El gobernador del estado brasileño de Amazonas, Wilson Lima, fue objeto este martes de una operación anticorrupción por desvíos y fraudes en la compra de respiradores, que adjudicó a una importadora de vinos, según las autoridades.
AntilavadoDeDinero / EFE
La Policía Federal cumple ocho órdenes de prisión temporal y realiza registros en 14 direcciones de personas vinculadas a Lima, al que también le bloquearon bienes por orden judicial.
El operativo busca desarticular una supuesta «organización criminal instalada en el Gobierno de Amazonas» que «desvía recursos públicos destinados a atender las necesidades de la pandemia del COVID-19» y cuenta con la «participación directa del gobernador».
El estado de Amazonas, con cuatro millones de habitantes y fronterizo con Colombia, Venezuela y Perú, fue uno de los focos más preocupantes de contagio en Brasil y hasta este lunes contabilizaba 2.792 muertes y 69.893 casos confirmados de la enfermedad.
La capital regional, Manaos, llegó a vivir el colapso de sus sistemas sanitario y funerario, aunque en las últimas semanas ha presentado un descenso en su curva epidemiológica.
En situaciones de «calamidad pública» declarada, los gobiernos brasileños tienen la posibilidad de eliminar las licitaciones y adjudicar directamente las compras.
En este contexto, el Ministerio Público Federal identificó en Amazonas «compras sobrefacturadas de respiradores, orientación en la contratación de empresas, blanqueo de capitales» y «montajes» en los procesos para «encubrir los crímenes practicados».
De acuerdo con las autoridades, solo en uno de los contratos investigados hubo una sobrefacturación de al menos 496.000 reales (unos 90.850 dólares).
También sostienen que el Gobierno de Amazonas compró, sin licitación, 28 respiradores a una importadora de vinos, en una maniobra conocida como «triangulación».
La empresa vinícola compraba los respiradores a una compañía de equipamientos sanitarios y los revendía al Gobierno de Wilson Lima por un precio superior, según la investigación.
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«Registros encontrados por los investigadores comprueban la relación entre agentes públicos y empresarios envueltos en el fraude», afirmó la Fiscalía brasileña.
Desde la irrupción del coronavirus en el país, otros estados, como Pará (norte) y Río de Janeiro (sudeste), también han sido escenario de operativos similares contra sus gobiernos por desvíos de recursos públicos destinados a la emergencia sanitaria.
En el caso de Río, la Asamblea Legislativa de ese estado ha abierto un juicio político con fines de destitución contra el gobernador Wilson Witzel, por las supuestas irregularidades durante la gestión de la crisis.
Brasil es el epicentro latinoamericano de la pandemia y el segundo país más afectado con 1,36 millones de contagios y 58.314 muertes, según el último balance del Ministerio de Salud.
