El Poder Judicial de la Federación es el principal obstáculo para el combate al lavado de dinero en México, pues del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 ha desbloqueado poco más de 23 mil millones de pesos, de los 32 mil millones que bloqueó el sistema financiero, a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Es decir, el 71.8 por ciento del monto total.
En la conferencia presidencial, Pablo Gómez, titular de la UIF, denunció de esos 32 mil 531 millones de pesos bloqueados, en el mismo periodo y por resolución judicial, fueron desbloqueados 23 mil 575 millones 925 mil 786 pesos.
El funcionario federal acusó que se ha llegado al exceso de los jueces federales desbloquean las cuentas desde que otorgan la suspensión temporal; es decir, sin haber analizado el fondo del asunto. Ello, calificó, sólo podría deberse a actos de presunta corrupción.
“Ahora, ya están ordenando a la UIF que desincorpore de la lista a personas con la pura suspensión provisional, ni siquiera con la definitiva, porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales en la Segunda Sala, y resolvieron simple y sencillamente que la materia del amparo puede ser eliminada de un juicio de amparo con tal de beneficiar a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente”, declaró el licenciado Pablo Gómez.
Por ello, señaló que “el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del Sistema de Inteligencia Financiera de México, y eso no es justo”.
Bloqueos-desbloqueos de cuentas
Del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 –expuso–, 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales –en total, 7 mil 815 sujetos– se incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas. De éstas, se han desincorporado de dicha lista a 910 personas físicas y 360 morales. “Actualmente, se encuentra en la lista casi 5 mil personas físicas y mil 551 morales. Total, 6 mil 545”.
Derivado de la incorporación de sujetos a la lista, las instituciones financieras han bloqueado: 32 mil millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Como resultado de resoluciones judiciales, así como del Tribunal Contencioso Administrativo y de la UIF, se han desbloqueado los más de 23 mil millones.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que se pide congelar una cuenta a las instituciones financieras cuando la UIF tiene evidencia de una mala utilización de recursos o de lavado de dinero. “¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan. Y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. Estamos hablando de 35 mil millones de pesos”.
Por ello, la primera mandataria advirtió que esta es una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio –en referencia a la elección judicial que ya no puede mencionar, tras la prohibición que le aplicó el INE. “No voy a decir qué [es decir, el proceso electoral judicial] porque me va a sancionar el INE, pero todo mundo sabe; porque no puede ser esta colusión y esta corrupción, porque no tiene otro nombre, de los jueces y de muchos ministros de la Corte”.
Sheinbaum Pardo reiteró que el bloqueo de cuentas se da cuando se tienen pruebas del delito de lavado de dinero, sea derivado de hechos de corrupción o de ilícitos de cuello blanco, pero también de la delincuencia organizada. “Y resulta que se liberan las cuentas [por parte del Poder Judicial] para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción”.
Y anunció que ya se preparan reformas a las leyes para evitar que los jueces, magistrados y ministros sigan liberando recursos ilícitos. En todo caso, dijo la presidenta, si hay algún error en el congelamiento de las cuentas, el juicio de amparo debe ir al fondo, “para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera, no una primera suspensión para liberar los recursos”.
Fortalecer el combate al lavado
El licenciado Pablo Gómez señaló que México está obligado a combatir el lavado de dinero. Al respecto, recordó que en la cuarta ronda del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se hizo una serie de observaciones al país, de las cuales algunas ya se han puesto en práctica. E indicó que este año empezó la quinta ronda, “y tenemos que apresurar el paso para poner al país al nivel de lo que es el Sistema de Inteligencia Financiera, en las mejores partes del mundo donde se realiza bien. Necesitamos eso”.
Más aún, el titular de la UIF advirtió: “somos un país que tiene una enorme frontera con los Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo y, por lo tanto, el sitio donde más lavado de dinero puede haber. Somos un país que tiene un inmenso comercio con Estados Unidos, somos un país en donde hay una gran concurrencia internacional de todo tipo, somos un país que tiene un problema con el narcotráfico y la delincuencia organizada que tenemos que combatir, y somos un país que está luchando desde hace ya varios años en contra de la corrupción”.
Y añadió que todos esos ilícitos tienen un instrumento y es, justamente, el lavado de dinero. “Entonces, tenemos que ser un país que tenga un nivel en el combate al lavado de dinero y a la persecución de los delitos predicados en lavado de dinero, de la más alta calidad”.
Respecto al congelamiento de cuentas bancarias, Gómez Álvarez indicó que las personas físicas o morales que son incorporadas a la lista de bloqueos tienen dos posibilidades de objetar esa incorporación: “se va al amparo, en cuyo caso abandona el terreno administrativo, que es la naturaleza de esta incorporación, o se va a una audiencia en la Unidad de Inteligencia Financiera. En el caso del amparo pide la suspensión y los jueces inmediatamente la otorgan, la inmensa mayoría de los jueces, le permiten utilizar los recursos, aunque sigue incorporada en la lista”.
Acerca de la vía administrativa, detalló que “exponen su situación en la Unidad de Inteligencia Financiera. Si ahí se considera que, efectivamente, tiene razón la persona afectada, se dispone su eliminación de la lista; si no es así, la persona tiene derecho a objetar la resolución del titular de la UIF, en el Tribunal de Contencioso Administrativo, cuyo asunto se termina, en el caso de que no le sea benéfico al quejoso, termina en el amparo”.
Sobre el excesivo uso del amparo y la actitud de los jueces para desbloquear las cuentas sin siquiera entrar al fondo de los asuntos, el titular de la UIF acusó que “esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción, nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo. Una cosa es el error judicial o la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces, otra que todos los jueces caminan –o la inmensa mayoría de ellos, mejor dicho–, caminan por el mismo sendero”.
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