugar secreto.
Martin, el presidente de la Asociación de Secretarios, quien no está completamente convencido que los archivos del presidente no han sido manipulados. Algunos documentos de la investigación judicial en curso sobre el asesinato de Moïse en plena noche del 7 de julio, dijo, estaban en el despacho de Orélien y era evidente que habían sido manipulados, lo que significa que “podrían faltar algunas páginas”.
Pero el objetivo, según Martin, eran los expedientes de Dorval, que se guardaban en la caja fuerte junto con otros documentos sensibles, entre ellos 12 años de declaraciones de bienes realizadas en la jurisdicción de Puerto Príncipe.
RÉCORD DE ROBOS EN LOS TRIBUNALES
A lo largo de los años ha habido varios ejemplos de robos en los juzgados en los que han desaparecido documentos e incluso dinero en efectivo en casos penales después que alguien logró entrar al despacho de un juez con un juego de llaves. Pero pocos recuerdan la última vez que se llevaron una caja fuerte entera.
Sin embargo, este último robo es la segunda vez que la evidencia de la investigación del asesinato de Dorval son el objetivo.
Dos meses después del asesinato del abogado, unos desconocidos entraron en el despacho del juez de instrucción asignado al caso y se llevaron un teléfono celular, una tarjeta SIM, dinero y otras pruebas recogidas durante la investigación policial. El robo ocurrió después que los medios de comunicación informaron que los investigadores haitianos habían rastreado uno de los teléfonos celulares hasta varias personas, entre ellas un empleado del Ministerio del Interior.
En el momento del primer allanamiento, Saint-Vil dijo que no había señales de que se hubiera forzado la entrada, y el secretario general de la Federación de Colegios de Abogados de Puerto Príncipe, Robinson Pierre-Louis, dijo que el teléfono en cuestión se había guardado en otro lugar junto con otras pruebas vitales.
Pierre-Louis dijo que, a diferencia de la primera vez en que las pruebas de Dorval fueron el objetivo, esta vez fueron al extremo.
“Lo que es extraño es que se llevaran la caja fuerte; algo que pesa tanto”, dijo, señalando que había insistido en reforzar la seguridad después del robo del año pasado. “Repetiré lo que siempre he dicho: ‘Este es un caso que presenta muchos problemas debido a las personas que están implicadas; estas personas son poderosas’”.
Para subrayar su punto, Pierre-Louis señaló que el juez instructor, Rénord Régis, presentó su renuncia este mes de septiembre después de que su equipo de seguridad y su vehículo fueran retirados, y de que supuestamente fuera objeto de amenazas. Régis también se sintió frustrado por la falta de apoyo de la fiscalía, que no ejecutó su citación para que ciertos personajes de alto nivel relacionados con el Palacio Nacional comparecieran ante él para dar testimonio.
En su carta de renuncia dirigida al Consejo Superior del Poder Judicial de Haití el 15 de septiembre, Régis, que desde entonces ha huido a Estados Unidos, dijo que las condiciones generales que caracterizan el funcionamiento del sistema judicial en Haití lo decepcionaron “tan profundamente” que no tuvo más remedio que abandonar el cargo.
“Ya había completado 70% de la investigación”, dijo Pierre-Louis. “De las ocho personas que el juez quería escuchar, solo me escuchó a mí”.
UN CASO CRÍTICO
Pierre-Louis dijo que, a pesar de los expedientes desaparecidos y quizá de las pruebas –ni él ni Martin están seguros de que algunas de las pruebas, como los teléfonos celulares, estuvieran en la caja fuerte–, el caso Dorval debe resolverse.
“Es una obligación para nosotros”, dijo. “Si no se hace justicia en este caso, es posible que se cierren las puertas de los juzgados y se olviden de la justicia en este país; es posible que cierren todo lo que tenga que ver con un sistema judicial”.
En cuanto al destino pendiente de la investigación sobre Moïse, Pierre-Louis dijo: “Si se hubiera asegurado de que Dorval recibiera justicia, él también la encontraría. Hizo todo lo posible para boicotearla… Cuando le pedí una investigación judicial internacional independiente, nunca lo aceptó”.
