Las ex presidentas madrileñas tendrán que comparecer en calidad de investigadas por delitos en la Audiencia Nacional los días 18 y 1 de octubre, respectivamente.
Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes tendrán que rendir cuentas ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Púnica por presuntos delitos de corrupción vinculados a la financiación irregular de campañas electorales del PP de Madrid. Así lo confirmaron a este diario fuentes jurídicas, que precisaron que ambas ex presidentas de la Comunidad de Madrid fueron imputadas por delitos de falsedad mercantil y electoral, entre otros.
El magistrado instructor Manuel García Castellón ha dictado este lunes una providencia en la que cita en calidad de investigadas a Aguirre y a Cifuentes en el marco de la investigación abierta en el caso Púnica sobre el desvío de fondos públicos para el pago del gastos del PP de Madrid en las campañas electorales de 2007 y 2011.
Esperanza Aguirre, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y máxima responsable del PP de Madrid entre 2004 y 2016, tendrá que comparecer el próximo 18 de octubre en el Juzgado Central de Instrucción número 6 que dirige la causa. Por su parte, Cifuentes, presidenta madrileña entre 2015 y 2018 y presidenta del PP de Madrid entre 2017 y 2018, fue citada a declarar el próximo 1 de octubre.
El juez imputó también en esta misma causa a otras 38 personas -el caso Púnica es una presunta trama de corrupción de adjudicación de contratos públicos vinculada al PP madrileño a cambio de comisiones-, entre las que se encuentran el que fuera presidente de la empresa Indra, Javier Monzón -presidente no ejecutivo del grupo Prisa-, los ex consejeros del Gobierno madrileño Manuel Lamela, Juan José Güemes, Borja Sarasola y María Gador Ongil, así como al ex presidente madrileño Ignacio González.
Las 40 personas fueron imputadas por la presunta financiación irregular del PP madrileño que se investiga en una de las piezas que conforman el caso Púnica. El magistrado citó a declarar a González un día antes que a Esperanza Aguirre. En concreto, el 17 de octubre. En el caso de Lamela y Güemes tendrá que acudir al juzgado el próximo 14 de octubre.
La decisión de García Castellón se produce un mes después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la imputación de ambas ex presidentas madrileñas, así como de González, los ex consejeros madrileños y el ex presidente de Indra.
Precisamenre, Monzón y la empresa Indra, imputada como persona jurídica, deberán declarar el próximo 4 de octubre.
La documentación que obra en poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 identifica pagos de la sociedad Indra a campañas electorales de Aguirre correspondientes a los años 2007 y 2011, según uno de los últimos informes que aportó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de la investigación.
Los investigadores localizaron pagos de medio millón de euros de la empresa de consultoría y tecnología Indra a la sociedad Formaselect Consulting por unos servicios de formación para 2012 que nunca se realizaron, presuntamente. En total, 566.497 euros pagados en dos veces: 324.497 y 242.000 euros, respectivamente. «Indra pagó servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP de Madrid en 2007 y 2011», señaló la UCO en su informe.
La UCO argumentó los hechos en el contenido de una declaración prestada por la que fuera directora de Medios de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, en sede judicial. Ésta declaró la presencia de Aguirre a reuniones mantenidas con una empresa empleada por el PP madrileño para financiar de manera ilegal esas campañas electorales.
En cuanto a Cristina Cifuentes, la UCO advirtió en 2017 de hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación continuada y cohecho por una presunta incompatibilidad en las funciones de la ex presidenta madrileña como patrono de la fundación Fundescam y responsable de campañas electorales del PP de Madrid. En concreto, los investigadores analizaron la adjudicación de un contrato al Grupo Cantoblanco para prestar los servicios en la cafetería de la Asamblea de Madrid.
ALD/Elmundoes
