Durante las últimas casi dos décadas, las denuncias de extorsión han subido consistentemente en Guatemala. La tendencia al alza comenzó en 2004, cuando un incremento de 133 % instó al Ministerio Público a contabilizar este delito separado del resto.
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En 2008, otro incremento de 146 % coincidió con una modificación al Código Penal que endureció la pena por cometer la extorsión e incluyó especificidades recurrentes registradas en varios casos.
Varios factores podrían explicar el incremento de las denuncias de extorsión durante estos últimos años, algunos más difíciles de explorar que otros. El primero es la llamada “institucionalización” de las pandillas callejeras en Centroamérica, un fenómeno señalado por José Miguel Cruz hace varios años.
Como resultado de las políticas de “mano dura” implementadas por los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras durante la primera década de los años 2000, las pandillas experimentaron una reconfiguración profunda y se “institucionalizaron” como las dos grandes pandillas transnacionales que conocemos hoy: el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
Paradójicamente, la “mano dura”, con su énfasis en la aprehensión y el encarcelamiento, hizo posible que los miembros de estas pandillas que vivían en barrios distantes se unieran en las cárceles, en parte porque ya compartían una cultura pandilleril, pero también porque las prisiones los segregaron de acuerdo con sus afiliaciones criminales.
El efecto fue la consolidación de organizaciones nacionales y transnacionales de militantes, con claras jerarquías e identidades colectivas expresadas por medio de símbolos y estrictos códigos de conducta, a través de los cuales los líderes ejercieron un control efectivo de las calles desde las prisiones. Mientras que antes las extorsiones se limitaban a un pago por seguridad exigido a los pequeños comercios en los barrios en los que residían los pandilleros, ahora un pandillero podía usar un teléfono celular desde la cárcel y extorsionar de forma sistemática a un completo desconocido como parte de una compleja estructura criminal.
La consolidación organizativa transformó también la violencia: cuando antes los ataques eran dirigidos principalmente a miembros de pandillas rivales, ahora eran dirigidos a cualquier persona que obstaculizara los objetivos económicos de las pandillas.
Figura 1. Denuncias de extorsión y uso de teléfonos celulares, 1997-2021
El segundo factor que podría explicar la tendencia al alza y que está relacionado con el primero es el incremento de la población carcelaria. Desde 2008, la población dentro de las cárceles guatemaltecas ha pasado de aproximadamente 8,158 personas a 24,742, de acuerdo con las últimas cifras. El crecimiento de la población privada de libertad ha generado una situación de hacinamiento sin precedentes. En 2021, se calculaba que rondaba el 375 %.
A lo largo de los años, el hacinamiento y las malas condiciones de vida dentro de las prisiones han generado incentivos perversos para que las personas privadas de libertad –no necesariamente solo miembros de pandillas, sino también los llamados “imitadores”– se involucren en la extorsión.
De hecho, varias de las municipalidades en donde el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación han abierto unidades especializadas en este delito también albergan algunas de las principales prisiones del país (Pavón, Fraijanes II, Preventivo para Hombres de la Zona 18, en la ciudad de Guatemala; Granja Penal Canadá y El Infiernito, en Escuintla; El Boquerón, en Santa Rosa; Preventivo para Hombres en Izabal; y Cantel, en Quetzaltenango).
Sin embargo, es importante notar que los extorsionistas no se limitan a las municipalidades o departamentos en donde están ubicadas las cárceles. Por ejemplo, personas que guardan prisión en Cantel rutinariamente extorsionan a personas en el suroeste y este del país y en la ciudad de Guatemala.[11] También es posible que algunas de las extorsiones provengan de otros países, como El Salvador, México y Honduras.
El tercer hecho posiblemente ligado al alza de las denuncias de extorsión es la expansión territorial de algunas instituciones del Estado, la cual puede haber facilitado e incentivado en cierta medida las denuncias y su recepción. Desde el año 2009, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público han respondido al fenómeno creando instituciones y abriendo sedes a lo largo y ancho del país, lo cual ha ampliado la cobertura para recibir denuncias.
En 2009, el Ministerio de Gobernación creó la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), una unidad especializada dentro de la policía, que recibe denuncias del público, acompaña a las víctimas, investiga casos específicos y usa entregas y agentes encubiertos para aprehender a extorsionistas en el acto. La sede central fue inaugurada en la ciudad de Guatemala en 2009, y en 2010 otra sede fue abierta en Quetzaltenango.
A la fecha, la DIPANDA cuenta con presencia en 14 municipios. El Ministerio Público, por su parte, inauguró en 2015 la primera Fiscalía Contra el Delito de Extorsión en la ciudad de Guatemala, y varias sedes locales en otros municipios después de esa. Actualmente, en el país hay 12 fiscalías de este tipo.
En teoría, cualquier unidad de la policía que reciba una denuncia de extorsión, sea una subestación, una estación o la División Especializada en la Investigación Criminal (DEIC), debe transferirla a DIPANDA. Después de eso, DIPANDA debe reportar todas las denuncias a la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión local. De acuerdo con un informante clave,[13] la DIPANDA trabaja de cerca con las Fiscalías, y en los departamentos en donde no hay, trabaja con las Fiscalías Contra el Crimen Organizado o con otras unidades a nivel departamental o municipal.
En los lugares en donde no hay una sede de DIPANDA, el DEIC recibe las denuncias y trabaja con la subestación policial más cercana y con la Fiscalía. Las denuncias también pueden recibirse a través de los juzgados de paz, los cuales deben reportarlas a la policía y al Ministerio Público.
