Es el tema del año que se despide y que habla de un Paraguay en el que el crimen transnacional llegó a Asunción y Central, atravesó a altos cargos del Estado y a entidades como las cooperativas.
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El 2022 ha dejado en evidencia cómo las estructuras delictivas vinculadas al lavado de activos, al narcotráfico y al contrabando han sometido a la sociedad y “se han logrado infiltrar exitosamente en el sistema de partidos para, desde allí, controlar el aparato estatal desde sus más altos niveles”, resalta el Informe Derechos Humanos-Paraguay 2022, de la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
El documento cataloga esta situación como “tema del año”, que nos puso frente a un Paraguay con cárceles copadas por bandas criminales y un país en el que el crimen organizado había atravesado clases sociales, altos cargos del Estado, gobernaciones, congresistas. “El crimen transnacional había llegado a Asunción y el Departamento Central, contaminando a importantes organizaciones de la sociedad civil, como las cooperativas”, resalta.
Destaca como el evento más traumático, apenas iniciaba el 2022, el sicariato ocurrido en medio de un masivo concierto en San Bernardino, donde la modelo e influencer de las redes sociales Cristina Vita Aranda resultó ser víctima colateral del asesinato que tenía por blanco a un narcotraficante. “Hasta ese momento no se registraban asesinatos frente a miles de personas en un evento público, fuera de la ciudad de Pedro Juan Caballero, reconocida como la zona cero del narcotráfico en el Paraguay”, destaca.
El análisis menciona al operativo a Ultranza PY, puesto en marcha desde el 22 de febrero, por la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), la Policía Europea, la Brigada Antidrogas del Uruguay, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público.
El primer allanamiento fue a una empresa —proveedora del Estado paraguayo— considerada como cabeza del envío de cocaína a Europa. En dos días ya se habían allanado 22 inmuebles, detenidas a ocho personas, incautadas nueve aeronaves, armas de fuego y documentos.
Uno de los yates pertenecía al entonces ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, quien debió ser inmediatamente destituido por el presidente Mario Abdo Benítez.
Buena parte de las personas afectadas se manejaban en círculos de la clase alta del país, e incluso con vínculos con políticos, cuando no políticos directamente en el ejercicio de cargos electivos, como el caso de los diputados por la ANR Juan Carlos Ozorio y Erico Galeano. El operativo también desenmascaró el vínculo de las Iglesias evangélicas con las estructuras de lavado y narcotráfico. “Dejó en claro la gravedad del lugar que ocupa el Paraguay en el crimen organizado como país lavador de dinero y distribuidor de drogas hacia Europa y África”.
El documento cita además el asesinado el fiscal Marcelo Pecci, figura de la lucha contra el crimen organizado, y resalta al clan González Daher, “como ejemplo de infiltración del crimen organizado en el sometimiento del Poder Judicial, a través del sistema de partidos”.
