Las bandas narcotraficantes colombianas de los años 80’, con su estructura jerárquica sólida, violencia extrema, corrupción sistémica y alianzas estratégicas, transformaron el narcotráfico en un fenómeno extremadamente complejo. Este período dejó un legado que sigue influyendo en la dinámica del crimen organizado en Colombia y en el ámbito internacional, mientras que en la actualidad se refleja un conflicto multidimensional en el que la violencia, el narcotráfico y la corrupción siguen teniendo efectos devastadores en la sociedad colombiana.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, la lucha por el control territorial y el tráfico de drogas continúa afectando tanto a las regiones rurales como urbanas.
La búsqueda de legitimidad por parte de estas bandas y su capacidad para influir en la política y la economía local complican aún más la resolución de este conflicto. La situación sigue siendo un desafío significativo para la estabilidad y la paz en el país, y requiere un enfoque integral que no solo aborde el aspecto militar, sino que también fortalezca la presencia estatal en las áreas afectadas, promueva el desarrollo económico y social, y combata la corrupción.
Años 80’, años de liderazgo
A finales de la década del 80’ las bandas narco colombianas se caracterizaron por una estructura jerárquica sólida, con líderes carismáticos que controlaban las operaciones y una red de operativos que ejecutaban las órdenes. Además, utilizaban la violencia extrema como herramienta para mantener el control territorial y eliminar a la competencia, lo que incluía asesinatos, secuestros y atentados, como los perpetrados por el Cartel de Medellín. La corrupción era enorme ya que las bandas estaban profundamente infiltradas en las instituciones gubernamentales, lo que les permitía operar con impunidad.
La corrupción se extendía a la policía, la política y otros sectores. Durante esta década se hacía producción y tráfico de cocaína, estableciendo laboratorios en zonas remotas, y creando rutas hacia Estados Unidos y Europa. A menudo formaban alianzas con otras organizaciones criminales y grupos guerrilleros, pero también mantenían rivalidades intensas, lo que generaba guerras territoriales.
Algunas bandas intentaron ganar apoyo social a través de donaciones y obras comunitarias, buscando legitimarse ante la población. Durante esos años, usaban tecnologías avanzadas para el transporte y la comunicación, así como tácticas sofisticadas para evadir la detección por parte de las autoridades.
Fue así como el narcotráfico se convirtió en un fenómeno complejo, con profundas repercusiones en la sociedad colombiana y en la política internacional. La violencia desatada por los carteles y la corrupción que generaron sumieron a Colombia en una crisis institucional, mientras que Estados Unidos intensificaba su lucha contra el narcotráfico a través de la DEA y otros organismos.
Los Años Dorados
Los carteles de drogas en Colombia durante los años 80 fueron actores clave en el auge del narcotráfico a nivel mundial, influyendo profundamente en la política, la economía y la sociedad del país. Los dos más importantes fueron el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, que dominaron el comercio ilícito de cocaína.
El Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, fue uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de la historia, dominando el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y otros países durante la década de 1980. Fue fundado a mediados de los años 70’ por Escobar y otros narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias «El Mexicano», los hermanos Ochoa (Jorge Luis, Fabio y Juan David) y Carlos Lehder. Se centró en la producción, distribución y venta de cocaína, aprovechando el aumento de la demanda de esta droga en Estados Unidos.
Durante los años 80’, el Cartel de Medellín llegó a controlar alrededor del 80% del tráfico de cocaína mundial, convirtiendo a Escobar y sus socios en algunos de los hombres más ricos y peligrosos del mundo. En su apogeo, el cartel tenía una vasta red de producción de cocaína en la selva, rutas de contrabando aéreas y marítimas, y operaba laboratorios en Colombia y otros países latinoamericanos.
A diferencia del Cartel de Cali, que prefería tácticas de soborno y corrupción, el Cartel de Medellín era conocido por su extrema violencia. Pablo Escobar promovió una estrategia de «plata o plomo», ofreciendo sobornos a funcionarios y autoridades, o asesinándolos si se resistían. Esta táctica generó una ola de terror en Colombia. El cartel ejecutó numerosos actos de terrorismo contra el Estado colombiano. Uno de los ataques más devastadores fue la explosión del vuelo 203 de Avianca en 1989, donde murieron 110 personas. El objetivo era asesinar al candidato presidencial César Gaviria, quien no estaba a bordo.
Mientras que el Cartel de Cali optaba por métodos más discretos y estratégicos, lo que les permitió operar con un perfil bajo durante gran parte de su apogeo. Fue fundado y liderado principalmente por los hermanos Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela, junto con otros socios importantes como José Santacruz Londoño y Hélmer «Pacho» Herrera.
Estos líderes conformaban una estructura jerárquica bien organizada y con divisiones específicas dentro del cartel. El Cartel de Cali optó por evitar la violencia extrema que caracterizaba al Cartel de Medellín. En lugar de confrontar al gobierno directamente, prefirieron infiltrarse en instituciones gubernamentales, policiales y judiciales a través de sobornos. Esta táctica les permitió operar con menos interferencias por parte de las autoridades.
Los carteles de hoy
En la actualidad, los carteles de drogas en Colombia han evolucionado significativamente desde los días de los poderosos Carteles de Medellín y Cali. Aunque las grandes organizaciones jerárquicas como esas ya no existen de la misma forma, el tráfico de drogas sigue siendo una actividad dominante en el país, controlada ahora por estructuras más fragmentadas y menos centralizadas.