La multitud de puntos a través de los cuales se pueden canalizar las denuncias hacia las Fiscalías y la inauguración gradual de sedes locales en el territorio nacional a lo largo de los años probablemente explica la ligera diferencia entre las cifras de la policía y el Ministerio Público (ver Figura 2). La apertura de estas sedes por parte de ambas instituciones ha ido de la mano con el incremento de las denuncias de extorsión (ver Figura 2).
Figura 2. Inauguración de sedes de DIPANDA y Fiscalías en Contra del Delito de la Extorsión y denuncias de extorsión recibidas por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, 2004-2021.
Aunque las instituciones estatales que reciben denuncias se han multiplicado a lo largo del tiempo, es importante señalar que algunos de los datos disponibles pintan una situación paradójica. Aunque las denuncias han incrementado sostenidamente desde 2004, la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización (ENPEVI) de 2018 muestra que el 65 % de las víctimas de extorsión no denunció el delito a las autoridades correspondientes.
La gente simplemente tiene miedo de denunciar y desconfía profundamente de la policía y las autoridades estatales. Uno de nuestros informantes clave[14] afirma que la DIPANDA ha publicado anuncios en periódicos y distribuido panfletos con números telefónicos que pueden ser usados para denunciar el delito, y recientemente ha proporcionado números telefónicos adicionales que las víctimas pueden usar para pedir apoyo.
También afirma que han trabajado de cerca con empresarios y representantes del sistema del transporte público en Villa Nueva, Mixco y Quetzaltenango. En 2019, el Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos lanzaron una campaña informativa para prevenir que los cuentahabientes presten voluntaria o accidentalmente sus cuentas a extorsionistas.
Distribuyeron panfletos en lugares públicos y en redes sociales, medios escritos, televisión y radio.[15] No sabemos realmente si estos esfuerzos han sido suficientes y si la paradoja se mantiene en los años previos y posteriores al 2018.
El incremento de las denuncias a lo largo de los años ha sobrepasado las capacidades del Ministerio Público, institución que actualmente opta por desechar muchas de ellas basándose en criterios que no están claros para un observador externo. Por ejemplo, en su informe más reciente sobre los casos procesados en 2020 y 2021, sobresale que de 36,127 denuncias que había acumulado hasta entonces, 56 % fueron descartadas, 30 % archivadas y 2 % transferidas a un juzgado de paz.
Esto significa que 88 % (31,637) de las denuncias que recibió fueron resueltas “por otros medios”. Del 12 % (4,490) restante que fueron “resueltas”, 42 % (1,875) terminaron en una acusación. Sobre esta cifra, 852 personas fueron condenadas y 75 fueron absueltas.
Con los datos disponibles nos es imposible determinar si el incremento de las extorsiones durante los últimos años está ligado a la forma en que el Ministerio Público maneja los casos. Esta es la cuarta hipótesis que planteamos: la selección sistemática de algunos casos sobre otros por parte del Ministerio Público puede haber incentivado a extorsionistas que exitosamente obtuvieron algo, pero no fueron procesados o condenados, a seguir extorsionando, y quizás a que nuevas víctimas denunciaran el hecho.
En cualquier caso, las detenciones por extorsión han disminuido en comparación con las denuncias de extorsión recibidas por la policía y el total de detenidos, al menos desde 2008 (ver Figura 6). Dentro del Ministerio Público, la relación entre sindicados y agraviados también ha disminuido, al menos desde 2016 (ver Figura 4).
No sabemos a ciencia cierta si estas tendencias a la baja están conectadas con el alza de las denuncias a lo largo de los últimos años o con un incremento real de las víctimas de extorsión. Solo una nueva encuesta de victimización podría clarificar la situación.
Figura 3. Porcentaje de personas detenidas por extorsión en relación con denuncias de extorsión recibidas por la policía y con total de personas detenidas, 2008-2020.
Por último, una quinta hipótesis sobre el alza de las denuncias de extorsión durante los últimos 18 años tiene que ver con la palabra “extorsión”. La ubicuidad del fenómeno en los medios de comunicación de Guatemala puede haber llevado a que la gente denuncie como “extorsión” algunos hechos que a su parecer encajan con la categoría.
Por ejemplo, el Ministerio Público comúnmente clasifica las denuncias como “chantaje” o “extorsión” propiamente dicha, siguiendo las definiciones del Código Penal y basándose en las características de los hechos relatados por las víctimas. La diferencia entre ambas es muy sutil: en el chantaje se enfatiza el daño al “honor o prestigio”, mientras que en la extorsión se enfatiza la amenaza de violencia.
Una persona que sufre de “chantaje”, de acuerdo con estos criterios, podría razonablemente pensar en denunciar el caso como una “extorsión” (y viceversa). En Palín, Escuintla, donde Diálogos ha trabajado de cerca con la Municipalidad en un proyecto sobre prevención de violencia, la gente local a veces se refiere a los cobros por parte de prestamistas extranjeros y a los asaltos a tiendas por parte de jóvenes que buscan dinero de forma esporádica como “extorsiones”.
Esto sugiere que la palabra tiene múltiples significados que varían de lugar en lugar y que esta multiplicidad semántica puede tener algo que ver con la tendencia al alza de las denuncias registradas.
Figura 4. Victimarios acusados y víctimas de extorsión, cantidades y relación entre ambos, 2016-2020.
