Para la justicia, la empresa de la familia Kirchner Hotesur SA sólo fue una “pantalla sin fines comerciales reales” durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que se utilizó sólo como un medio para lavar dinero por 80 millones de pesos entre 2009 y 2013. La empresa hotelera es dueña del hotel Alto Calafate, atraviesa uno de los momentos más crítico: la firma está acéfala hace seis años, intervenida hace cinco, con poca rentabilidad y bajo una reiterada sugerencia de disolución. Fue la principal empresa de la ex familia presidencial y a través de la cual Lázaro Báez le garantizó ingresos por más de 30 millones de pesos.
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La acusación judicial indica que Cristina Kirchner y sus hijos, junto a Lázaro Báez. montaron una estructura de lavado de dinero a través de la actividad hotelera. El dueño del Grupo Austral fue el responsable de explotar Hotesur SA a través de su firma Valle Mitre SRL, creada un mes antes de que Néstor Kirchner adquiriera por más de cinco millones de dólares el hotel Alto Calafate. Con el correr de los años, Báez también utilizó siete de sus empresas para simular -indica la imputación- contratación de habitaciones de los hoteles de los Kirchner, que nunca utilizó.
Esas maniobras se concretaron entre 2009 y 2013 y tienen número asignado por los investigadores: en ese período el contratista K pagó a los Kirchner 27,5 millones de pesos por el gerenciamiento del Alto Calafate y más 11 millones por habitaciones que contrató y que nunca utilizó. La Justicia concluyó que, junto a otras operaciones, se blanquearon 80 millones de pesos.
Todo ocurrió mientras Báez recibía contratos viales por 46.000 millones de pesos, cuya legalidad está bajo juicio oral desde 2019. Por ello, la acusación sostiene que ambos sucesos están conectados. Los investigadores sostuvieron que además de estas operaciones hoteleras hubo más de 15 compra-ventas de terrenos y propiedades entre Báez y los ex presidentes. Esta liquidez les habría permitido -con la participación de Máximo Kirchner-, comprar el hotel Las Dunas por 700.000 dólares y el Alto Calafate, por 4.900.000 dólares.
Ese supuesto entramado de lavado de dinero a través de los hoteles fue elevado a juicio oral hace tres años. El caso por el momento no avanza en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que preside el juez Daniel Obligado, el mismo que redujo la condena de Amado Boudou y le concedió el arresto domiciliario hace casi un año. Pero el caso tiene entre sus acusados a Máximo y Florencia Kirchner, y por eso se convirtió en una preocupación para la vicepresidenta.
Durante los últimos años, la principal empresa de los Kirchner y piedra fundamental de los negocios con Lázaro Báez atraviesa momentos críticos. Desde 2016 se encuentra acéfala. Su directorio no se volvió a designar después que ante la Inspección General de Justicia (IGJ) la defensa de Máximo y Florencia denunciaron persecución judicial y que ello impedía renovar las autoridades de la compañía. Así, transcurrieron cinco años desde que Hotesur no tiene personas nombradas en sus respectivos cargos.
Máximo y Florencia Kirchner quedaron con todo el paquete accionario de Hotesur tras la cesión de bienes realizada por la vicepresidenta en 2016, pero perdieron tanto el control de la compañía como el usufructo de la misma. El juez Julián Ercolini, que instruyó el caso, hizo lugar a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita e intervino la empresa.
Los informes mensuales que se entregan ante el TOF 5 tienen un concepto de base. El interventor escribió en varios documentos que reflejan la existencia de “un “grupo económico” que ha diseñado una ingeniería societaria y un mecanismo de explotación que es funcional a eludir la cautela judicial y que además ocasiona gastos estatales”.
Fuentes del caso ampliaron el planteo y explicaron a Clarín que “la actividad comercial es escasa y poco rentable”. Por eso, en 2018, el interventor sugirió disolver la sociedad y liquidarla. Por ahora no se hizo.
La situación sumó otro problema. Según manifestaron las autoridades judiciales, los dueños de Hotesur no mostraron “interés en cobrar alquileres vencidos”. Resulta que Idea SA (de Osvaldo Sanfelice) fue la última empresa en explotar el hotel después de que cesara el contrato con Báez. Esa firma está también intervenida por mantener deudas con los Kirchner que nadie reclama.
Además, mantenían un canon desactualizado desde 2015, generando que el negocio sufra pérdidas: Sanfelice pagaba 190.000 pesos más IVA por mes. El interventor de Hotesur reclamó que se eleve la cifra a 500.000 pesos, pero no sucedió. A su vez, estas idas y vueltas se dan bajo una constante: el hotel Alto Calafate nunca conoció la ocupación plena.
