Informe sobre el descuido de los gobiernos con la pandemia en Amazonía. Aunque inicialmente se aislaron en sus territorios, el Covid-19 ha alcanzado a las comunidades indígenas que ahora sufren las consecuencias de décadas de abandono y un sistema de salud precario.
Antilavadodedinero / OjoPublico
Con pocas pruebas, una intervención tardía por parte de las autoridades, sin puestos de salud equipados y con hospitales alejados de sus comunidades, los pueblos originarios enfrentan la emergencia desde la indignación y reclaman sus derechos. Los reportes oficiales hablan de 600 indígenas contagiados, pero los líderes locales hablan de muchos más.
Los últimos dos meses, el líder indígena Lizardo Cauper ha solicitado, de diferentes maneras, la ayuda del gobierno peruano ante el avance del coronavirus en las comunidades indígenas, ubicadas en el corazón de los bosques amazónicos. Alejados de las ciudades, ellos han protegido sus territorios y los han mantenido a salvo de actividades ilegales. Sin embargo, las políticas del Estado no les han garantizado el acceso integral a derechos elementales como la salud y calidad de vida. “Durante muchos años hemos conservado nuestros bosques de las amenazas del hombre, y por eso nos aislamos al inicio de la pandemia, para protegernos. Pero han pasado más de 80 días, y estamos totalmente abandonados por el gobierno, que nos excluye”, dice indignado.
En la Amazonía conviven 420 pueblos indígenas, de los cuales 60 permanecen en aislamiento voluntario. Solo en el Perú, el último censo indígena (2017) identificó a 2.703 comunidades. Diversos estudios científicos confirman que los territorios indígenas administrados por las comunidades están mejor conservados. Las investigaciones concluyen que las emisiones de carbono son muchísimo más bajas en los territorios indígenas (se deforesta menos), a diferencia de las áreas no protegidas, donde la pérdida de bosques puede alcanzar hasta un 90%.
Es en estas regiones, que albergan la mayor cantidad de ecosistemas protegidos, donde la pandemia se ha ensañado. De acuerdo a los reportes de las direcciones regionales de salud de la Amazonía Peruana, solo hasta el 4 de junio, se registraron 684 indígenas con Covid-19: 288 en Loreto, 279 en Ucayali, 89 en Amazonas y 28 en Madre de Dios.
Los pueblos indígenas con más casos detectados son los Shipibo-Konibo, seguidos por los Achuar, Kichwa, Wampis y Awajún. Son también los lugares donde más pruebas se han realizado. Solo la región San Martín no presenta, de manera desagregada, información sobre indígenas contagiados, aunque los líderes locales han reportado casos sospechosos dentro y fuera de sus comunidades.
UNA NUEVA VIDA. En la comunidad indígena de Diamante Azul, provincia de Maynas, en el río Napo, una mujer da a luz por primera vez en su casa, asistida por una brigada médica.
La falta de información es precisamente una de las dificultades para conocer el verdadero impacto del Covid-19 en los territorios indígenas. El Ministerio de Salud no considera casos de indígenas en sus reportes; entonces por el momento la única data oficial procede de las direcciones de salud que, sin embargo, no registran la información de manera desagregada, sino que incluyen de manera general tanto a los indígenas que viven dentro de sus comunidades, como fuera de ellas, en las ciudades.
Por su parte, los líderes indígenas y comunicadores de zonas originarias incluyen en sus reportes, además de las variables usadas por las Diresas, a los indígenas que presentan la sintomatología del Covid-19 pero que no acudieron a un centro de salud y tampoco se hicieron una prueba rápida.
LA FALTA DE INFORMACIÓN ES PRECISAMENTE UNA DE LAS DIFICULTADES PARA CONOCER EL VERDADERO IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS.
De la data analizada por OjoPúblico comprobamos que según las direcciones regionales hasta el 4 de junio habían fallecido cinco indígenas en toda la Amazonía, y específicamente en Loreto. Sin embargo, la base de datos de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú– Filial Ucayali reporta, hasta el 31 de mayo, a 72 indígenas fallecidos con todos los síntomas de la enfermedad, aunque no se les aplicó ninguna prueba rápida. De esa cifra, 70 eran Shipibo y dos Huni Kuin.
Para Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, existe un gran subregistro de casos de indígenas con Covid-19. “Hay una evidente falta de información de las comunidades afectadas, porque son las propias organizaciones las que recogen la data. Nosotros propusimos que las Diresas incorporen la variable de pertenencia étnica y lengua materna en sus reportes, pero no todas lo están haciendo”, dijo.
