La profunda crisis institucional que vive la Fiscalía peruana, comandada por el cuestionado y cada vez más aislado fiscal general Pedro Chávarry, prosigue marcada por continuas intrigas, ataques y polémicas que agravan el conflicto.
La última revelación en esta trama legal y política es la denuncia hecha hoy por el fiscal José Domingo Pérez, subordinado y principal enemigo de Chávarry, de la manipulación de una oficina sellada por orden judicial donde tenía su despacho Juan Duarte, asesor del polémico Fiscal de la Nación.
Ese despacho fue allanado el pasado viernes por orden del juez que sigue el caso de lavado de activos contra Keiko Fujimori en busca de pruebas sobre el supuesto intento de Chávarry de proteger a la líder de Fuerza Popular (FP), ahora en prisión preventiva.
Esta intriga policial es una mancha más en la turbia situación del Ministerio Público y que se resume en último término en la figura de Chávarry y las dificultades legales y políticas para destituirlo.
Los cuestionamientos a Chávarry son de grueso calibre: el Fiscal de la Nación, que solo puede ser destituido por el Congreso, estaría buscando con sus actos proteger a políticos investigados por el caso Odebrecht en Perú, particularmente a Fujimori y el expresidente Alan García.
Así se explicarían las críticas y el acoso a los fiscales Pérez y Rafael Vela, responsables de las investigaciones y que son sus directos subordinados.
El intento fallido de destituir a ambos el pasado 31 de diciembre tras casi medio año de conflicto en el seno del Ministerio Público, sería el paso definitivo que confirma esa tesis.
Odebrecht y los fiscales del caso Lava Jato anunciaron un acuerdo de confesión completa a cambio de cierta inmunidad y un trato menos lesivo para la reparación civil, acuerdo que iba a firmar el próximo 11 de enero y cuyas revelaciones iban a ser «explosivas».
Desde que se supo del acuerdo, Chávarry exigió conocer su contenido -algo ilegal- y cargó contra el mismo junto con los portavoces del fujimorismo y el Apra de Alan García, investigado por haber recibido dinero de Odebrecht e impedido para salir del país a pedido del fiscal Pérez.
Sin los fiscales Vela y Pérez al cargo, el pacto quedaría en nada y esas confesiones nunca llegarían a Perú o lo harán tarde y mal.
Las reacciones a la destitución, sin embargo, parecieron haber desbordado lo previsto y Chávarry se vio obligado a su restitución entre otras cosas porque no encontró fiscales dispuestos a sustituirlos.
El Gobierno de Martín Vizcarra lanzó inmediatamente un pedido al Congreso para intervenir el Ministerio Público y destituirlo, y esta vez el Apra y FP, presionados por la movilización ciudadana, tituberaron en su apoyo al fiscal general e incluso pidieron por vez primera su dimisión.
Voces críticas apuntan en Perú a que la marcha atrás de Chávarry y el cambio de discurso de Keiko Fujimori, quien desde prisión pidió apoyar a Vizcarra, tienen que ver también con la posible comisión de un delito de obstaculización de la justicia que vendría dado por el intento de anular el acuerdo de confesión.
El principal motivo por el que Keiko está en prisión preventiva es porque la Justicia considera que intentó manipular a testigos en su caso de lavado de activos.
Si finalmente se comprobara que FP protegió a Chávarry mientras este tomaba medidas que podrían favorecer a su jefa, ésta vería complicarse, y mucho, su situación legal.
Hasta la fecha, Chávarry se mantiene en el cargo por el apoyo que FP y el Apra le dan en el Congreso, donde juntos mantienen una justa mayoría.
Ese apoyo se da pese a que desde que asumió el cargo en julio de 2018 se conoce que el Fiscal de la Nación estaba vinculado al ex juez supremo César Hinostroza, líder de una banda de corrupción en el seno de la judicatura peruana denominada «Los Cuellos Blancos del Puerto».
Hinostroza habría mantenido reuniones con representantes de FP e incluso con la misma Keiko Fujimori cuando tenía que resolver como juez superior sobre la jurisdicción legal del caso por el que finalmente la líder opositora entró en prisión.
Chávarry mintió sobre esa relación con Hinostroza, sin consecuencia alguna sobre su posición.
Por el contrario, se defendió de las críticas y los pedidos de dimisión o destitución aduciendo que él está defendiendo la «institucionalidad» frente a un Gobierno que intenta copar el Ministerio Público para frenar investigaciones en su contra.
Esa tesis también la defienden los portavoces del Apra y de FP, quienes apuntan a un «interés político» como responsable tanto las acciones legales contra sus líderes como de las críticas al Fiscal de la Nación.
A día de hoy, Chávarry se niega a dimitir incluso pese a que la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano colegiado que dirige el Ministerio Público, le instó a hacerlo la semana pasada para proteger la institución.
ALD/Telemetro
