Es bien sabido que el fenómeno por el cual las aguas de los ríos Orinoco y Caroní se intersectan pero sin mezclarse a lo largo de varios kilómetros, es observable aún desde gran altura. El cruce ocurre frente a Ciudad Guayana, capital industrial del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, y define, por efecto de las diferencias de temperatura, densidad y velocidad de ambos caudales, una autopista acuática bicolor con rumbo al océano Atlántico.
Antilavado de dienro / Armando.info.
Pero desde Nueva York también creyeron ver que otra mezcla difícil, la de dos grupos empresario-familiares, se originaba en Ciudad Guayana.
Fue en septiembre de 2014. Entonces, el JP Morgan Chase Bank, en Brooklyn, emitió un reporte para FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) en el que daba cuenta de transacciones presuntamente irregulares que llevaban a cabo empresas y personas ligadas al grupo financiero del venezolano Banco Caroní -con las familias Maza y Kabchi a la cabeza- y en las que había participado una compañía bursátil panameña en la que otra familia oriunda de Guayana, los De Grazia, tenía intereses.
El documento forma parte de los 2.100 Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) obtenidos por BuzzFeed News y organizados como una base de datos consultable por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC), que dieron lugar a la serie de los FinCEN Files, en la que participaron 107 medios de todo el mundo, entre ellos, Armando.info, que la publica desde el año pasado.
En el reporte, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase informaban sobre 533 transacciones financieras irregulares que habían monitoreado entre enero y agosto de 2014, por un total de poco más de 205 millones de dólares. De esas transacciones, 414 habían tenido como origen un pequeño banco de la isla caribeña de Barbados, el Continental Bank Corp, propiedad de los directivos venezolanos del Banco Caroní, y otras 119 habían sido destinadas al mismo banco.
El Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) relaciona las transacciones que llamaron la atención de los oficiales del JP Morgan Chase con destino u origen en el Continental Bank de Barbados.
Muchas de las operaciones desembocaban en transferencias de fondos a cuentas personales en Suiza y Estados Unidos de personas vinculadas al Banco Caroní, resaltaba el informe, que además recordaba que JP Morgan Chase había emitido con anterioridad al menos otros once SAR para FinCEN, donde mencionaba al Banco Caroní y subsidiarias en relación a “ventas de bonos (…) y actividad de transferencias por cable (…) que generaron sospechas de involucramiento en el procesamiento de ingresos provenientes de la corrupción oficial, comportamiento de servicios no registrados para el cambio de monedas, fraude financiero, y otras actividades no transparentes y de alto riesgo”.
Muchas de las operaciones desembocaban en transferencias de fondos a cuentas personales en Suiza y Estados Unidos de personas vinculadas al Banco Caroní, resaltaba el informe, que además recordaba que JP Morgan Chase había emitido con anterioridad al menos otros once SAR para FinCEN, donde mencionaba al Banco Caroní y subsidiarias en relación a “ventas de bonos (…) y actividad de transferencias por cable (…) que generaron sospechas de involucramiento en el procesamiento de ingresos provenientes de la corrupción oficial, comportamiento de servicios no registrados para el cambio de monedas, fraude financiero, y otras actividades no transparentes y de alto riesgo”.
En vista de todo ello, seguía el documento, en 2012 JP Morgan Chase había emprendido una “salida de toda la empresa” (a firmwide exit) de sus relaciones con el Banco Caroní. Pero, a pesar de esa medida profiláctica, todavía en 2014 continuaba involuntariamente al tanto de las actividades del banco venezolano, porque el Continental Bank de Barbados -vinculado al Caroní- venía usando a la sucursal del Royal Bank of Canada en esa isla como intermediario para sus operaciones internacionales y este, a su vez, tenía a JP Morgan Chase como banco corresponsal.
