La lucha contra el blanqueo de capitales no es una labor únicamente policial y judicial. En los últimos años, los notarios españoles han creado toda una infraestructura que está dando muchos frutos. A la cabeza de esta infraestructura se encuentra el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales, integrado en el Consejo General del Notariado y que acaba de cumplir 15 años.
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Desde el 1 de enero de 2006, fecha en que comenzó su andadura, ha ayudado a prevenir y descubrir 5.850 delitos a través de la comunicación de 7.313 operaciones sospechosas detectadas en las notarías. Estas comunicaciones se dirigen al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la unidad española de inteligencia financiera.
La colaboración de los notarios, que ostentan una autoridad delegada del Estado, se realiza mediante la comunicación de operaciones que puedan encubrir blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, tales como compraventa de bienes inmuebles, compraventa de acciones y participaciones, nombramientos de personas interpuestas o testaferros, constitución de sociedades, ampliaciones de capital o empoderamientos. Los delitos a los que puede dar lugar el blanqueo de capitales y que el OCP contribuye a prevenir abarcan desde el tráfico de drogas, la financiación del terrorismo, delitos contra las personas, estafas, fraude fiscal y contra la Administración, delincuencia organizada y corrupción política.
Pedro Galindo, director del OCP, señala en el balance que ha realizado de la vida de esta institución que “hoy en día no existe investigación patrimonial vinculada a estos delitos en la que, de una u otra forma, no colaboremos nosotros”. El órgano notarial también atiende requerimientos de autoridades nacionales, como las fiscalías, el CNI, el Ministerio de Justicia o la Agencia Tributaria, e internacionales como la Interpol, la Europol o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Desde la creación del OCP se han contestado casi 237.400 requerimientos.
Base de datos
La labor de este organismo notarial se apoya en dos fuentes: las comunicaciones que realizan los notarios de toda España y una gran base de datos conocida como Índice Único Informatizado Notarial. Este contiene 135 millones de documentos notariales, de más de 41 millones de personas físicas y de más de 3,5 millones de personas jurídicas. Se trata de una de las mayores bases de datos del mundo y la segunda de España y se creó poco antes que el propio OCP.
Para disponer del mayor número de datos posibles, los notarios cuentan con otras dos bases. La primera es la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR). En la misma se recoge quién o quiénes está al frente de empresas, asociaciones, fundaciones y hasta partidos políticos. Se constituyó en 2012 y es administrada y sufragada por el Consejo General del Notariado.
De su importancia como fuente da idea que hace poco más de un año, en febrero de 2020, la Agencia Tributaria firmó un convenio con el Notariado para acceder a sus datos, a los que también tienen entrada las autoridades policiales, judiciales y otros sujetos autorizados. Está considerada una iniciativa pionera en este campo y desde el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomiendan su utilización, según manifiestan en el Consejo General del Notariado, ya que la globalización económica no entiende de territorios nacionales y, lógicamente, tampoco el blanqueo de capitales o la delincuencia organizada.
Políticos
La segunda base de datos es más reciente, de 2018, y es la de personas con responsabilidad política. En ella figuran más de 23.000 ciudadanos que ocupan un cargo público por elección o por designación –como pueden ser los senadores nombrados por los Parlamentos autonómicos– y sus allegados por vínculos negociales, es decir, profesionales o mercantiles. El director del OCP asegura que la base de los políticos “se utiliza constantemente” y que la parte más importante de la misma es la de los allegados por vínculo negocial, aquellos que tienen una relación estrecha con una persona con responsabilidad política o aquellos que comparten con un político con cargo la propiedad de algún bien con personalidad jurídica. Los notarios creen que es un arma de primera magnitud “para luchar contra la corrupción de políticos y testaferros”.
Pedro Galindo afirma que la seguridad respecto a lo contenido en las bases de datos mencionadas “es extrema”. Un ejemplo de ello es que los ordenadores con los que trabajan los profesionales del OCP no pueden ser pirateados de ninguna manera. Tampoco se puede extraer de los mismos ningún tipo de información mediante dispositivos como los UBS.