A diferencia de los carteles gigantes de décadas pasadas, el tráfico de drogas en Colombia hoy está controlado por grupos más pequeños y dispersos. Esta fragmentación hace que sea más difícil para las autoridades golpear una sola estructura de poder.
Las bandas narcotraficantes colombianas adaptaron sus estrategias para enfrentar un entorno cambiante. Muchas organizaciones fragmentaron su estructura, operando en grupos más pequeños y autónomos para evitar la captura de líderes. Además del tráfico de cocaína, diversificaron sus operaciones hacia otros delitos, como la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. Utilizan tecnologías modernas para la comunicación, logística y transporte, incluyendo drones y cifrado en sus comunicaciones. Establecieron nuevas rutas de tráfico, aprovechando países vecinos y rutas marítimas menos vigiladas para evadir a las autoridades. Forman alianzas con grupos criminales en otras regiones y países, así como con organizaciones internacionales para ampliar su red de operaciones. Para poder ser parte de la sociedad intentan ganar la aceptación social a través de donaciones y apoyo a comunidades, buscando legitimidad y reduciendo la oposición.
Continúan, como en la década del 80’, manteniendo redes de corrupción dentro de las instituciones gubernamentales y policiales para facilitar sus operaciones. Desarrollan estrategias de resistencia frente a la presión del Estado y las fuerzas de seguridad, adaptándose rápidamente a las tácticas de las autoridades. Estas estrategias les permitieron mantenerse relevantes y operativas a pesar de los esfuerzos continuos del gobierno y la comunidad internacional para desmantelar sus redes.
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es actualmente el grupo criminal más grande y poderoso de Colombia. Este grupo se originó de antiguos paramilitares desmovilizados que formaban parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Bajo el liderazgo de Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», el Clan del Golfo llegó a controlar una gran parte del tráfico de cocaína en el país.
Opera principalmente en la región de Urabá, en los departamentos de Antioquia y Chocó, y tiene una fuerte presencia en rutas hacia el Caribe y el Pacífico, desde donde transporta la cocaína a mercados internacionales, en particular a Estados Unidos y Europa. Aunque Otoniel fue capturado en octubre de 2021, el grupo sigue activo y resistió la presión estatal, aunque ahora está más fragmentado.
Los Rastrojos es otro grupo narcotraficante con origen en estructuras paramilitares. Su base de operaciones está principalmente en las zonas fronterizas con Venezuela y se dedican tanto al tráfico de drogas como a actividades relacionadas con el contrabando y la extorsión. Hace algunos años, los Rastrojos perdieron terreno frente a otros grupos, pero siguen siendo una organización importante en algunas áreas del suroeste de Colombia, donde colaboran con otros grupos criminales para mover cocaína a través de Venezuela.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el último grupo guerrillero activo en Colombia con un enfoque marxista-leninista, pero en las últimas décadas pasó de ser una insurgencia política a involucrarse fuertemente en el narcotráfico. Aunque no es un cartel en el sentido clásico, el ELN financia sus operaciones con ingresos derivados del tráfico de cocaína, especialmente en las áreas que controlan en los departamentos del Catatumbo, Cauca y Nariño.
El ELN también está involucrado en extorsión, minería ilegal y secuestros, y sigue representando una amenaza significativa para la seguridad en Colombia, mientras continúan las negociaciones de paz intermitentes con el gobierno.
Las disidencias de las FARC surgieron después de la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque la mayoría de los combatientes de las FARC se desmovilizaron, algunos frentes decidieron no acogerse al acuerdo y continuaron con actividades delictivas, incluido el narcotráfico. Estas disidencias operan en regiones productoras de coca como el Cauca, Nariño y Putumayo, y establecieron alianzas con carteles internacionales. Las facciones más conocidas son las dirigidas por alias Iván Mordisco y Gentil Duarte, que rechazan el proceso de paz y continúan la lucha armada mientras controlan zonas clave de producción y tráfico de cocaína.
A su vez, los Caparros es un grupo más pequeño que surgió como una escisión del Clan del Golfo, operando principalmente en el Bajo Cauca antioqueño. Aunque en años recientes fue debilitado por el gobierno y por la guerra con el Clan del Golfo, este tipo de grupos armados más pequeños sigue apareciendo en diferentes regiones del país, a menudo compitiendo por el control de territorios clave para el narcotráfico.
Lucha entre bandas
La lucha por el control de zonas estratégicas trajo como consecuencia enfrentamientos violentos, asesinatos y desplazamientos forzados. Las rivalidades entre grupos generaron un aumento de la violencia en varias regiones, especialmente en el Catatumbo y la costa caribeña. Además del narcotráfico, estas bandas se dedican a la extorsión y otros delitos, ejerciendo control sobre comunidades y cobrando “impuestos” a los comerciantes.
Algunas bandas forman alianzas temporales para fortalecer su posición contra rivales, mientras que otras se enfrentan a grupos armados ilegales como el ELN. Buscan legitimar su presencia mediante actividades sociales y económicas, ganando apoyo popular en áreas donde el Estado es percibido como ausente o débil. La influencia de estas bandas se extiende a la corrupción y al financiamiento de campañas políticas, afectando la gobernabilidad y la seguridad en varias regiones.
El gobierno colombiano intensificó los esfuerzos para combatir estas organizaciones, aunque la violencia y la corrupción siguen siendo desafíos significativos. Esta dinámica actual refleja un conflicto complejo, en el que la violencia y el narcotráfico continúan afectando gravemente a la sociedad colombiana.
