La cuenta del dinero incautado por Costa Rica en casos de capitales emergentes crecerá de forma considerable cuando quede en firme la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que ordenó decomisar $6,6 millones ligados a un caso de presunto lavado de dinero de Alejandro Toledo.
Según esa sentencia, el banco Scotiabank ofreció «facilidades» para que ese dinero —que presuntamente es producto de sobornos al expresidente de Perú, Alejandro Toledo— ingresara a Costa Rica, sin que el citado juzgado pudiera comprobar el origen lícito del mismo, de forma que fue incautado.
El dinero estaría ligado al caso Odebrecht, sobre las supuestas dádivas que una constructora brasileña del mismo nombre dio a funcionarios públicos de países latinoamericanos a cambio de beneficios en contrataciones estatales, razón por la que Toledo es acusado de corrupción y lavado.
Los $6.635.267 cuya procedencia lícita no pudo acreditarse ahora quedarán en manos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), cuyo director, Fernando Ramírez, confirmó a este medio que se trata de una «cifra récord» en cuanto a decomisos producto de casos sobre capitales emergentes.
La Ley contra la delincuencia organizada establece que quienes no puedan «justificar su patrimonio o los incrementos emergentes» perderán dicho patrimonio, resultando «irrelevante» la causa ilícita detrás del monto no justificado, pues ese es un asunto propio de la material penal.
Los procesos por capitales emergentes se tramitan en juzgados contencioso-administrativos, como fue el caso de los $6,6 millones que un juzgado ordenó trasladar al ICD el pasado abril. Según la citada ley, esa institución es la encargada de administrar y distribuir esos recursos.
La cifra «récord» de $6,6 millones representa un aumento del 57% con respecto al total de recursos que el ICD ha recibido tras sentencias sobre capitales emergentes desde que la ley se aprobó en 2009. El primer decomiso por casos de este tipo se registró en 2012.
Hasta el 31 de mayo de 2023, el ICD había administrado en torno a ₡6.200 millones provenientes de decomisos de capitales emergentes. Pero ese monto no incluye los más de $6,6 millones vinculados a los supuestos sobornos recibidos por el expresidente peruano.
Al tipo de cambio del 14 de julio del Banco Central, ese monto representa unos ₡3.575 millones, el 57% de lo que se había recaudado hasta finales de mayo de este año. Es decir, el monto incautado recientemente es «bastante considerable», en palabras del director del ICD.
Ramírez señaló que la cantidad de dinero que se decomisa ha aumentado desde 2019, y recordó que hasta finales de ese año se habían recuperado apenas unos ₡500 millones. Eso significa que en los últimos tres años y medio estos recursos se han multiplicado por 7, sin contar la cifra récord reciente.
El ICD ahora debe esperar que la sentencia se confirme y después corresponde un trámite legislativo para pedir un presupuesto extraordinario que refleje el monto incautado, de forma que pueda ser transferido a las instituciones respectivas, según el jerarca de la institución.