Organizaciones internacionales, entre ellas el Colegio de Abogados de Estados Unidos y grupos haitianos habían han criticado al gobierno de Moïse por su incapacidad para hacer avanzar la investigación de la muerte de Dorval y por la negativa del difunto presidente a obtener ayuda exterior. Esas críticas se reavivaron tras el último allanamiento.
“Representa un duro golpe a la justicia y a los justicieros en la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe”, dijo la organización de derechos humanos con sede en Puerto Príncipe, Fundación Ojos Abiertos (Fondasyon Je Klere o FJKL), sobre el descarado robo.
“Después de obligar a exiliarse al juez encargado del caso, negándose a ejecutar sus órdenes, ahora son los archivos de la investigación, junto con los documentos del expediente, los que han desaparecido”, dijo la organización en un comunicado. Acusó al Estado haitiano de trivializar “el derecho a la vida” y mantener y fortalecer “un orden público asesino y un Estado mafioso”.
“¿Por qué el Estado se niega sistemáticamente a tomar las medidas necesarias para facilitar la investigación del asesinato de [Dorval]? ¿Por qué el Estado sigue sin querer buscar la cooperación judicial internacional para esclarecer el asesinato?”, se preguntó la organización. “¿Cuál es la responsabilidad del Estado en este atroz crimen?”.
El maltrecho sistema judicial haitiano lleva mucho tiempo plagado de corrupción generalizada y falta de recursos. Los despachos de los jueces están desnudos, a veces ni siquiera una computadora tienen; las fotocopiadoras suelen estar averiadas o sin tinta; y los testimonios son escritos a mano por secretarios judiciales que traen su propio papel de casa.
Algunos jueces también se han quejado de que, tras dictar sentencia, a menudo tienen que coger autobuses públicos, a veces compartiendo el viaje en autobús con los familiares de los nuevos condenados, porque sus míseros salarios no les permiten comprar un vehículo.
“El poder judicial es tan corrupto que las autoridades no ponen los medios para que los secretarios puedan hacer su trabajo. Aunque te den una computadora, no te facilitan una impresora”, explica Martín, que considera que el robo forma parte de un problema más profundo y endémico del sistema.
EL EXPEDIENTE DESAPARECE Y EL TESTIMONIO TAMBIÉN
Las investigaciones judiciales, que son similares a las de un jurado de instrucción en Estados Unidos, suelen ser objetivo de los ladrones de documentos, dijo Martin, y a menudo el testimonio se toma en un bloc de notas. La hoja se arranca después y se coloca en un archivo “y una vez que ese archivo desaparece, lo mismo ocurre con el testimonio”.
“Ni siquiera se da la posibilidad de grabar. Si lo hubieran facilitado, ahora mismo no estaríamos hablando de la falta de disponibilidad de folios ni de los testimonios que faltan”, añadió.
En todo procedimiento judicial se supone que se hacen copias a lo largo del mismo, pero no siempre es así en Haití, dijo Martin, lo que aumenta su frustración. “Se supone que el sistema judicial no puede perder un expediente”.
En agosto, la Asociación de Secretarios Judiciales se dirigió por escrito a las autoridades judiciales solicitando un aumento de la seguridad en el tribunal, que está a pocos metros de un bastión de pandillas y una infame guarida de secuestradores en el centro de Puerto Príncipe. Entre las peticiones: mejor iluminación, cámaras de seguridad y una presencia policial constante.
“No se ha hecho nada”, dijo Martin, quien cree que el juzgado se ha dejado intencionadamente vulnerable a los robos para facilitar la desaparición de documentos y la corrupción. “Hemos dicho que tiene que haber seguridad las 24 horas del día dentro del Palacio de Justicia, tiene que haber cámaras instaladas para poder seguir los pasos de los ladrones”.
Martin dijo que las autoridades judiciales están tratando de reconstruir los expedientes de investigación de Dorval con la ayuda de la Dirección Central de la Policía Judicial.
“Es posible que puedan reconstruir algunos, pero no todos”, dijo.
