Un juez italiano ha ordenado el arresto de Gianluigi Torzi, corredor bursátil involucrado en la compra por el Vaticano de un edificio en un lujoso barrio de Londres por el que la Justicia vaticana le imputa millones de euros en ganancias ilícitas.
Antilavadodedinero / actualidadrt
La Policía financiera ha señalado en una declaración citada por Reuters que está buscando a Torzi y a tres cómplices sospechosos de falsificar documentos fiscales. Sobre Torzi también pesa el cargo de lavado de fondos.
Un portavoz policial ha comentado que actualmente es imposible ejecutar la orden, emitida por solicitud de asistencia de la Justicia vaticana, al encontrarse Torzi en Londres.
De un documento separado se desprende que Torzi habría pasado facturas al Vaticano por un total de 15 millones de euros por un trabajo que nunca había sido realizado, según el magistrado de Roma, Corrado Cappiello, informa la agencia.
Torzi fue contratado por el Vaticano en 2018 para negociar la compra del edificio en el número 60 de Sloane Avenue en Chelsea.
En junio de 2020 Torzi fue detenido, pasó 10 días en la cárcel y fue liberado bajo fianza tras ser acusado de extorsión, malversación, fraude agravado y lavado de dinero, por lo que podría enfrentarse a hasta 12 años entre rejas. En 2019 el turbio negocio también se tradujo en cargos para cinco personas en el Vaticano que, junto con Torzi y otros implicados, son investigados por la Justicia vaticana.
La Fiscalía del Estado sostiene que Torzi formó parte de una conspiración para defraudar a la Secretaría de Estado, el brazo diplomático y administrativo de la Santa Sede, y extorsionarle millones de euros, en parte mediante comisiones exorbitantes.
La investigación del escándalo sobre la inversión de fondos del Vaticano en esta propiedad lujosa en la capital británica conllevó la renuncia en septiembre de 2020 del cardenal Giovanni Angelo Becciu como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
A finales del año pasado, el papa Francisco emitió un decreto que endurecía los controles sobre las finanzas del Vaticano y ordenaba a la Secretaría de Estado transferir todas sus propiedades financieras y activos inmobiliarios a otra oficina, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
