El Salvador será el primer país del mundo en convertir el bitcoin en moneda de curso legal. La iniciativa fue aprobada en junio por el Parlamento, dominado por el oficialismo de Nuevas Ideas, una formación de línea social conservadora, y entrará en vigor a principios del próximo mes de septiembre.
Antilavadodedinero / LavozdG
«Es uno de los catorce acontecimientos más importantes en doce mil años de de historia del dinero», llegó a presumir el presidente, Nayib Bukele, cuestionado recientemente por promover la destitución de jueces y del fiscal general del país centroamericano, de unos 6,5 millones de habitantes.
Con este cambio, todo agente económico deberá aceptar el bitcoin como forma de pago a partir de septiembre, incluidos individuos, empresas, y todas las instituciones estatales, en un país donde, actualmente, la moneda de curso legal es el dólar estadounidense. El Salvador va a garantizar la convertibilidad de los billetes, que será libre de impuestos, a través de un fideicomiso en un banco estatal.
Una de las intenciones del Gobierno es reducir las barreras y el coste para el ciudadano que supone el envío de remesas al país, que supone hasta el 20 % del PIB anual, después del masivo éxodo durante años de cientos de miles de salvadoreños, la mayoría con destino a EE.UU., que escapaban de la miseria y de la delincuencia en busca de futuro mejor.
El Gobierno incluso ha anunciado que está preparando la emisión de bonos públicos basados en bitcoin, y que ha dado orden de utilizar la energía geotérmica generada por los volcanes para producir la criptomoneda de modo barato y sostenible. La iniciativa ha atraído hacia El Salvador la atención de numerosos inversores internacionales y entusiastas de la moneda virtual, pero también críticas y advertencias del sector financiero.
Uno de los primeros reveses lo dio el Banco Mundial, que se negó a dar asistencia técnica al país durante la transición al bitcoin, alegando falta de transparencia gubernamental con respecto al proyecto, y también motivos medioambientales. El bitcoin se crea a través del proceso de «minado», un sistema mediante el cual se genera cada unidad de la moneda digital, a través de ordenadores que resuelven acertijos matemáticos, consumiendo mucha energía.
Se calcula que el minado anual de bitcoin consume tanta electricidad como toda la población de Argentina, en el mismo espacio de tiempo. JP Morgan también ha alertado de que el establecimiento de la criptomoneda en El Salvador podría generar una falta de liquidez de bitcoin, limitando su potencial como medio de intercambio, y también su atractivo. La actividad de pagos de bitcoin en el país supondría el 4% de las transacciones mundiales de la criptomoneda.
Los críticos con la medida alertan de la enorme amenaza que supone utilizar el bitcoin como reserva del dólar, dada su volatilidad, como la mayoría de las criptomonedas. «El principal riesgo, en cualquier caso, es jugar al casino virtual con el bienestar de las personas, quienes, por la forma en cómo quedó establecida la ley, serán quienes asuman el riesgo cambiario», advierte el economista Ricardo Castaneda, coordinador en El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Otra de las amenazas para El Salvador es el mercado negro que podría generarse con la criptomoneda. «Existe el riesgo de que el país se convierta en un paraíso para el lavado de dinero, al no tener la institucionalidad que se requiere para regular las transacciones de una criptomoneda.
También de que se cierren las ventanas de crédito. Para mí, el acuerdo que se estaba negociando con el FMI lo tiraron a la borda, y eso te cierra las posibilidades con otros organismos, a lo que se le suma un aumento galopante del perfil de riesgo y una caída del precio de los bonos», asegura el analista.
Este experto cree que el bitcoin podría suponer una «hecatombe» para el país. «La familia del presidente ve esto como una enorme oportunidad de negocio. También como una forma de saltarse las posibles sanciones que pudiera imponer EE.UU. por los actos de corrupción y autoritarismo. Parece claro que no dimensionaron todas las implicaciones y riesgos de una decisión de esta naturaleza», considera Castaneda.
