Honduras se ha convertido en un territorio explotado por narcotraficantes para el tráfico de droga con destino a Estados Unidos, así lo define el Departamento de Estado en su Informe de la estrategia internacional de fiscalización de estupefacientes 2020 (INCSR), documento elaborado en dos ediciones: Volumen I para el control de drogas y productos químicos, y Volumen II para el lavado de dinero y delitos financieros, éste último presentado ante el Congreso estadounidense.
Antilavadodedinero / Ellibertador
Ambos documentos reconocen que el país ha caído en control del narcotráfico, siendo enfáticos en que incluso hay personas vinculadas a funcionarios hondureños que han sido condenadas en los Estados Unidos en los últimos años, “incluido el hermano del presidente Hernández, el hijo del expresidente Lobo (narcotráfico) y el hermano del exministro de servicios sociales (lavado de dinero vinculado al soborno)”.
Lo anterior expuesto en el Volumen II del INCSR, haciendo mención a Juan Antonio “Tony” Hernández, sentenciado en 2018 por narcotráfico y otros delitos vinculantes, y que espera condena definitiva; Fabio Lobo, sentenciado a 24 años de cárcel, también por narcoactividad; y, Yankel Rosenthal quien junto a su hermano Yani Rosenthal, fueron encarcelados por lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes.
En el Volumen I del INCSR el Departamento de Estado menciona que en Honduras pasa el 4 por ciento de cocaína proveniente de América del Sur, en primera escala por aire o par, la cifra ha sido destacada por el Gobierno de Juan Hernández como un “logro” en combate al narcotráfico; sin embargo, el documento resalta que ha ocurrido cambios en los medios de envío, “se estima que en Honduras han transitado (los narco-envíos) más por tierra luego de hacer una primera llegada a otros países”.
En ese contexto, el informe apunta que particularmente el departamento de Gracias a Dios es vulnerable al tráfico de drogas por tierra, mar y aíre “debido a su lejanía, infraestructura limitada y mínima presencial gubernamental”. Condición que es aprovechada por organizaciones criminales para operar de manera desafiante.
El informe reconoce las labores de órganos de seguridad para atacar al crimen en colaboración con instituciones estadounidenses, y hace especial atención que: El Gobierno de Honduras, por una cuestión de política gubernamental oficial, no alienta la producción ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni el Departamento de Estado de EE.UU. sabe que participa en el blanqueo del producto de la venta de drogas ilícitas”.
Prosigue: “Sin embargo, la corrupción es generalizada en instituciones públicas y privadas. Las autoridades hondureñas identifican y llevan ante la Justicia a policías, militares y otros funcionarios gubernamentales involucrados en el narcotráfico y afines ofensas. Hasta octubre de 2019, las autoridades habían arrestado a tres policías en activo, seis militares en activo y un excongresista por narcotráfico”.
Lo anteriormente descrito, se refiere estrictamente a que Honduras, como país no tiene una política de producción de droga, pero eso no significa que no haya políticos vinculados al tráfico de estupefacientes, pues en la “visión general” del Volumen II del INCSR, apunta que: “El lavado de dinero en Honduras se deriva principalmente del tráfico de estupefacientes por parte de grupos delictivos organizados y del producto ilícito de la corrupción pública”.
Además aqueja que la falta de capacidad de investigación sobre transacciones financieras complejas contribuye a un clima favorable para lavado de dinero, delito que se deriva de la actividad criminal nacional y extranjera. “Las organizaciones locales de tráfico de drogas y los sindicatos del crimen organizado controlan la mayoría de las ganancias ilícitas, que pasan tanto por el sistema bancario formal como por la economía sumergida”.
Según el informe, las empresas comerciales comúnmente utilizadas para lavar fondos incluyen los rubros de automóviles, bienes raíces, empresas de remesas, casas de cambio de divisas, uniones de crédito, sector de la construcción y la ganadería, ésta última en áreas remotas del país.
El Departamento de Estado incluso observa que aunque la oficina de Registros Públicos (Instituto de la Propiedad) ha comenzado con la digitalización de sus archivos en todo el territorio nacional, la mayoría de los registros de propiedad pública permanecen en copia impresa, además de estar mal organizados, “lo que impide una investigación efectiva”.
Y también alerta que la desconexión entre el Poder Judicial, las agencias reguladoras y el Ministerio Público, con respecto a la aplicación de las leyes sobre lavado de dinero y decomiso de activos, tiene un impacto negativo en las investigaciones. Por lo que critica que la autoridad “a menudo ejecuta órdenes judiciales antes de que se puedan completar las investigaciones financieras y confiscan activos con gravámenes fiscales antes de determinar si otros cargos son aplicables”.
La autoridad estadounidense critica además que los diputados del Congreso Nacional enmendaron la ley de “Confiscación de Activos” no para abordar las deficiencias, sino para facilitar a funcionarios evitar la incautación de bienes “poniendo en peligro el uso de la confiscación por parte de las fuerzas del orden en las investigaciones de crimen organizado y lavado de dinero”.
Aunque reconocen que Juan Hernández vetó esa enmienda, en septiembre de 2018 una Comisión de Justicia Penal emitió un dictamen en el que afirmaba que las entidades encargadas de hacer cumplir la ley habían malinterpretado el concepto legal de congelamiento y decomiso de activos, la propuesta permanece en el Legislativo sin avances desde 2019.
