La Agencia Tributaria ha notificado al abogado del rey emérito la apertura de una inspección fiscal para verificar las dos regularizaciones voluntarias que ha llevado a cabo don Juan Carlos desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió diligencias de investigación en junio de 2020.
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El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que aporta peritos a las diligencias abiertas por el Ministerio Público, da este paso para examinar si las aportaciones tributarias son correctas, es decir, veraces y completas. Por este motivo, ha pedido información al contribuyente relativa a la procedencia del dinero de estas entregas: casi 700.000 euros en la primera y unos 4,4 millones de euros en la segunda.
Desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria recuerdan que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya advirtió en marzo que con estas regularizaciones «no terminaba ningún proceso», sino que se actuaría para comprobar que este proceso era «completo y veraz». En suma, e de lo más habitual que éstas se revisen y se hagan requerimientos posteriores para comprobar su veracidad. Pero si para hacer esa comprobación no basta con un mero requerimiento de aclaraciones, se puede abrir una inspección al respecto.
La alusión del abogado del emérito, Javier Sánchez-Junco, de que las regularizaciones se realizaron sin requerimiento previo de Hacienda es importante para entender las consecuencias penales de aflorar casi cinco millones de euros. La defensa se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, lo que le permitiría al exjefe del Estado quedar exento de incurrir en delitos fiscales
Y es que, según el citado artículo, queda libre de responsabilidad «el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la administración la iniciación de actuaciones de comprobación».
Viajes y tarjetas
En concreto, don Juan Carlos realizó a finales de febrero un pago a Hacienda de 4,4 millones tras abonar, de forma previa, 678.393 euros en diciembre. Una liquidación que se llevó a cabo por los pagos para gastos personales (viajes, estancias hoteleras, etc.) abonados por la fundación Zagatka, propiedad de su pariente lejano Álvaro de Orleans.
En la primera regularización, en cambio, se incluyeron intereses y recargos por el uso de tarjetas de crédito por parte de varios familiares del emérito para gastos propios.
Este pago al fisco se refiere a los ingresos opacos que recibió entre 2016 y 2018, ejercicios en los que ya no era inviolable tras su abdicación en 2014. Dos personas están señaladas por estos hechos: el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el asesor de campo de don Juan Carlos, el coronel Nicolás Murga, que habrían actuado de pagador y de presunto testaferro en este caso, respectivamente.
El rey emérito tiene dos causas más abiertas en la Fiscalía del Supremo, donde se encuentra aforado: la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE a la Meca en 2014 (todavía inviolable) y la relativa a las supuestas sociedades abiertas en paraísos fiscales.
