El Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano y la organización Ágora publicaron un informe titulado “Uruguay: inseguridad y crimen organizado”, en el que analizan varios aspectos que componen los problemas de violencia y seguridad pública en nuestro país.
El informe señala que el problema de la seguridad pública no ha podido ser resuelto ni por el Frente Amplio ni por la actual coalición de gobierno y que en un contexto de elecciones “ambos bloques poseen experiencia de gobierno reciente en un contexto en que la crisis de seguridad ha venido consolidándose como un problema estructural de la sociedad uruguaya”. Además, sostiene que “la polarización política y la competencia electoral sobre esta problemática genera renta a corto plazo para todos los candidatos, pero termina rápidamente generando frustración y descontento una vez que se llega al gobierno si no se puede implementar una política de mediano plazo que trascienda los ciclos electorales”.
Desde esa perspectiva, el informe señala que aunque Uruguay en el contexto latinoamericano ha mantenido “niveles relativamente bajos de violencia”, enfrenta “desafíos significativos en términos de lavado de dinero” y una “creciente politización y competencia entre actores políticos por el control de las políticas de seguridad”.
El informe destaca que Uruguay tiene un sistema político “que aún es cooperante y tiene la capacidad de generar acuerdos de Estado y políticas sostenibles en el largo plazo”, un punto que considera fundamental para “hacer frente al crimen organizado”.
El documento fue elaborado con base en un intercambio realizado en marzo de este año en el que participaron representantes de la sociedad civil, la academia, periodistas, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Fiscalía General de la Nación y la cooperación internacional.
Entre las diferentes líneas de acción que surgieron de ese intercambio, el documento destaca un consenso sobre la necesidad de contar con un lenguaje común y un diagnóstico compartido sobre los problemas de seguridad y a su vez un sistema de indicadores legítimo y validado transversalmente. Por otra parte, señalaron la necesidad de fortalecer el diálogo con la academia y la educación especializada en seguridad, de manera de generar un diagnóstico compartido y tomar “decisiones informadas”.
Otro punto señalado por los participantes fue el rol del Estado como articulador en la implementación de políticas de seguridad, coordinando acciones entre diferentes instituciones y niveles de gobierno para garantizar una respuesta efectiva y coordinada ante el crimen organizado y la violencia, que a su vez genere una política integral en materia de seguridad, lo que implica contar con un enfoque dual que combine medidas de investigación y sanción penal efectivas y con debido proceso, de la mano de políticas sociales orientadas a prevenir la delincuencia y promover la inclusión social.
Como tercer punto de consenso entre los participantes está el rechazo al modelo salvadoreño: “En el marco del intercambio, se rechazó el modelo de seguridad representado por el enfoque implementado por el actual gobierno en El Salvador, que prioriza el encarcelamiento como única solución para abordar el problema del crimen organizado y la delincuencia, y es implementado por un sistema de justicia que carece de independencia”, señala el informe.
En esa línea, los participantes abogaron por “una estrategia integral de seguridad que incluya políticas punitivas que respeten garantías procesales y democráticas básicas y que, además, incluya medidas de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes”, algo sustantivo en el país con mayor cantidad de personas privadas de libertad per cápita de América del Sur, y uno de los diez países con mayor tasa de encarcelamiento en el mundo.
También señalaron la necesidad de tener una comunicación de la política pública de seguridad que logre “transmitir a la población que es posible abordar el problema de la inseguridad de manera efectiva y dentro del marco del Estado de derecho”. Una de las propuestas, desde el punto de vista del diseño institucional para abordar el problema, fue la creación de una institucionalidad colegiada, “basada en la tradición del cogobierno”, que tenga el objetivo de establecer “políticas públicas de seguridad que perduren en el tiempo, desligadas de la dinámica política y electoral”.
“Este tipo de iniciativa podría ser viable en un país como Uruguay, donde existen mayores posibilidades de coordinación interpartidaria, debido a la coexistencia política y la fortaleza de los partidos políticos”, señala el informe, que agrega que la representación diversa del órgano colegiado también permitiría “despolitizar los resultados”.
