Salía de comprar medicamentos en una farmacia y se disponía a entrar en su coche, un todoterreno Toyota 4Runner, cuando dos sicarios pasaron a su lado montados en una motocicleta y abrieron fuego contra él, a plena luz del día. Era testigo de corrupción contra PDVSA.
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Entre gritos, varios vecinos que habían contemplado los hechos introdujeron su cuerpo en el coche, para llevarlo al hospital, pero fue en vano. El empresario Leonardo Santilli murió tras recibir cuatro impactos de bala. Ocurrió el pasado 1 de septiembre a las cinco de la tarde, en la ciudad de Lecherías, al este de Venezuela, a 300 kilómetros de Caracas.
Aunque su rostro era poco conocido, Leonardo Santilli era el dueño de dos empresas radicadas en Venezuela (Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones CA) y dos compañías norteamericanas: SGP Group Corp. (con sede en Miami) y A&M Support Inc. (situada en Weston, en el Estado de Florida).
Se trataba de un testigo demasiado incómodo. La Corte del Distrito Sur de Florida (EEUU) había presentado cargos contra Santilli por el pago de sobornos y por lavado de dinero procedente de la corrupción. Sus empresas recibieron entre 2014 y 2017 contratos por importe de 146 millones de dólares de distintas filiales de la petrolera estatal venezolana PDVSA (como Pedrocedeño y Pedropiar). La misma petrolera que pagó varios millones de euros al hijo del ex embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, por asesorías ficticias.
La Justicia norteamericana ha acreditado que Santilli recibió los contratos de PDVSA con precios hinchados artificialmente, que multiplicaban hasta cuatro veces su valor real. Este sobreprecio servía para pagar mordidas a altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro.
No es el primer testigo de la multimillonaria corrupción de PDVSA que desaparece de forma violenta. Juan Carlos Márquez apareció ahorcado en una oficina que había alquilado en San Sebastián de los Reyes (Madrid), tan sólo tres días después de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en la causa abierta sobre los pagos millonarios de la petrolera al ex embajador español Raúl Morodo y su hijo.
Como secretario general de PDVSA, Juan Carlos Márquez fue el encargado de firmar los contratos de «asesoría» por los que Alejo Morodo (hijo del ex embajador de Zapatero Raúl Morodo) cobró al menos 4,4 millones de euros de la petrolera estatal venezolana entre 2010 y 2013.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que esos pagos eran en realidad comisiones ilegales de índole política, enmascaradas con asesorías ficticias.
Tras abandonar su puesto directivo en PDVSA, Márquez se estableció en España y junto a su socio venezolano Carlos Adolfo Prada (quien había recibido otros 4,3 millones de euros de la petrolera) invirtió 17 millones de euros en la compra de viviendas y locales comerciales en Madrid, Barcelona, Marbella y Canarias.
La Policía Nacional ha investigado la muerte de Márquez pero, en principio, no ha hallado indicios de que se produjera con la intervención de terceros.
Y un tercer caso similar. El ingeniero de sistemas Oswaldo González Santos, que trabajaba como jefe de seguridad de la petrolera, fue asesinado de marzo de 2015 por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Maduro en la autopista Francisco Fajardo, en el este de la ciudad de Caracas.
Recibió un impacto de bala en el ojo derecho, otro en el pecho y el tercero en la nuca. Tenía 45 años. El Gobierno de Maduro justificó los hechos asegurando que se produjo un tiroteo cuando la Guardia Boliviaria confundió a Oswaldo González con un secuestrador, pero lo cierto es que el alto cargo de PDVSA viajaba en su camioneta desarmado.
OKDIARIO ha podido confirmar que Oswaldo González había recibido el encargo de investigar el amaño de contratos por importe de más de 760 millones de dólares, adjudicados por la central de compras de PDVSA, Bariven, para construir varias centrales eléctricas.
El ex presidente de PDVSA, en prisión
Estos contratos irregulares fueron aprobados entre 2009 y 2010, cuando Baviven estaba dirigida por Silvestre Molero. Cuando poco después Molero se convirtió en director de auditoría interna de PDVSA, rechazó investigar los contratos amañados de Bariven. Desde 2016, ocupa el cargo de comisario general de la petrolera, cuyo cometido es fiscalizar sus operaciones para detectar cualquier irregularidad o atisbo de corrupción.
Todas estas irregularidades se produjeron cuando el vicepresidente de Explotación y Producción de PDVSA era Eulogio del Pino, quien en septiembre de 2014 asumió la presidencia de la petrolera. Ahora, Eulogio del Pino permanece en una prisión de Venezuela, tras ser detenido por la Policía de Maduro el 4 de septiembre de 2017 junto a otros siete altos cargos de la petrolera PDVSA, todos ellos acusados de corrupción.
Días después de su detención, su familia difundió en las redes sociales un vídeo en el que Eulogio del Pino niega las acusaciones y reafirma su lealtad al fallecido Hugo Chávez:
El mismo Eulogio del Pino fue quien contrató al despacho de abogados de Baltasar Garzón para ejercer la acusación particular, en representación de PDVSA, en la causa abierta por la juez de la Audiencia Nacional María Tardón sobre el desfalco millonario de la petrolera. El despacho de Garzón está representado en la causa por la abogada Candela Estévez.