“El 4 de marzo de 2014”, dice el documento, “JP Morgan Chase emitió una solicitud verbal de ‘cese y desista’ al Royal Bank of Canada (Barbados), en lo que respecta a su facilitación de transacciones para el Continental Bank a través de JP Morgan Chase”.
El análisis de los ejecutivos de JP Morgan Chase Bank había permitido determinar que las transferencias originadas en el Continental Bank de Barbados o destinados al mismo, particularmente en el período entre enero y febrero de 2014, reflejaron “patrones consistentes con actividades del VPCS, actividad informal de transferencia de valores, y también incluyeron aspectos materiales no transparentes”, en alusión a su falta de datos descriptivos y soportes del propósito de las operaciones. En el informe, las iniciales VPCS corresponden al inglés Venezuelan Parallel Currency System, fórmula con la que se refiere al mercado negro de divisas.
En un largo párrafo explicativo, los funcionarios del JP Morgan Chase relataban la evolución del régimen de control de cambio de divisas, impuesto por Hugo Chávez, desde 2003 a la fecha. En 2014, resumían, “los sistemas Cencoex, SICAD 1 y SICAD 2 funcionan en paralelo”, pero, advertían, “como todos son restrictivos, la demanda por dólares en el mercado negro continúa, así como el VPCS”.
Así, los 205 de millones de dólares que corrieron durante el periodo enero-agosto de 2014 por el JP Morgan Chase, atribuibles a transferencias de o hacia el Continental Bank de Barbados, habrían correspondido a operaciones de ese tipo. Aunque las transacciones sujetas a escrutinio sumaban más de 500, solo 19 de ellas concentraban 30% -unos 62 millones de dólares- del monto total. Y de ese dinero, 56 millones de dólares correspondían a apenas dos transferencias hechas por una compañía en Panamá, Intersecurities International Inc, dos de cuyos accionistas y directores principales, Carmelo De Grazia Suárez y Daniel De Grazia Suárez, son parte de la familia que en Venezuela controla Bancamiga.
Ahorros familiares
Fundado en 1982, el Caroní es un banco pequeño de vocación regional. En el ranking bancario más reciente, de abril de 2021, ocupa la posición 20 entre las instituciones con mayores activos, y la 22 en términos de su cartera crediticia, entre los 30 bancos universales que la Superintendencia Nacional del Sector Bancario (Sudeban) vigila.
Sin embargo, la influencia gremial del Banco Caroní siempre ha excedido su volumen de negocios. El presidente desde 1986 del banco, Arístides Maza Tirado, ha presidido en tres períodos la Asociación Bancaria de Venezuela, y también dirigió algunas cámaras empresariales, como el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). Uno de sus hijos, Octavio, también fue director de Consecomercio.
En la actual junta directiva del banco figuran cuatro personas con su apellido: además del propio Arístides Maza, están Octavio Maza Duerto, Fredy Maza Tirado y Gonzalo Maza Anduze.
El otro apellido que se repite tanto como el de los Maza es Kabchi, una familia de origen cristiano libanés que asentó sus reales en Guayana: Edmundo Kabchi Murgus es el vicepresidente del banco, quien tiene por suplente a su hijo, Edmundo Kabchi Zakia. Gamal Kabchi, Georges Kabchi Zakia, Mounir Kabche El Douaihi y George Kabche Dzoubaun también aparecen entre la directiva del banco.
