Un tribunal federal puso contra las cuerdas a la Fiscalía General de la República (FGR) al declarar ilegal en forma definitiva toda la información financiera que recabó para acusar penalmente a Javier Nava Soria, contador implicado en el caso de Javier Duarte.
Enrique Escobar Ángeles, magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal, sentenció que los informes bancarios, parte medular de la acusación, no podrán ser usados en el juicio contra Nava por los delitos de lavado y asociación delictuosa.
El 9 de noviembre pasado, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia invalidó 10 estados de cuenta, el testimonio de 10 funcionarios bancarios y un dictamen de contabilidad de la FGR, bajo el argumento de que fueron obtenidos sin la autorización de un juez.
La decisión tiene como base una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia derivada de un fallo del 22 de noviembre de 2017.
El fallo de Fuerte Tapia fue impugnado y el magistrado Escobar decidió confirmarlo porque estimó que son inoperantes los 16 argumentos o agravios que presentó la FGR.
De acuerdo con el fallo de la apelación 357/2018, la FGR planteó que las pruebas no podían ser declaradas ilícitas porque se obtuvieron en una investigación donde no se indagaba en específico a Nava Soria, sino movimientos irregulares de empresas “fachada” detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Adujo que las personas morales no pueden gozar de los derechos privativos de las personas físicas.
Israel Trujillo, abogado de Nava Soria, señaló en entrevista que a raíz de este fallo está valorando seriamente desistirse de un amparo contra la vinculación a proceso e irse a juicio, dada la ventaja que implica ser acusado sin pruebas bancarias.
“Estaba platicando con Javier la posibilidad de entrar a juicio, ya no esperar este amparo, pero lo vamos a meditar dependiendo de cómo estemos preparando la audiencia de juicio”, apuntó.
El litigante consideró que es probable que este fallo en favor de su cliente favorezca en un futuro a los demás implicados en el caso de Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, debido a que ya quedó asentado un criterio en dos instancias en relación al control judicial que requiere la información financiera.
Nava Soria era apoderado legal de Consorcio Brades, una empresa facturera que compró en 223 millones 800 mil 963 pesos unos predios en Campeche, cuyo valor catastral era 18 mil veces menor al pagado.
Quien vendió el inmueble es Moisés Mansur Cysneiros, prófugo de la justicia y señalado como el principal prestanombres de Duarte.
El ex gobernador está a la espera de que se resuelva un amparo con el que busca que sea admitida su apelación contra la condena de 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.
ALD/Noticaribe