En Ucayali, Ronald Suárez, líder del Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox) dijo que los casos de indígenas con síntomas de Covid-19 son muchos más a los que aparecen en registros oficiales. “Lo que dice el registro de la Diresa Ucayali no refleja la realidad en las comunidades. Mucha gente no acude a los hospitales porque hay desconfianza. Por ejemplo, el Hospital [Regional] de Pucallpa ha colapsado. Nuestros hermanos prefieren quedarse en la comunidad y tratarse con plantas medicinales”, dijo.
Sin planes y enormes distancias
En el Perú existen 55 pueblos indígenas: 4 en los Andes y 51 en la Amazonía. Según el Ministerio de Cultura, hay una población indígena total de 2’014.534 personas, agrupada en uno de los sectores con menos acceso a los servicios básicos: menos de la mitad (el 48%) tiene conexión a un sistema de desagüe, más del 30% no cuenta con agua potable permanente y de calidad y el 75,4% no tiene acceso a servicios de salud.
La ausencia de un plan integral de intervención adecuado durante los primeras semanas de la pandemia y la distancia han sido factores que han contribuido a la propagación del coronavirus. Hay comunidades amazónicas a las que solo es posible llegar luego de varios días: en vuelo, primero, transporte terrestre después y embarcación fluvial.
Para conocer las distancias entre los hospitales que atienden estos días el Covid-19 y las comunidades indígenas, el epidemiólogo Gabriel Carrasco analizó varias bases de datos públicas y elaboró una visualización para comprender cuáles eran los grupos más vulnerables por las distancias y acceso. “Hemos tomado datos de los ministerios de Salud, Educación, Transportes y Medio Ambiente, y datos por etnias del censo de comunidades indígenas del 2017. Nos hemos fijado en la geografía, el tipo de suelo, y la existencia de ríos o carreteras”.
DIFÍCIL ACCESO. Una de las dificultades para la rápida atención de las comunidades indígenas es que se encuentran bastante alejadas de las ciudades, lo que dificulta que la respuesta sanitaria sea inmediato
El análisis detalla que los grupos indígenas con más difícil acceso a un hospital son los Cashinahua, que habitan la región Ucayali, les tomaría entre 4 y 6 días llegar a un centro de referencia para el tratamiento de Covid-19; los Ticuna, en Loreto; y los Shawi, en Loreto y San Martín, emplearían entre 1 y 4 días; los Asháninkas entre 2 y 4 días. Las comunidades quechuas, muchas de ellas más cercanas a rutas de transporte terrestre, están a entre dos y 24 horas de un hospital.
Pero el análisis de Gabriel Carrasco permite conocer también qué tan dispersas o concentradas están las poblaciones indígenas. Por ejemplo, podemos saber que los Cashinahua están más lejos, pero más concentrados; a diferencia de los Asháninkas que están más cerca de un nosocomio pero más dispersos en sus territorios.
DISTANCIAS. En esta imagen se pueden apreciar las etnias que se encuentran más alejadas de los hospitales de la ciudad, como los Shipibo-Konibo y los Shawis.
Gráfico: Gabriel Carrasco/ OjoPúblico
ANÁLISIS. El investigador Gabriel Carrasco cruzó varias bases de datos públicas para establecer las distancias por etnias de las comunidades indígenas hasta los hospitales de las ciudades.
Gráfico: Gabriel Carrasco/ OjoPúblico
Además de las distancias, otra dificultad es la falta de logística de las autoridades de salud para intervenir en las comunidades y la de estas para llegar a un hospital en casos de sospecha de Covid-19. La especialista en Salud Intercultural de la Diresa Ucayali, Juana Montoya, explicó a OjoPúblico que cada vez que reciben alertas de casos sospechosos en comunidades tienen problemas por falta de embarcaciones y combustible. “Estamos a nuestra suerte, yo me enfermé (de Covid-19) cuando fui a tomar muestras al campo”, contó con pesar la funcionaria.
Sin personal ni medicamentos
La falta de pruebas es otra de las dificultades que impiden conocer la magnitud del avance del Covid-19 en las regiones amazónicas. Omar Montes, jefe del puesto de salud de Bellavista Callaru, en la provincia de Ramón Castilla (Loreto), ubicada en la frontera con Colombia, lo explica de la siguiente manera: “Nuestra jurisdicción abarca cinco comunidades, pero hemos recibido solo 29 pruebas, y todas las hemos usado y todas resultaron positivas. Hay otros 80 casos sospechosos, con sintomatología, pero no los podemos confirmar por falta de pruebas”, dijo a OjoPúblico. En Bellavista Callaru 29 indígenas ticuna dieron positivo a las pruebas rápidas para Covid-19.
