Una forma menos divulgada y soterrada de corrupción en Panamá está dada por la evasión fiscal, para el año 2016, el total de incumplimiento en la recaudación tributaria, totalizó un monto de B/. 4,744.9 millones, cifra equivalente al 8.2% del PIB
Por Prensa Panamá/ALD
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, esto significa que en Panamá, como en cualquier otro país, el Estado tiene la obligación de asegurar a todos y todas el goce de todos los derechos humanos.
En Panamá el Estado dista mucho de cumplir con su papel. En términos de la educación vale recordar que el 46% de los jóvenes que estarían en edad de haber completado su educación secundaria simplemente no lo han hecho.
Entre las causas más importantes que explican por qué el Estado no cumple con estos importantes derechos humanos está la corrupción, la cual debe entenderse en sus diversas y variadas formas.
La forma más conocida de esta es la de la corrupción que se da entre funcionarios públicos y empresarios privados para beneficiarse ilegalmente, generando una lesión patrimonial. Aun cuando es difícil medir el impacto económico preciso de esta, algunas fuentes en nuestro país la calculan en una suma equivalente al 3% o 4% del producto interno bruto (PIB).
El Banco Interamericano de Desarrollo dice que los ingresos tributarios de Panamá representan alrededor del 10.9% del producto interno bruto (PIB), cifra muy por debajo del promedio de la región (17.8%), lo que significa que nuestro país tiene la segunda más baja presión tributaria de América Latina.
Más aún, de acuerdo a este documento si bien Panamá cuenta con los ingresos del Canal de Panamá, lo cierto es que la presión fiscal equivalente en nuestro país, la que se calcula incluyendo estos ingresos y las contribuciones sociales, es una de las más bajas de América Latina: la cuarta menor, con un 19.8% del PIB.
Utilizando nuevamente los datos recientes proporcionados por el BID, se puede observar que en referencia a los desembolsos públicos de recursos: “el gasto social se ha mantenido relativamente constante en torno al 8.5 – 9.0%, una cifra casi tres puntos inferior al promedio de América Latina y casi la mitad de Chile y Uruguay. A esto se puede agregar que, mientras que en Panamá el gasto social apenas ha variado, en la región ha aumentado en 2.2 punto del PIB (4 puntos en Uruguay y 4.4 en Chile).
El total de incumplimiento en la recaudación tributaria, es decir la diferencia entre lo que teóricamente se debería recaudar y lo efectivamente recaudado, totalizó un monto de B/. 4,744.9 millones, cifra equivalente al 8.2% del PIB.
El significado de este indicador, que apunta hacia la evasión, se puede evidenciar si se tiene en cuenta que se trata de un cifra equivalente al 43.0% del total del gasto público en consumo y formación bruta de capital durante el año 2016.
En Panamá, tal como lo afirma la Cepal para toda la región, “la evasión y elusión tributaria sigue siendo uno de los principales obstáculos a la movilización de recursos internos para financiar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Es claro, entonces, la importancia que tiene para el país combatir las dos formas de corrupción aquí comentadas, cuyo costo puede alcanzar a entre 10.4% y 11.4% del PIB.
