Una investigación dada a conocer por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presenta denuncias de una supuesta trama de corrupción en el gobierno de Puerto Rico.
Según reporta el CPI, luego de realizar numerosas entrevistas y conseguir el testimonio de varias fuentes han llegado a la conclusión que en Puerto Rico existe un esquema de corrupción que funcionaría con la utilización de personal ligado al Gobierno de Puerto Rico que son asignados a lugares clave para lograr, principalmente, adjudicar contratos de manera irregular.
La investigación sale a relucir solo días después de que el mismo Centro de Periodismo de Investigación diera a conocer un documento de 889 páginas con las conversaciones del gobernador Ricardo Rosselló con sus asesores, lo que ha desatado protestas en San Juan.
La supuesta trama de corrupción que ha dado a conocer el CPI tiene como principales presuntos responsables al expresidente del comité de transición y exdirector de campaña Elías Sánchez Sifonte, al publicista Edwin Miranda Reyes y al estratega de Prensa y Comunicaciones, Carlos Bermúdez Urbina.
Todas estas personas son cercanas al gobernador Rosselló y también participaron en el intercambio de mensajes de texto, que ha sido el detonante para las manifestaciones en Puerto Rico.
Según la investigación, Sánchez, Bermúdez y Miranda han logrado obtener gran poder en el gobierno de Puerto Rico.
Para la reconstrucción de la isla después del paso del huracán María, según denuncia el CPI, muchos de los contratos fueron otorgados bajo presión incumpliendo con los procesos regulares.
De momento el único que ha emitido declaraciones públicas ha sido Elías Sánchez, quien en un comunicado cataloga el artículo del CPI como difamatorio. Sánchez asegura que siempre ha cumplido con la ley y que, “de ninguna manera” controla “proceso de contratación alguna en el Gobierno de Puerto Rico”, como tampoco ha contado “con información confidencial de ningún tipo para beneficio de clientes”.
Según el CPI, uno de estos hechos irregulares fue denunciado por Fernando Gil Ensañat, secretario del departamento de Vivienda.
Gil Enseñat le habría confirmado al CPI que en el 2017 mantuvo una reunión con Elías Sánchez. En dicha reunión, según dijo Ensañat al CPI, Sánchez le reclamó ya que a la empresa por la que él hacía cabildeo, es decir su cliente, no le fue adjudicado el contrato para el programa Tu Hogar Renace de la oficina de Vivienda.
Según su comunicado, Sánchez dice que nunca participó ni intervino en ningún modo en esa licitación. Confirma que acudió a esa reunión pautada con Gil Ensañat en calidad de abogado para notificar que habría una impugnación oficial del proceso.
“La compañía Carolina Catering Services obtuvo un contrato de 300 millones de dólares para manejar las comisarías, lavanderías y comida en las cárceles. El contrato fue adjudicado a esta compañía a pesar de que pujó por un costo mayor al de otro competidor”, dice el informe del CPI, en el que se añade que las fuentes consultadas dijeron que “la persona responsable de intervenir en la subasta y lograr que Carolina Catering consiguiera el contrato fue Sánchez”
El CPI añade que Carolina Catering y el jefe del Departamento de Cárceles negaron las acusaciones. También en el comunicado de Elías Sánchez se asegura que “no tiene y nunca ha tenido relación alguna con dicha entidad ni conocimiento alguno en cuanto a este tema”.
En total, el CPI hace referencia a más de seis casos específicos de presunta corrupción, pero agregan que las presiones por parte de estos asesores iba más allá de contrataciones.
La organización periodística dice que asuntos como el aumento del salario mínimo para la industria de la construcción, otorgamiento de beneficios económicos como créditos tributarios a empresas amigas también son coordinador por los señalados.
CNN