Amén de ser un apellido común en el Medio Oriente, la confusión entre Kabchi-Kabche es siempre probable por cuenta de la transcripción de la grafía árabe al alfabeto latino. No en balde, el propio SAR de JP Morgan Chase Bank parece dar por equivalentes o por alias los nombres de padre e hijo: “Edmundo Kabchi”, se lee en el reporte, “fue identificado como Edmundo Jreige Kabchi Murgus (‘Murgus’), localizado en Venezuela, y como Edmundo Jorge Kabchi Zakia (‘Zakia’)”. Otro ejemplo de esta dificultad en la traducción de nombres árabes se encuentra en una versión que corre por Internet y atañe a los Kabchi de Guayana: Sayari, un reputado servicio de inteligencia financiera con sede en Washington DC, publicó en marzo pasado un reporte en el que señala que los Edmundo Kabchi, padre e hijo, son socios en un par de empresas registradas en Líbano de los hermanos Khalil, Majed y Khaled, unos de los empresarios más favorecidos con contratos del Estado a lo largo del régimen chavista. Pero un vistazo a los expedientes del Registro Mercantil de Líbano muestra que entre los diez directores de la compañía Airport Mall Holding SAL se cuenta un tal Edmond George Qebshi, que al cierre de esta nota no había podido comprobarse si se trata del mismo banquero venezolano.
Kabchi Zakaria se ha hecho especialmente conocido por sus inversiones masivas en el extranjero para adquirir clubes de fútbol. En la actualidad es el dueño del Albacete Balompié S.A.D., de la tercera división española -hoy conocida como Primera División RFEF-, y del Club Atlético Boston River de la liga uruguaya.
Antes, durante la polémica gestión del jeque Abdullah Bin Nasser Al Thani al frente del Málaga C.F., Edmundo Kabchi sirvió de prestamista de último recurso para Al Thani, una ironía sorprendente, si se considera que el ex propietario del Málaga, ahora metido en líos judiciales, es miembro de la familia real de Qatar. La relación entre Kabchi y Al Thani coincidió con una época en la que el Málaga jugaba en primera división e incluyó en su plantilla a varios futbolistas venezolanos, como Salomón Rondón, Adalberto Peñaranda, Roberto Rosales o Juan Pablo Añor, algo nunca visto y que no se ha vuelto a repetir.
Además, Kabchi Zakia fue entre 2007 y 2016 presidente de una de las dos principales franquicias del fútbol profesional venezolano, el Deportivo Táchira. Aunque al final vendió el club a Jorge Silva, un operador comercial relacionado con Diosdado Cabello, el número dos del oficialismo, su aventura sirvió como pistoletazo de partida para que otros allegados emprendieran la conquista de más franquicias, de manera directa o a través de intermediarios, como las de los Bucaneros de La Guaira, Carabobo FC o Mineros de Guayana. En esa cruzada comercial y futbolística tuvieron participación otros clanes de parientes libaneses maronitas, los Chambra y los Antar, ligados a Traki, una cadena de tiendas en plena expansión desde su origen en Ciudad Guayana.
Otra filtración anterior coordinada por ICIJ, la de los llamados Paradise Papers, incluyó los documentos de registro en Barbados de una compañía, CBA Holding INC, que reúne a Kabchi Zakia con su padre, Edmundo Kabchi Murgus, y con Arístides Maza Tirado, Octavio Maza Duerto, Juliana Maza San Vicente y José Jorge Kabche El Douaihi. Para ese registro, Edmundo Kabchi Zakia dio como domicilio una dirección en la avenida Sami El Solh de Beirut, capital de Líbano.
El destino de tales transferencias y otras similares a cuentas personales desde el banco familiar en Barbados sugería que se trataba de las ganancias de las operaciones “no transparentes” reportadas por el SAR del JP Morgan Chase Bank.
Pero también destacan varias empresas del grupo Caroní como receptores de fondos del Continental Bank. Una de ellas es Global Risk Solutions, que si bien en el SAR aparece con una dirección en la urbanización Las Mercedes del sureste de Caracas, está controlada por un vehículo constituido en 1991 en la isla Gran Caimán, un reconocido paraíso fiscal. La compañía recibió del Continental Bank de Barbados 75.000 dólares durante el período que JP Morgan Chase monitoreó las transacciones del grupo.
Para este reportaje Armando.info envió comunicaciones a las direcciones de contacto disponibles de Edmundo Kabchi Zakia y Arístides Maza Duerto, para así obtener sus versiones, pero esas diligencias no pudieron localizarlos.