La información más reciente sobre la situación de los centros y puestos de salud en comunidades data del 2015. La Defensoría del Pueblo supervisó ese año 47 establecimientos de salud de primer nivel de atención en zonas indígenas de Amazonas, Junín, Pasco, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco.
En su informe, concluye que la falta de personal de salud limita la atención y el acceso a este derecho para los pueblos indígenas. Entre las razones destacan “la exclusión histórica que han sufrido los pueblos indígenas y que exige del Estado mayores esfuerzos para reducir las graves brechas que han impedido que la población indígena reciba una atención de salud con pertinencia cultural. Es tan deficitaria la atención de salud, que el 51.2 % de las comunidades indígenas carece de algún tipo de establecimiento, y solo el 48.2% cuenta con estos servicios vitales”, señala el informe.
El reporte alerta que casi la mitad de los establecimientos supervisados (22) tenían únicamente personal técnico en Enfermería. “Estos establecimientos no cuentan con profesionales médicos para su atención integral”, dice el informe. La defensoría también advirtió en ese momento los problemas en la disponibilidad de medicamentos y vacunas para enfermedades frecuentes y embarcaciones propias para el traslado de pacientes en casos de emergencia. Doce establecimiento no tenían unidades de transporte.
PRECARIEDAD. La Defensoría del Pueblo advirtió que más de la mitad de las comunidades indígenas de la Amazonía no cuentan con un puesto de salud adonde acudir cuando enferman o necesitan asistencia médica.
Foto: Ginebra Peña/ OjoPúblico
Desde entonces, poco ha cambiado en el sistema de salud de las comunidades indígenas, dijo a OjoPúblico Nelly Aedo, de la Defensoría del Pueblo. “El 60% de las comunidades indígenas en el país carece de algún establecimiento de salud”, dijo.
En Loreto, donde hay 1.560 comunidades indígenas repartidas en 32 pueblos originarios, hay 81 establecimientos de salud. Sin embargo, Jorge Pérez Rubio, presidente de ORPIO, dijo que a pesar de que desde inicios de abril le pidieron a la Diresa de Loreto implementar los puestos con medicamentos, equipos de bioseguridad, personal de salud y vehículos fluviales para el traslado de pacientes indígenas, nunca lo hicieron.
EN UCAYALI HAY 49 PUESTOS DE SALUD QUE ENFRENTAN LAS MISMAS LIMITACIONES DE PERSONAL, MEDICINAS Y FALTA DE PRUEBAS RÁPIDAS, COMO EN LORETO Y SAN MARTÍN.
Luego de que, recién el 10 de mayo, el Ministerio de Cultura aprobara la estrategia multisectorial para la protección y atención de los pueblos indígenas u originarios, comenzaron a atenderlos más ampliamente. Ese fue el caso de Pucaruro, Bellavista Callaru y Trompeteros, en Loreto, hasta donde llegaron brigadas de salud para aplicar pruebas rápidas y entregar medicamentos a los puestos de salud. Pero aún hay zonas de la provincia del Putumayo, en la frontera con Colombia y a varios días de viaje por río, a donde el Estado todavía no llega a pesar de los reportes locales de casos sospechosos.
En Ucayali hay 49 puestos de salud que enfrentan las mismas limitaciones de personal, medicinas y falta de pruebas rápidas, como en Loreto y San Martín. “Tratamos de acudir a todas las comunidades, pero es difícil por la geografía y la falta de presupuesto que no ha sido asignada por el Gobierno Regional a pesar de que elaboramos y aprobamos un plan para las comunidades, este no contó con presupuesto”, dijo Juana Montoya.
ALEJADOS. Recientemente el Estado ha comenzado a atender a las poblaciones indígenas; sin embargo aún hay zonas remotas a las que no ha llegado y que necesitan una rápida intervención
Foto: Ginebra Peña/OjoPúblico
La situación es similar en Madre de Dios, donde viven 4 mil indígenas, pero solo hay 12 puestos de salud de atención primaria. ‘’Los establecimientos no tienen personal, están abandonados y de presentarse casos de Covid-19 no tenemos a quién acudir”, dijo a OjoPúblico Vanessa Racua, líder indígena del Pueblo Ese-Eja de la comunidad de Infierno.
