Mientras el narco uruguayo Sebastián Marset continúa prófugo, la fiscalía intenta avanzar en la investigación del entramado de protección en las más altas esferas de las fuerzas policiales y la política del Paraguay que le ha permitido escapar y moverse con libertad en los selváticos terrenos de ese país, Brasil y Bolivia durante los últimos meses.
Fuentes de la justicia paraguaya contaron a Infobae que han puesto la lupa en lo más alto de la jerarquía de la oficina local de Interpol y en sus vínculos con un alto funcionario del gobierno de Santiago Peña.
Esta ramificación del caso Marset estalló cuando se detectó que el 26 de septiembre pasado, desde la oficina de Interpol Paraguay, se levantaron las alertas rojas que pedían la captura internacional de dos de las personas más cercanas a Marset: su esposa, Gianina García Troche, y el administrador de sus negocios en Paraguay, José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo.
La noticia recién se descubrió la semana pasada, cuando el propio Marset se ufanó de que tras el levantamiento de la orden de captura de su esposa podría negociar su propia entrega en Uruguay por delitos menores en una insólita entrevista periodística que concedió a la TV uruguaya luego de trasladar al equipo periodístico hasta una locación no revelada.
De inmediato, las fiscales Irma Llano y Ruth Benítez se hicieron cargo de la investigación para detectar qué funcionarios de la Oficina Interpol de la Policía Nacional habían intervenido en el levantamiento de las circulares rojas de dos de las personas más buscadas del clan Marset, acusado por la Justicia paraguaya de traficar más de 40 toneladas de cocaína a Europa.
Incautaron los celulares de 17 superusuarios del sistema operativo de Interpol que tenían la autorización para solicitar las altas y bajas de las circulares rojas pero no pudieron hallar rastros significativos. Es que el servidor donde se encuentra toda la información de las circulares rojas se encuentra en Singapur y es administrado desde la sede central de Interpol en Lyon, Francia.
Las fiscales paraguayas pidieron entonces la asistencia a Lyon, Francia, pero desde allí respondieron que sólo brindarían información a su oficina local. Para las funcionarias resulta un absurdo: la oficina local es justamente la principal sospechosa. Por eso, han insistido en un nuevo escrito enviado a Lyon urgiendo una respuesta a su pedido de precisiones sobre quiénes intervinieron en el levantamiento de las órdenes de captura.
Antes de viajar a Europa, el presidente Santiago Peña dijo que había dado órdenes al jefe de la Policía Nacional de investigar lo sucedido y expulsar de inmediato a todos los involucrados. Pero hasta ahora el único removido de su cargo fue al jefe de gabinete de la oficina de Interpol, Rodolfo Oliver Fernández Almada, un funcionario que había comenzado a colaborar con la investigación judicial y que no parecía haber intervenido en el escándalo.
Por el contrario, las altas fuentes judiciales consultadas por Infobae apuntan directamente al jefe de la oficina de Interpol Paraguay, comisario principal Juan Alejandrino Pereira Aguilar, quien se encuentra en este momento en Austria participando de la Asamblea General de Interpol. El comisario cuenta con un respaldo sustantivo en el gabinete de Peña: su hermano, Óscar Pereira Aguilar, es el viceministro de Seguridad Interna.
Marset fue arrestado en 2021 en Dubai, de donde logró escabullirse gracias a un pasaporte uruguayo que consiguió en tiempo récord, un trámite que actualmente investiga la justicia de ese país y que provocó un terremoto político y renuncias en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Reapareció este año en Bolivia, donde llevaba una vida de lujo y jugaba al fútbol en una liga regional utilizando un seudónimo.
Cuando se lo descubrió, volvió a escapar y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Las fuerzas se seguridad de Bolivia y Paraguay dicen estar poniendo todos sus recursos para atraparlo. Pero Marset se muestra relajado mientras concede entrevistas.