El bocado mayor
Como ya se dijo antes en este reportaje, el SAR de 2014 subrayaba que las dos mayores operaciones registradas durante la vigilancia, por un total de más de 56 millones de dólares, provinieron de una empresa que no pertenece al grupo Caroní, Intersecurities International Inc.
Intersecurities International Inc era una casa de valores incorporada en Panamá en 2008 y disuelta por voluntad de sus accionistas en 2018. Aunque tuvo por representante a un contador venezolano, Roland Asael González, en el directorio de la extinta compañía, conformado casi exclusivamente por venezolanos, resaltan los nombres de Carmelo De Grazia y Daniel De Grazia.
Carmelo De Grazia es presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, un banco que muestra las mayores tasas de crecimiento del sector en los últimos cuatro años, desde que en 2017 obtuvo la categoría de banco universal. Fundado en 2007, recientemente se jactaba en boletines de prensa de que alcanzó la novena posición del ranking bancario según sus activos, y la cuarta de acuerdo a sus captaciones en moneda extranjera.
De Grazia es un abogado de muy exitosa práctica, primero, en Guayana, de donde procede el negocio familiar: la restauración. El restaurante La Fontana, en Upata, al suroeste de Ciudad Guayana, fue la piedra fundacional que puso el patriarca, Palmerino De Grazia, quien todavía hoy aparece en los reclamos publicitarios del grupo alimentario, con frecuencia insertos en las pautas de transmisiones de fútbol.
Fue precisamente la expansión acelerada de las cadenas de restaurantes de la familia en el estado de Florida -con las marcas Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y La Fontana- lo que despertó una oleada de rumores sobre la supuesta relación de los De Grazia con el Estado chavista y de sus locales de restauración como una presunta lavadora de dinero. Carmelo De Grazia y uno de sus hermanos, Levin, quien encabeza ese sector del negocio familiar desde el Bocas Food Group LLC, introdujeron en 2019 una demanda en un tribunal del condado de Miami-Dade contra Gerardo Gils Dams, a quien señaló como operador del blog UltimaHora24, y la periodista Angie Pérez -seudónimo de Angélica Bianco-, quienes habían propalado acusaciones de ese tipo. La demanda también alcanzó a César González, un ex socio y gerente del primer establecimiento del restaurante Bocas en la ciudad de Coral Gables, a quien atribuye la instigación de la campaña de desprestigio. La última diligencia archivada en línea por la juez que lleva el caso, Gina Beovides, con fecha de enero de este año, desecha una petición de los acusados para descartar la causa por la presunta inacción de los demandantes y ordena, en cambio, mantener abierto el proceso.
En cualquier caso, mucho antes de esta demanda judicial y de que los De Grazia siquiera inauguraran su primer local de comida en Miami, el JP Morgan Chase Bank hacía notar en su SAR de 2014 para el Departamento del Tesoro que “Intersecurities International Inc solo pudo ser identificada como una compañía localizada en Panamá”, pero con un detalle llamativo: la dirección bancaria disponible de la empresa correspondía a la sucursal en la isla de Madeira del, a la postre, intervenido Banco Espirito Santo (BES).
El director de la oficina de Madeira, Joao Alexandre Silva, había sido encargado en 2009 por Ricardo Salgado, presidente del BES, como responsable de los negocios del banco con la Venezuela chavista, lo que incluyó el pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para que estos depositaran fondos públicos, por más de 3.000 millones de dólares, en las arcas del alicaído banco. Tras el colapso e intervención del BES en agosto de 2014, Silva pasó a ser investigado y, finalmente, imputado en 2020 en una de las dos causas penales que la fiscalía portuguesa lleva adelante por el escándalo.