En la región San Martín, los más de 36 mil habitantes de cuatro pueblos indígenas deberían ser atendidos en seis puestos de salud, pero estos no cuentan con personal especializado ni medicamentos. Walter Sangama, presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Kichwas de la Región San Martín dijo que se sienten desprotegidos.
Un plan que llegó con retraso
Hace dos semanas, el 21 de mayo, el gobierno peruano publicó la resolución ministerial 308-2020-Minsa que aprobó un plan específico para la intervención en los pueblos indígenas. Se trata de una norma que fortalecía una anterior publicada 10 días antes. Con la reciente resolución el Estado destinará S/ 88 millones para mejorar 121 establecimientos de salud del primer nivel de la Amazonía, adquirir oxígeno para las comunidades indígenas, implementar un sistema veloz de reporte de casos y medios de transporte para el traslado de pacientes graves.
El presidente Martín Vizcarra anunció el último jueves que se adquirirán 1.200 concentradores portátiles de oxígeno para las comunidades indígenas. Reconoció que es complicado llevar balones o instalar plantas de producción de oxígeno en estos territorios.
EL COVID-19 AVANZA MÁS RÁPIDO QUE LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO. NECESITAMOS QUE ENVÍEN BRIGADAS SIMULTÁNEAMENTE A DIFERENTES REGIONES AMAZÓNICAS, EXIGE LIZARDO CAUPER.
“Es cierto que estamos retrasados, hay cosas que se debían haber hecho para ayer. Necesitábamos un marco general que ahora ya lo tenemos”, dijo hace unas semanas a OjoPúblico la viceministra de Interculturalidad, Angela Acevedo. Por su parte, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) comentó que la atención se está realizando de manera lenta. El líder indígena fue diagnosticado con Covid-19 a inicios de mayo y ahora se recupera en Pucallpa.
“El Covid-19 avanza más rápido que la intervención del gobierno. Necesitamos que envíen brigadas simultáneamente a diferentes regiones amazónicas. Ya llevamos 80 días desde que empezamos a pedir atención, suficiente tiempo para que se organicen. Cada uno hace lo que puede y no hay articulación entre los sectores. Lo que se vive en las comunidades no está reflejado en las cifras oficiales”, dijo Cauper.
A LA ESPERA. Pese a los pedidos desesperados de los líderes indígenas, la atención del Estado a los pueblos indígenas recién ocurrió dos meses después del inicio de la pandemia, y ya cuando se reportaban decenas de casos en la Amazonía.
Foto: Ginebra Peña/ OjoPúblico
Por su parte, Nelly Aedo, de la Defensoría del Pueblo, dijo que un grave error del gobierno fue no considerar políticas interculturales aplicadas a la estrategia sanitaria desde el inicio. “Desde abril nosotros pedimos un plan con enfoque intercultural. Ahora las intervenciones se han centrado en Loreto. Necesitamos que se capacite al personal de salud de las comunidades indígenas, y que se trabaje de manera articulada con los gobiernos locales y regionales”, dijo.
Los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali fueron los únicos en toda la Amazonía que aprobaron planes interculturales de atención a las poblaciones indígenas, pero no los ejecutaron por falta de presupuesto. En Ucayali, se necesitaban S/9 millones para la implementación de los puestos de salud, equipos de respuesta rápida, entrega de víveres para las familias indígenas y la difusión en lengua originaria para la prevención del coronavirus. En Loreto tampoco se destinó presupuesto para implementar un plan exclusivo para las comunidades indígenas.
El antropólogo experto en asuntos amazónicos Alberto Chirif Tirado analizó las recientes normas legales emitidas por el gobierno y señaló a OjoPúblico que la estrategia multisectorial para la protección y atención de los pueblos indígenas u originarios que aprobó el Ministerio de Cultura es insuficiente. “La formación de comisiones es extemporáneo, eso debió hacerse de manera inmediata. También debió activarse el programa de Plataformas Itinerantes de Acción Social, para que las embarcaciones lleven alimentos, atención médica y los bonos a las comunidades”, explicó.
DEMORAS. Los especialistas consultados coincidieron en que la respuesta del Estado al llamado de los pueblos indígenas fue demasiado tardío y que se necesitó una mejor articulación con los líderes indígenas
Foto: Ginebra Peña/ OjoPúblico
De esa manera, según Chirif, se evitaba que los mismos alcaldes fueran hasta las comunidades indígenas a entregar canastas de alimentos, sin las medidas de bioseguridad requeridas, lo que originó contagios en territorios indígenas. Así ocurrió en las comunidades del río Corrientes, en Trompeteros, donde el alcalde del distrito y personal del municipio llevó alimentos sin tomar las correspondientes medidas sanitarias.
