El Congreso Nacional (CN), pretende iniciar la discusión de un dictamen encaminado a reformar la Ley Especial de Lavado de Activos en Honduras.
Antilavadodedinero / Hondudiario
Dicha reforma es cuestionada por las bancadas de oposición, ya que señalan, tendría como finalidad brindar más protección a la clase política implicada en actos de corrupción en el país.
En ese sentido, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, sostuvo que la votación de reforma para la Ley de Lavado de Activos estaría apoyada por nacionalistas y liberales.
“Hoy se tiene contemplado reformar dicha Ley y le estarían dando el último zarpazo a la justicia”, expresó en entrevista con Radio América.
“Hoy se terminan de blindar los corruptos y narcotraficantes de este país, que ya lo habían hecho en temas de corrupción cuando bloquearon al Ministerio Público a través de las reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas”, añadió.
Asimismo, lamentó que con la normativa se busque limitar las acciones del Ministerio Público (MP), pues según detalló, para una investigación financiera si no existe la autorización de un juez la misma no procedería.
“Si los jueces dicen no, entonces no va a haber ninguna investigación”, deploró.
Indicó que las sospechas de transacciones ilícitas no servirían de prueba en un juicio de lavado de activos ni en un juicio de aseguramiento de bienes.
“Esa sería la cereza del pastel con el que se estarían terminando de blindar”, criticó.
En esa misma línea, la diputada por el Partido Liberal, Karla Medal, es del criterio que esta reforma estaría limitando la acción del Ministerio Público.
“Uno de los artículos contempla que para que el Ministerio Público pueda tener acceso a la información por parte de la Unidad de Investigación Financiera adscrita a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) debe existir una orden judicial previa por parte de los órganos jurisdiccionales”, explicó.
Además, que actualmente la Fiscalía para conocer de esta información no requiere pasar por los órganos jurisdiccionales.
Medal añadió que este sería un golpe a la democracia que atenta y promueve el flagelo de la corrupción y la impunidad en el país.
La congresista hizo hincapié en que la reforma va dirigida a muchos “politiqueros corruptos” que se “habrían aprovechado del poder” para enriquecerse.
Lamentó que para esta reforma en el Congreso solo se requiera de la mayoría simple, es decir, 65 votos de los 128 escaños en la Cámara.