En dos folios del expediente se recogen declaraciones depuestas en 2016 ante el ministerio público, en las que Joao Alexandre Da Silva relata que en la primavera de 2014 organizó una reunión en Venezuela “con Intersecurities, una firma de corretaje, en la que había hecho una presentación del Rio Forte Group”, subsidiaria esta del Espirito Santo que emitía obligaciones para fondear a su atribulado holding, y que Intersecurities había tomado en mayo una emisión por 25 millones de dólares -apenas tres meses antes del derrumbe del Espirito Santo- que “como consecuencia de la insolvencia de Rio Forte, no fue reembolsada, generando una pérdida por el mismo monto a la compañía [Interesecurities]”.
Armando.info envió una comunicación a una dirección de correo electrónico personal de Carmelo De Grazia para obtener su versión sobre estos episodios, sin respuesta.
Sin embargo, Pedro Mezquita, un reputado abogado venezolano, socio en bufetes con De Grazia y en alguna producción cinematográfica, así como también director de la extinta Intersecurities, accedió a responder al cuestionario que Armando.info le hizo llegar al respecto.
De acuerdo a Mezquita, los pagos por 56 millones de dólares girados por Intersecurities al Continental Bank de Barbados correspondieron a “la liquidación o venta de una posición de títulos de un cliente de Intersecurities”. Mezquita, quien reivindica una carrera de 37 años dedicada al mercado de capitales, asegura que “no conozco sino de nombre a los señores Edmundo Kabchi o Arístides Maza (…) Esa operación (…) fue objeto de una amplia revisión del Comité de Cumplimiento y de la auditoría de Intersecurities International Inc, donde se comprobó, al igual que habrá comprobado el FinCEN en Estados Unidos, que la actuación de Intersecurities International Inc estuvo completamente apegada a la normativa”.
Mezquita confirma que Intersecurities compró los papeles de Rio Forte en 2014 por 25 millones de dólares, una “pésima inversión, que bastante angustia le costó a los clientes”. Espirito Santo habría hecho una gestión de colocación “bastante fuerte”, como la califica Mezquita, para que “se le otorgara reciprocidad a fin de mantener los servicios de cuenta corresponsalía de Intersecurities International Inc”.
El rizo de esta situación encontraría un aparente cierre en 2017. En mayo de ese año, a través de un boletín de prensa, Novo Banco de Portugal anunciaba la venta a Bancamiga de toda su operación en Venezuela. El Novo Banco era la entidad bancaria creada por el Estado portugués con los restos “sanos” del negocio del Banco Espirito Santo tras la quiebra e intervención de este. El Espirito Santo había abierto una agencia en Caracas en 2010, y esos y otros activos pasaron al control del Novo Banco, que en agosto de 2017 fue adquirido por un fondo de inversión de Estados Unidos.
La información oficial no develó el precio de la compra por parte de Bancamiga de los activos y pasivos de Novo Banco en Venezuela, una operación que se completó en febrero de 2018. Sin embargo, en un Informe de Auditoría emitido sobre los Estados Financieros del entonces Novo Banco-Sucursal Venezuela S.A., se estableció que las partes habían acordado valorar la transacción en un monto de poco más de 11.700 millones de bolívares, nonimalmente equivalente a 3,5 millones de dólares, la moneda de cuenta de la operación, pero pagadera en bolívares “utilizando el tipo del Sistema de Cambio Complementario (DICOM)”. Tal vez una bagatela.
“Intersecurities International Inc y sus clientes afectados por el incumplimiento de Rio Forte efectivamente demandaron a Banco Espirito Santo y Novo Banco por ‘Nulidad de Venta de Activos Financieros’; ese juicio terminó en un arreglo entre Novo Banco y los demandantes”, explica Pedro Mezquita. “Las autoridades financieras portuguesas y Novo Banco expresamente indicaron que la mencionada Operación de Venta de Activos y Pasivos de Novo Banco [a Bancamiga en Venezuela] no se estaba realizando como un modo indirecto de pagar la deuda demandada [de 25 millones de dólares]. Pero algunos, quizás en un exceso de imaginación, entenderían otra realidad”.