El antropólogo Rodrigo Lazo recordó la urgencia de implementar los puestos de salud de las comunidades indígenas. “El Gobierno no puede mantener desprovistos de mascarillas, guantes, alcohol, lejía y otros implementos de bioseguridad a los puestos de salud de la Amazonía. Se debe habilitar un sistema aéreo de referencia de enfermos que conecte puntos estratégicos de las cuencas amazónicas y hospitales con UCI disponibles”.
Hospitales colapsados en las ciudades
“No podemos ir a los hospitales de las ciudades porque están colapsados, si no pueden atender a la gente de la ciudad, ¿qué confianza tendríamos nosotros en acudir ahí?”, dijo a OjoPúblico el líder indígena Berlín Diques, de Ucayali, quien también se contagió con el Covid-19 hace un mes y ahora se recupera en su región.
La falta de infraestructura hospitalaria en varias regiones del país ha puesto en evidencia millonarios proyectos de inversión pública que quedaron truncos por corrupción o ineficiencia. En el 2015 el Consorcio Pizzarotti Asociados inició la construcción del hospital nivel III-1 de Ucayali, que debía concluir a fines del 2018. Sin embargo, la obra de S/ 343 millones hasta ahora no ha sido entregada. Falta terminar la torre para el área de Emergencia y el equipamiento de sus diversos servicios.
En Loreto, que reporta oficialmente más de 5 mil personas contagiadas, solo hay 12 ventiladores mecánicos en la UCI del Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias” exclusivo para Covid-19. Mercy Panduro Gaviria, directora del hospital, informó que son 70 médicos que atienden la demanda diaria de pacientes.
VISITAS ESPORÁDICAS. Debido a que muchas comunidades indígenas no cuentan con puestos de salud, como San Lorenzo, en el río Napo, brigadas médicas los visitan de vez en cuando, sobre todo en esta época por la emergencia sanitaria.
Foto: Ginebra Peña/ OjoPúblico
Por otro lado, en Madre de Dios, Carlos Manrique De Lara Estrada, director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, también confirmó a OjoPúblico que el la precariedad del actual sistema de salud impide tener una respuesta eficiente ante la crisis sanitaria. Solo cuentan con 5 camas para cuidados intensivos y 17 para hospitalización, todas ya ocupadas debido a la alta demanda de pacientes.
En San Martín, los casos de Covid-19 son atendidos en los hospitales de Tocache, Tarapoto y Moyobamba, que cuentan en su conjunto con apenas nueve camas UCI con sus respectivos respiradores mecánicos.
Los que esperan lejos de casa
La pandemia también ha originado que muchos indígenas que se encontraban en las ciudades, por estudio o trabajo, intenten volver a sus comunidades. Aunque se desconoce una cifra oficial, OjoPúblico ha recogido testimonios de integrantes del pueblo Awajún, Wampis y Shipibos que se encuentran en Lima, La Libertad y Áncash. Ellos esperan vuelos humanitarios y por ahora viven con la ayuda que le ofrecen personas particulares.
Al respecto, el antropólogo Alberto Chirif Tirado planteó la posibilidad de construir albergues que puedan recibir a los migrantes que retornan a sus pueblos para tenerlos en cuarentena y evitar la posibilidad de contagios en sus comunidades. “Ha faltado una coordinación del Gobierno nacional, las regiones y las organizaciones indígenas, ellos tienen una serie de propuestas para enfrentar esta pandemia”, dijo.
El investigador añadió que debe existir una mayor coordinación con las organizaciones indígenas, porque al final las únicas que tienen capacidad de controlar lo que sucede en sus comunidades son ellas, no la Policía o las Fuerzas Armadas. “Se tiene que controlar el tránsito fluvial, para evitar los contagios”, sostuvo Chirif Tirado.
De la misma idea es partidario el líder indígena Lizardo Cauper, quien ha padecido en carne propia no solo la enfermedad, sino también el olvido. “Se han pasado mucho tiempo en reuniones, mientras en las comunidades diariamente mueren mis hermanos y hermanas por falta de atención médica. Yo no fui a un hospital porque está colapsado y mucha gente sale de ahí cadáver. Nosotros nos sentimos abandonados por el sistema actual de salud en el Perú”, dice desde Pucallpa donde se recupera del Covid-19.
